Mueren dos policías durante los enfrentamientos contra seguidores de Evo Morales

La tensión social en Bolivia alcanzó un nuevo punto crítico este miércoles con la confirmación del fallecimiento de un segundo efectivo policial en el marco de los enfrentamientos que se registran en el departamento de Potosí. La crisis, que se arrastra desde hace más de una semana, está motivada por las movilizaciones de grupos afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen su habilitación como candidato presidencial para los comicios previstos en agosto.

Las autoridades policiales informaron el deceso del subteniente Carlos Enrique Apata Tola, quien perdió la vida mientras cumplía funciones en la localidad de Llallagua, una de las zonas más afectadas por los bloqueos. Su nombre se suma al del también subteniente Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, quien falleció previamente durante las operaciones de desbloqueo en el mismo sector. Además, un capitán permanece en estado crítico tras haber recibido impactos de proyectiles, según confirmó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.

El Gobierno del presidente Luis Arce ha ordenado el despeje inmediato de las vías ocupadas, acusando directamente a Morales de promover acciones desestabilizadoras que, en palabras del mandatario, buscan acortar su actual mandato con fines electorales. Arce calificó dicha pretensión como «inconstitucional», amparándose en la resolución reciente del Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece que la reelección solo puede ser ejercida una vez de manera continua, criterio que inhabilita al exmandatario tras tres periodos previos en el poder.

El conflicto no se limita a Potosí. En Parotani, un punto estratégico en el eje Cochabamba-occidente, las fuerzas de seguridad también han enfrentado fuertes embates. Dos agentes resultaron gravemente heridos tras la detonación de explosivos. La ministra de Salud, María Renée Castro, detalló que uno de ellos, un subteniente, presenta una lesión de gravedad en el cráneo, mientras que el segundo oficial sufrió contusiones múltiples, incluida una herida en la nuca.

En total, las autoridades sanitarias reportaron al menos 52 personas heridas entre policías, funcionarios municipales, vecinos y manifestantes. Castro denunció además que muchos de los afectados no pueden acceder a centros médicos debido a los bloqueos, lo que agrava la situación humanitaria.

Mientras tanto, en la ciudad de Cochabamba, familiares de los agentes desplegados en los puntos de conflicto –especialmente esposas de policías– salieron a las calles para exigir mejores condiciones de seguridad. En sus reclamos, demandaron al Gobierno la entrega urgente de equipos de protección como chalecos antibalas y cascos, ante lo que consideran una exposición innecesaria y letal.

Desde el ámbito judicial, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó la apertura de investigaciones por los delitos de lesiones, daños a bienes del Estado y uso de armamento, mientras que su homólogo departamental en Potosí, Gonzalo Aparicio, verificó el uso de armas de fuego por parte de los simpatizantes de Morales y no descartó que existan efectivos policiales retenidos como rehenes.

Además, el Ministerio Público ha iniciado una causa penal contra Morales por ocho delitos, entre ellos terrorismo. Esta decisión se sustenta en un audio divulgado la semana pasada, en el que se le atribuye la orden de ejecutar un «cerco» a la ciudad de La Paz como medida de presión, lo que ha encendido aún más las alertas institucionales.

La situación actual plantea no solo un desafío a la seguridad pública, sino una amenaza directa a la estabilidad política del país, con implicaciones legales de gran envergadura para el futuro del exmandatario y su entorno. El conflicto entre las aspiraciones de Morales y la legalidad constitucional amenaza con derivar en una crisis de mayor alcance si no se logran establecer canales de diálogo efectivos y se respeta el marco institucional vigente.