Por ley, en Corea del Sur un sospechoso sobre el que no pese una acusación formal puede permanecer bajo arresto un máximo de 10 días
Investigan al presidente Yoon por obstruir la orden de detención en su contra
La Policía surcoreana indaga si utilizó al Servicio de Seguridad Presidencial para bloquear su detención tras la declaración de la ley marcial
La Policía de Corea del Sur ha iniciado una investigación formal contra el presidente Yoon Suk-yeol por presuntamente haber interferido en la ejecución de una orden de detención en su contra. Esta medida fue finalmente aplicada a mediados del mes pasado tras un primer intento fallido. La pesquisa se centra en la sospecha de que Yoon utilizó al Servicio de Seguridad Presidencial (PSS) para evitar su arresto, lo que podría constituir un delito de obstrucción de la función pública.
A pesar de haber sido inhabilitado por el Parlamento surcoreano en diciembre pasado tras declarar la ley marcial de forma repentina, según las investigaciones, habría ordenado al jefe del PSS, Kim Seong-hoon, que impidiera el acceso de las fuerzas policiales a la residencia presidencial el 3 de enero, cuando se intentó por primera vez ejecutar la orden de arresto, y nuevamente el 15 de enero durante un segundo intento.
El primer operativo fue frustrado después de un tenso enfrentamiento entre agentes de la fiscalía y oficiales del PSS que bloquearon el ingreso a la residencia. En el segundo intento, las autoridades desplegaron un contingente de mil policías y, aunque lograron ingresar, tuvieron que enfrentar barreras humanas formadas por miembros del PSS, políticos del partido de Yoon y cientos de simpatizantes congregados en los alrededores.
Actualmente, Yoon Suk-yeol permanece detenido en un centro de reclusión en Seúl desde el 15 de enero. Está siendo procesado por insurrección, el único delito por el cual un presidente en ejercicio en Corea del Sur puede ser juzgado y que podría conllevar una condena de cadena perpetua. Al mismo tiempo, enfrenta un juicio político en el Tribunal Constitucional, que deberá determinar si su destitución decretada por el Parlamento se convierte en definitiva.
Yoon está siendo investigado junto a otros militares y miembros de su Gobierno de conspirar para llevar a cabo una insurrección
Si el Tribunal Constitucional confirma su destitución, Yoon perdería su inmunidad presidencial, quedando expuesto a una posible acusación por obstrucción de la función pública, un delito castigado con hasta cinco años de prisión según el Código Penal surcoreano.
Por su parte, el presidente y su equipo legal han defendido públicamente que las órdenes de arresto en su contra carecen de legalidad. Además, han argumentado ante el Tribunal Constitucional que la declaración de la ley marcial fue realizada conforme al marco legal vigente en Corea del Sur.
El desenlace de este proceso legal podría tener profundas implicaciones para el panorama político surcoreano, ya que no solo se trata de juzgar a un presidente en ejercicio, sino de establecer precedentes sobre la responsabilidad y las limitaciones del poder ejecutivo en el país.
