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AnálisisLuis García CasasBerlín, Alemania

Historia de una persecución: por qué Alemania tiene miedo a la AfD

La declaración de Alternativa para Alemania (AfD) como de «extrema derecha» a principios de mes ha agitado el panorama político alemán. Aunque la medida ha sido suspendida, el debate en torno a la segunda formación política de Alemania no se ha enfriado

La líder del partido Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, en Berlín

La líder del partido Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, en BerlínAFP

La declaración a principios de mes, por parte de la Oficina Federal de Defensa de la Constitución (BfV), del partido Alternativa para Alemania (AfD) como de «extrema derecha» ha agitado el panorama político alemán y ha tenido un importante eco fuera del país. Aunque la medida ha sido suspendida por un tribunal tras ser recurrida por el propio partido, el debate en torno a la formación política, la segunda de Alemania desde las últimas elecciones y la principal fuerza de oposición en el Bundestag, no se ha enfriado.

La BfV, a pesar de su descriptivo nombre, no es otra cosa que los Servicios Secretos internos, que investigan la presencia de grupos peligrosos para la existencia del Estado dentro del propio territorio alemán. La declaración como organización «confirmada» de extrema derecha (AfD ya había sido declarada organización «sospechosa» de ser de extrema derecha), les permite ampliar el nivel de vigilancia sobre sus miembros: recurriendo a informantes, escuchas, etc. El partido teme que esto pueda ser utilizado para espiarlo con fines políticos.

El extremismo de derecha es delito en Alemania

La ideología de extrema derecha está proscrita en Alemania, así como el saludo hitleriano (penado con hasta tres años de cárcel) o los himnos nazis. Incluso los más férreos defensores de esta legislación admiten que es una limitación a la libertad de expresión, pero que se hace por una buena razón. «Sabemos adónde conducen el aislacionismo, el nacionalismo agresivo y el desprecio a las instituciones democráticas. De ese modo ya perdimos una vez la democracia en Alemania», dijo por ejemplo el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier ante el Bundestag en su discurso por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial este 8 de mayo.

Una efeméride que fue aprovechada también por los líderes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, para desmarcarse de las líneas más conflictivas de su partido diciendo, en un comunicado conjunto, que esa fecha «marca el final del reino del terror nacionalsocialista, de sus crímenes y de la asesina Segunda Guerra Mundial». El partido también ha hecho guiños a Israel y ha criticado las manifestaciones antisemitas en Alemania.

Un partido que agrupa descontentos de diversa procedencia

Y es que AfD es un partido que ha sabido, con un discurso nacionalista, contrario a la inmigración y euroescéptico, canalizar el descontento de uno de cada cinco electores, algo más de diez millones de votantes. Un partido al que, en su crecimiento, se han ido adscribiendo grupos muy diversos. Por eso en sus filas coexisten perfiles como el de la propia Weidel, lesbiana casada con una inmigrante, además de destacada economista experta en China, con el de, por ejemplo, Björn Höcke, líder del partido en Turingia condenado por utilizar en sus mítines eslóganes nazis. El tribunal no se creyó que, como adujo, desconociera que se trataba de lemas nazis, siendo además profesor de Historia.

Esa coexistencia de grupos entre los que ha habido algunos con abiertas simpatías hacia el nazismo no ha estado exenta de tensiones dentro de AfD. El propio Höcke fue temporalmente expulsado. En Turingia, como en otros dos estados federados, todos ellos de Alemania del Este, la rama regional del partido ya había sido calificada como de «extrema derecha» por la BfV. Este mes se sumó también la rama de Brandeburgo.

Posible, aunque altamente improbable, ilegalización

La declaración de organización de «extrema derecha» es también un primer paso para la posible ilegalización de un partido político, algo que sólo puede hacer el Tribunal Constitucional. Desde 1956, cuando prohibió el Partido Comunista, nunca lo ha vuelto a hacer. Y ocasiones ha tenido, como cuando en 2017 rehusó prohibir a un partido abiertamente filonazi debido a que, por su irrelevancia política, no suponía ningún peligro real para el sistema democrático alemán.

La sociedad alemana se está polarizando cada vez más y el debate sobre una hipotética ilegalización del principal partido de la oposición ha servido de catalizador a esta creciente tensión. Algunas encuestan situaban al partido como ganador en caso de nuevas elecciones. Otra, encargada por el Bild, el periódico de mayor difusión en Alemania, aunque marcadamente sensacionalista, decía que el 48 % de los alemanes estaría de acuerdo en la ilegalización de AfD.

La dialéctica de los puños

Uno de los problemas añadidos es que esa tensión está llegando a las calles. Y no sólo en forma de manifestaciones en uno u otro sentido. El año pasado crecieron también los delitos de motivación política, incluidos los delitos violentos. El ministro del Interior, el socialdemócrata Alexander Dobrindt, dijo en la presentación de esta estadística la semana pasada que «el mayor peligro para la democracia parte del extremismo de derechas». Es algo en lo que BfV ha venido insistiendo. Desde hace años en su informe anual incluye el terrorismo de derechas como la principal amenaza a la democracia alemana.

Sin embargo, el propio Dobrindt rechazó una ilegalización de AfD e instó a fortalecer el centro político para que los partidos de ambos extremos pierdan apoyos. Varios líderes políticos se han expresado en sentido similar, prefiriendo enfrentarse a AfD con argumentos y en las urnas que ante los tribunales. Como el que fuera ministro del Interior de la excanciller Angela Merkel, Horst Seehofer, que la culpó del ascenso de AfD a ella y a su política de puertas abiertas a los refugiados. Sin embargo, abogó, para frenar ese ascenso, por una política que llegue a la gente.

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