¿Quién no quiere el petróleo de Venezuela?

El petróleo venezolano ha sido, desde que brotó con fuerza del subsuelo, un imán irresistible. Como un mechurrio encendido en medio del Caribe, ha atraído miradas, intereses y ambiciones de todas partes del mundo. ¿Quién no quiere el petróleo? La pregunta es casi retórica. La verdadera diferencia no está en quién lo desea, sino cómo se relaciona con él: con reglas, pagos y respeto, o con saqueo y opacidad.

No hablo desde la distancia ni desde la abstracción de los libros. Hablo también desde la memoria viva. Recuerdo con claridad el impacto que desató en Venezuela la instalación de los balancines que, como enormes aves metálicas, extraían el crudo del corazón de la tierra. Lo viví en mi estado natal, el llanero «Guárico lindo y querido», donde la llegada de la industria petrolera transformó paisajes, rutinas y horizontes.

En zonas como Roblecito, en Las Mercedes del Llano, aún se observan los rastros que dejaron las empresas transnacionales: caminos abiertos, infraestructura levantada, huellas visibles de una actividad intensa que, con todo y sus costos, se desarrollaba bajo normas claras, contratos definidos y obligaciones fiscales cumplidas. Allí el petróleo no fue un botín clandestino, sino una actividad regulada, observable y sujeta a la ley.

Mucho antes de la era chavista, empresas de los Estados Unidos, Holanda, Inglaterra y otras naciones tocaron la puerta de Venezuela. Obtuvieron concesiones, invirtieron capital, asumieron riesgos y, sobre todo, pagaron regalías e impuestos. Hubo contratos, leyes y una institucionalidad que, con aciertos y errores, funcionaba. El petróleo no se regalaba: se negociaba bajo normas claras.

Esa fue también la línea que defendió con firmeza Rómulo Betancourt cuando Fidel Castro puso sus ojos —y su ambición— sobre el crudo venezolano. Castro no buscaba acuerdos comerciales ni esquemas de beneficio mutuo: lo quería gratis, bajo una lógica mesiánica de «solidaridad revolucionaria» que escondía un proyecto de dominación. Betancourt, con visión de Estado, no cedió. Defendió la soberanía no con consignas, sino con decisiones responsables.

Durante décadas, desde Eleazar López Contreras hasta Ramón José Velásquez, pasando por el proceso de nacionalización llevado adelante en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela mostró que podía administrar su riqueza petrolera con seriedad. La nacionalización fue clara, legal y concertada. Las empresas internacionales entendieron y respetaron el proceso. El país ganó control sin perder credibilidad.

En ese tiempo, la empresa estatal PDVSA fue dirigida por técnicos y profesionales formados en la materia. El ministro del ramo y los presidentes de la industria no eran señalados por mafias, ni por vender petróleo a escondidas, ni por negociar en mercados negros. Había controles, balances y una ética pública que hoy añoramos.

Todo eso se quebró cuando Hugo Chávez llegó al poder y, luego, cuando Nicolás Maduro profundizó el desastre. Fue entonces cuando el sueño no cumplido de los Castro se materializó: el petróleo venezolano comenzó a fluir hacia Cuba, más de 700 millones de barriles (equivalentes, en cifras reales, a 47 mil millones de dólares), sin pagar absolutamente nada, mientras el país se empobrecía y la industria se desmoronaba. El oro negro se volvió botín; la soberanía, un discurso vacío.

Conviene decirlo con claridad: los recursos naturales de Venezuela seguirán siendo atractivos para inversionistas privados de cualquier país del mundo. Estados Unidos, en particular, fue durante nuestros años de democracia un socio estable, y Venezuela un proveedor confiable de energía. Esa relación no fue de sumisión, sino de conveniencia mutua y respeto a las reglas.

Venezuela necesita socios, tecnología y capital para explotar y comercializar sus hidrocarburos. Eso es un hecho. Pero una cosa es asociarse y otra muy distinta es dejarse robar. Lo que hoy ocurre —con negociados oscuros, dividendos ocultos y corrupción sistemática— no es soberanía: es expolio.

Por eso cobra sentido la tesis del Plan Tierra de Gracia, impulsado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia: precios justos, ganancias compartidas, reglas claras, seguridad jurídica, respeto pleno a la propiedad privada y un Estado que deje de ser cómplice del saqueo para convertirse en garante del interés nacional.

El futuro inmediato exige poner punto final al relajo, al desorden, a los robos y a la opacidad. Exige cerrar la era de los corruptos que desgobiernan al país y abrir una nueva etapa, en la que Venezuela vuelva a ser confiable, productiva y respetada. Solo así podremos convertirnos, nuevamente, en el hub energético de las Américas.

Porque, sí: todos quieren el petróleo. Pero Venezuela quiere —y merece— algo más grande: justicia, prosperidad y dignidad.