Tribunal Supremo de Estados Unidos
El Supremo de EE.UU. mantiene la suspensión de las deportaciones masivas de Trump
La Corte Suprema rechaza temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a migrantes venezolanos acusados sin pruebas firmes de pertenecer a organizaciones criminales
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este viernes mantener vigente la paralización que impide al presidente Donald Trump aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, un instrumento jurídico del siglo XVIII ideado para contextos bélicos, con el fin de deportar a migrantes venezolanos bajo acusaciones de criminalidad.
La decisión implica que el bloqueo legal continuará en efecto mientras la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito analiza en profundidad los recursos presentados por organizaciones de derechos humanos y por los propios migrantes afectados, quienes sostienen que están siendo objeto de una persecución sin garantías legales ni pruebas concluyentes.
Trump había solicitado al Supremo, a comienzos de esta misma semana, que se le autorizara a reanudar la expulsión de más de 200 venezolanos detenidos en un centro migratorio del estado de Texas. El exmandatario republicano asegura que se trata de individuos vinculados al Tren de Aragua, una organización delictiva nacida en Venezuela y de presencia creciente en América Latina. Sin embargo, diversas investigaciones independientes, así como los testimonios de familiares, señalan que la mayoría de los migrantes señalados no cuentan con antecedentes penales ni vínculos comprobados con bandas criminales.
Tras conocerse el fallo judicial, Trump expresó su descontento en la red social Truth Social, donde escribió en mayúsculas: «¡La Corte Suprema no nos permitirá sacar a los criminales de nuestro país!». El mensaje refleja el tono confrontacional que ha caracterizado sus declaraciones en materia migratoria, y su insistencia en presentar la llegada de migrantes como una «invasión», un término que ha sido ampliamente cuestionado por expertos legales y organizaciones humanitarias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C.
El Ejecutivo de Trump ha intentado reinterpretar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar deportaciones, arguyendo que la situación fronteriza justifica medidas extraordinarias. No obstante, esta ley fue concebida originalmente para lidiar con amenazas militares extranjeras durante tiempos de guerra, por lo que su aplicación al fenómeno migratorio ha sido severamente impugnada tanto en tribunales como en la opinión pública.
En una decisión previa, fechada el 19 de abril, el mismo Tribunal Supremo ya había frenado otro intento de deportación de migrantes bajo esa legislación. Esta reiteración por parte del alto tribunal sugiere un patrón de cautela jurídica ante una estrategia migratoria que muchos juristas consideran inconstitucional y desproporcionada.
Además, el gobierno republicano ha negociado con El Salvador el uso de su centro penitenciario de máxima seguridad, conocido como Cecot, para recluir a migrantes bajo custodia de Estados Unidos. Más de 200 personas, en su mayoría venezolanas, ya han sido trasladadas a esta prisión. No obstante, la falta de evidencia judicial sólida sobre la presunta peligrosidad de muchos de los detenidos ha suscitado fuertes críticas en ámbitos legales y humanitarios.
El debate en torno a este caso no solo gira en torno a los derechos de los migrantes, sino también a los límites del poder presidencial y a la instrumentalización de leyes históricas para fines políticos contemporáneos. Mientras el caso sigue su curso en las cortes inferiores, el Tribunal Supremo ha optado por preservar el principio de proporcionalidad legal y la garantía de un debido proceso para todos los individuos, independientemente de su estatus migratorio.
