Trump y sus tarifas en jaque: la guerra comercial apenas comienza

La reciente decisión de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, al anular selectivamente algunos de los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump sobre sus socios comerciales, así como la decisión de la Corte de Apelaciones de bloquear su aplicación no son la resolución de una guerra; son el pistoletazo de salida de una guerra.

Una guerra en la que el tablero ha sido redefinido de forma brutal, con la posibilidad de despojar a Donald Trump de algunas de sus palancas de negociación más potentes y sumiendo el panorama comercial global en una incertidumbre aún mayor. Pero quizás lo más inquietante de las reacciones a estas sentencias son el espejo que reflejan: Trump, en su desafío a los controles judiciales, se asemeja peligrosamente a Pedro Sánchez. Ambos líderes, desde orillas ideológicas opuestas, comparten un desprecio por la autonomía de los órganos no elegidos por la ciudadanía, esos contrapoderes esenciales que son el andamiaje de cualquier sistema democrático que se precie.

Ambos argumentan que los designios del Ejecutivo, en el caso de Trump, o del Legislativo, en el caso de Sánchez, no pueden sucumbir ante la fría lógica de la ley o la independencia judicial. De momento, en el caso de Trump, el final de la película todavía está por ser filmada. Pero las formas en la reacción del mandatario americano tienden a indicar que su Administración está cada vez más cerca de los postulados de su vicepresidente, J.D. Vance, bastante poco respetuoso con la separación de poderes.

La decisión de la Corte de Comercio Internacional, al invalidar una parte de los aranceles impuestos por la Administración Trump, así como su cancelación cautelar por la Corte de Apelaciones, han provocado un revuelo considerable. Sin embargo, el alcance del fallo es más reducido de lo que algunos titulares sensacionalistas sugieren. La sentencia se limita a eliminar los aranceles que fueron impuestos a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. Esto significa que no aplica a los aranceles que se mantienen vigentes, como los impuestos sobre el acero, el aluminio o los automóviles, que fueron aplicados a través de las secciones relevantes de la Ley de Expansión del Comercio de 1962.

El alcance del fallo es más reducido de lo que algunos titulares sensacionalistas sugieren

Para comprender la trascendencia de esta decisión, es fundamental sumergirse en la intrincada estructura legal que rige el comercio en Estados Unidos. Por diseño constitucional, según el artículo 1.8, la potestad de decidir las relaciones comerciales con terceros recae en el poder legislativo. El Congreso, a través de leyes como las dos mencionadas, ha cedido parte de esta potestad al Ejecutivo, con el objetivo de permitir una reacción ágil y eficaz ante situaciones de emergencia. La IEEPA, por ejemplo, fue concebida para escenarios de verdadera crisis, donde la seguridad nacional estuviera en juego.

La Corte Comercial ha dictaminado, con una claridad meridiana, que las circunstancias invocadas por Trump para justificar la imposición de tarifas generalizadas no constituían una emergencia de tal magnitud. Pero la Corte ha dicho, específicamente que no entra en «la sensatez o la efectividad probable del uso de aranceles por parte del presidente». «Su uso es impermisible no porque sea insensato o ineficiente, sino porque el [IEEPA] no lo permite». En contraste, la Ley de Expansión del Comercio otorga poderes más amplios al presidente, aunque con limitaciones temporales y un enfoque más específico en sectores o productos. Este es el laberinto legal en el que Trump ha operado y donde ahora ha tropezado.

Pero este tropiezo no es el final, sino el principio de una guerra. Las decisiones judiciales han inyectado una dosis masiva de incertidumbre en todos los socios económicos de Estados Unidos. Trump, con la previsibilidad de un reloj suizo, ha apelado la decisión, y el caso, inexorablemente, acabará en la Corte Suprema. Este proceso, como bien sabemos, no se resolverá en días o semanas; tardará meses, quizás años, en desenmarañarse. Durante este tiempo, la espada de Damocles de los aranceles seguirá pendiendo sobre el comercio global.

La posibilidad de que Trump intente que estas tarifas sean aprobadas por ley, a través del Congreso, es teóricamente viable, pero políticamente suicida. El consumo de capital político que ello supondría, en un Congreso ya polarizado y con facciones republicanas que no ven con buenos ojos las guerras comerciales, no le merecerá la pena. Su estrategia más probable será la de utilizar la Ley de Comercio para reaplicar las tarifas, país por país, y renovarlas cada 150 días. Una táctica de «muerte por mil cortadas» que, si bien carece de la grandilocuencia de un arancel generalizado, puede ser igual de devastadora para las cadenas de suministro y la planificación empresarial.

Su estrategia más probable será la de utilizar la Ley de Comercio para reaplicar las tarifas, país por país, y renovarlas cada 150 días

Más allá de la reacción predecible de Trump, el efecto sobre los socios comerciales no se hará esperar. Muchos países adoptarán una postura de «wait and see –esperar y ver–», una inercia estratégica que les permitirá evaluar la solidez de la posición legal de Trump antes de someterse a su «yudo trumpiano». Esta pausa, sin embargo, es un arma de doble filo. Si bien ofrece un respiro temporal, también prolonga la incertidumbre y puede frenar decisiones de inversión a largo plazo.

Incluso las empresas norteamericanas se enfrentan a un dilema existencial: ¿acelerar la importación de productos ahora que la ventana de oportunidad se abre, o seguir con la costosa y compleja estrategia de diversificar sus fuentes, evitando la dependencia de China? La «tarifa-latigazo» (tariff whiplash) es un fenómeno real, y las empresas, hartas de la imprevisibilidad, podrían optar por la seguridad a largo plazo, incluso si eso implica mayores costes a corto plazo.

Contrario a lo que muchos analistas simplistas proclaman, el debate no reside en la legalidad intrínseca de los aranceles, sino en el mecanismo utilizado para implementarlos. Trump, en su afán por la acción unilateral, creyó que la IEEPA le otorgaba un poder ilimitado para imponer aranceles a voluntad. La Corte ha refutado esta interpretación, reafirmando que el poder presidencial tiene límites, incluso en situaciones de emergencia. Desde la perspectiva de Trump, la ventaja era la capacidad de aplicar aranceles a todos los países con un mero acto ejecutivo, un golpe de timón sin necesidad de consultar a nadie. Pero la Constitución no es un juguete en manos del ejecutivo, y la separación de poderes, aunque a veces incómoda, es el garante de la libertad.

Sin embargo, que nadie se confunda. Que haya un burócrata en Bruselas regocijándose por lo bueno que es el Estado de derecho en Estados Unidos es, en el mejor de los casos, una muestra de ingenuidad, y en el peor, una peligrosa miopía. Si Trump sigue siendo Trump, y todo indica que lo será, logrará sus objetivos, por un medio o por el otro. Bien a través del proceso de apelación, o aplicando vías alternativas por legislación existente, va a lograr sus objetivos.

Sus metas finales son claras: desacoplar la economía americana de la china, una estrategia de «desvinculación» que va más allá de lo puramente comercial, y forzar a la Unión Europea a modificar sus excéntricas regulaciones que, a su juicio, afectan desproporcionadamente a las empresas estadounidenses. Lo logrará por las buenas o por las malas. Si fuera asesor de los cleptócratas de Bruselas, les recomendaría que se sienten ahora a negociar, en este momento de aparente debilidad del «monstruo naranja». Si esperan demasiado, si subestiman su tenacidad y su capacidad de adaptación, el tiro les saldrá por la culata. La historia nos enseña que subestimar a Trump es un error que se paga caro.

Si fuera asesor de los cleptócratas de Bruselas, les recomendaría que se sienten ahora a negociar

Pero la verdadera provocación, el elemento más preocupante de esta saga, no es solo la guerra comercial, sino el desprecio por los contrapesos democráticos que Trump exhibe, y que comparte con líderes como Sánchez. Ambos, a pesar de sus diferencias ideológicas, parecen creer que la voluntad del líder, o la del partido en el poder, debe prevalecer sobre la ley, sobre la independencia judicial, sobre la prensa libre, sobre cualquier institución que ose cuestionar su autoridad. Esta es una tendencia global de todos los ejecutivos occidentales, un veneno que corroe las bases de la democracia liberal. Cuando un Ejecutivo, o un Legislativo, se siente por encima de la ley y de los controles institucionales, el camino hacia la autocracia se abre peligrosamente.

La decisión de la Corte, así como la decisión de la Corte de Apelación, no son solo fallos sobre la validez de los aranceles; son dos recordatorios contundentes de que la democracia no es un cheque en blanco para el poder ejecutivo. Es un sistema de pesos y contrapesos, donde la ley, interpretada por jueces independientes y no por caprichos políticos, es el árbitro final. Es la afirmación de que, incluso el presidente más poderoso del mundo, está sujeto al imperio de la ley. Y en esta guerra, la democracia misma está en juego.

La batalla por los aranceles, independientemente de si gustan o no, es solo un frente en una contienda mucho más amplia por la defensa de las instituciones y los principios que definen una sociedad libre. Los ciudadanos, tanto en Estados Unidos como en Europa, deben estar atentos. La complacencia ante el ataque a los contrapesos es el primer paso hacia la tiranía. Por suerte, en Estados Unidos, esos contrapesos todavía funcionan.

Habiendo dicho todo esto, la realidad practica de las decisiones de las cortes federales son totalmente impredecibles. Con suerte, la Corte de Apelación será rápida, y la Corte Suprema idem. Si acaban ganando los estados que iniciaron esta demanda, la Administración Trump perderá su palanca más poderosa para negociar con los imperios del mal, y eso solo retrasará la batalla. Si fuese lo contrario, el mundo entero se verá sometido al juego trilero del «monstruo naranja». Pero, habiendo dicho esto, en el fondo de la cuestión, al pato Donald no le falta razón. China, a través de su desprecio a la propiedad intelectual y su subvención desvergonzada de sus industrias estratégicas, así como Europa, con sus barreras arancelarias no monetarias, llevan demasiadas décadas aprovechándose del mercado americano.