Un tribunal de apelaciones levanta de manera temporal el bloqueo a los aranceles de Trump

Si en algo ha cambiado el mundo desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca es que ya nada, ni siquiera las decisiones del presidente más importante del mundo, son definitivas. En un día tremendamente agitado, con el Tribunal de Comercio Internacional causando un terremoto con su decisión de tumbar los aranceles recíprocos, algo que ha llevado al Gobierno estadounidense a amenazar con llevar el caso al Supremo, una Corte de Apelaciones ha levantado ahora el bloqueo que el otro tribunal había ordenado apenas unas horas antes.

Por lo tanto, Donald Trump respira, al menos por ahora. El Tribunal de Apelaciones de Washington ha concedido una suspensión temporal a la sentencia que el miércoles había puesto en jaque el núcleo de su política comercial. Aquella resolución —dictada por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos— declaraba ilegales buena parte de los aranceles generalizados impuestos por el presidente bajo poderes de emergencia. La batalla judicial está lejos de terminar, pero esta primera victoria le da a Trump un respiro político y legal en pleno año electoral.

La decisión del tribunal de apelaciones no revoca la sentencia original, pero sí detiene cautelarmente su aplicación mientras se analizan los escritos de ambas partes. En otras palabras, los aranceles siguen en pie, al menos por el momento. Para Trump, cuya estrategia económica se apoyó en una guerra comercial de amplio alcance, el riesgo de que ese edificio jurídico se viniera abajo de golpe se ha evitado.

«Se concede la solicitud de suspensión administrativa inmediata, hasta nuevo aviso», señala la resolución de cuatro páginas. El documento también fija plazos: los demandantes deberán responder antes del 5 de junio, y el Gobierno podrá presentar su réplica consolidada el 9 de junio. Solo entonces el tribunal decidirá si mantiene la suspensión o si deja que la sentencia empiece a surtir efecto mientras resuelve el fondo del caso.

En caso de que el fallo se reactive, el Gobierno de Trump ya anticipó que está listo para acudir al Tribunal Supremo. Con seis jueces conservadores frente a tres progresistas, esa instancia podría ser clave para proteger uno de los pilares más simbólicos del mandato de Trump.

El miércoles, el Tribunal de Comercio Internacional —una corte federal con sede en Nueva York y especializada en disputas aduaneras— sorprendía con un fallo sin precedentes. Declaró inconstitucionales tres grandes bloques de aranceles: los impuestos del 25 % a importaciones de México y Canadá, los del 20 % a productos chinos, y los del 10 % generalizado a buena parte de las importaciones globales. Todos ellos, justificados por Trump como medidas de emergencia frente al narcotráfico, la inmigración o desequilibrios comerciales, se consideraron una extralimitación de sus poderes presidenciales.

El fallo representaba un golpe demoledor a la narrativa de «mano dura» que ha cultivado Trump en su cruzada económica global. El tribunal consideró que el expresidente abusó de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977 (IEEPA), ignorando al Congreso y tomando decisiones de calado estructural sin base legal suficiente. En cambio, otros aranceles más específicos —como los del acero o el aluminio, respaldados por otra ley de 1962 sobre seguridad nacional— no fueron anulados.

Aunque Trump no ha hecho declaraciones públicas tras el fallo, su equipo ha salido en tromba contra el poder judicial. «Estamos viendo una peligrosa tendencia de jueces no elegidos interfiriendo en decisiones presidenciales estratégicas», dijo Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. En su opinión, lo que está en juego no es solo la política comercial, sino la autoridad ejecutiva del presidente. «El Supremo debe poner fin a esto por el bien de nuestra Constitución», sentenció.

El escrito del Gobierno, presentado antes de la suspensión, alertaba de consecuencias inmediatas si se aplicaba la sentencia. Según sus abogados, «los acuerdos exitosos que el presidente ha alcanzado con múltiples países podrían desmoronarse de inmediato», y advertían de daños «irreparables» tanto a las finanzas públicas como a la posición negociadora internacional de Estados Unidos.

Mientras tanto, el reloj judicial sigue corriendo. Si el tribunal mantiene la suspensión cautelar, Trump ganará tiempo y oxígeno político para intentar salvar su política comercial en los tribunales. Si no, tendrá que librar la batalla definitiva en el Supremo, donde se juega más que aranceles: se juega el poder de gobernar sin pedir permiso.