El Gobierno de Trump solicita al Supremo el levantamiento del bloqueo a las expulsiones de migrantes venezolanos

El Gobierno de Donald Trump ha elevado un recurso a la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de anular la suspensión provisional que impide la deportación de migrantes venezolanos hacia El Salvador. Esta solicitud, firmada por el procurador general John Sauer, reclama que se restablezcan de forma inmediata los vuelos de expulsión, así como que se autorice a los tribunales inferiores a continuar con el tratamiento del caso.

La intervención del Supremo responde a una solicitud de emergencia presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que denunció la inminente deportación de un grupo de venezolanos desde un centro de detención en Texas. La organización argumentó que estas expulsiones incumplían resoluciones judiciales previas al no conceder a los afectados un plazo adecuado para defenderse ante la justicia migratoria.

Uno de los puntos más controvertidos del caso es el fundamento legal invocado por el Ejecutivo. La Casa Blanca ha apelado a la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1789 y diseñada originalmente para situaciones de guerra, como sustento jurídico para las deportaciones. Según el gobierno, los migrantes en cuestión formarían parte del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional catalogada como «terrorista».

El uso de esta normativa histórica ha generado duras reacciones entre sectores del Partido Demócrata y diversos constitucionalistas, quienes advierten sobre los riesgos de reinterpretar leyes concebidas para tiempos bélicos con el fin de gestionar la política migratoria actual. Algunos expertos incluso hablan de una posible crisis constitucional si se confirma este patrón de actuación.

El recurso presentado por el gobierno sostiene que la demanda de ACLU fue «extremadamente anticipada» y que no respetó los canales judiciales ordinarios, al dirigirse directamente a la Corte Suprema. Además, asegura que los migrantes fueron notificados con antelación sobre su traslado y que en ningún momento se han llevado a cabo expulsiones basadas exclusivamente en la Ley de Enemigos Extranjeros.

No obstante, la propia administración confirmó que los internos del centro de detención Bluebonnet, en Texas, recibieron documentos que informaban su deportación bajo dicha ley. La ACLU denunció, además, que la notificación estaba redactada únicamente en inglés, a pesar de que muchos de los migrantes solo hablan español, lo que agrava la falta de garantías procesales.

Este procedimiento se enmarca dentro de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y El Salvador, mediante el cual el gobierno de Nayib Bukele acepta recibir a migrantes detenidos en suelo estadounidense. Los deportados son trasladados al CECOT, un centro penitenciario de alta seguridad conocido por las múltiples denuncias de abusos a los derechos humanos. Como parte de este convenio, Washington se ha comprometido a transferir seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario salvadoreño.

Hasta la fecha, más de 200 migrantes han sido enviados a dicha prisión, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana y señalados por su presunta relación con el Tren de Aragua. Sin embargo, un reciente informe de Bloomberg revela que cerca del 90 % de estos individuos no posee antecedentes penales en Estados Unidos, lo que alimenta las críticas sobre la legitimidad de estas deportaciones y el uso de acusaciones colectivas sin base judicial firme.