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Petro convoca una consulta popular por decreto y desata una tormenta institucional en Colombia

Petro convoca una consulta popular por decreto y desata una tormenta institucional en ColombiaAFP

Colombia suspende temporalmente la regla fiscal y nueva reforma tributaria para afrontar el déficit del país

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anuncia un conjunto de medidas excepcionales para estabilizar las finanzas públicas, que incluyen una reforma impositiva, ajuste en los subsidios al diésel y un plan gradual para retomar el control fiscal antes de 2027

El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Hacienda, ha dado a conocer una estrategia integral para enfrentar los crecientes desequilibrios fiscales que aquejan al país. En el marco de la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el titular de la cartera, Germán Ávila, informó sobre la activación de la llamada «cláusula de escape», mecanismo legal que permite apartarse transitoriamente de las metas fiscales establecidas ante situaciones excepcionales que comprometan la estabilidad económica nacional.

Esta decisión implica una suspensión temporal de la regla fiscal durante los próximos tres años, un paso que Ávila calificó como «prudente y responsable», ante la necesidad de preservar el crecimiento económico y la credibilidad de las finanzas del Estado. Según el ministro, no adoptar esta medida habría puesto en riesgo la recuperación económica proyectada y la estabilidad macroeconómica del país.

Entre las principales consecuencias del nuevo rumbo fiscal, se prevé que el déficit del sector público alcance el 7,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de este año, aunque analistas como el exministro José Manuel Restrepo estiman que podría superar incluso el 7,5 %. Esta brecha refleja, en palabras de Ávila, un desequilibrio estructural: los ingresos corrientes del Estado no han crecido al ritmo del gasto público obligatorio, lo que impide una consolidación fiscal sostenible sin medidas de corrección.

Ante este panorama, el Gobierno plantea una nueva reforma tributaria, la tercera impulsada durante la administración del presidente Gustavo Petro. La iniciativa, de ser aprobada por el Congreso, podría generar ingresos adicionales cercanos a los 19,6 billones de pesos, con un potencial de recaudación que podría escalar hasta los 25,4 billones (alrededor de 6.150 millones de dólares).

Este paquete fiscal contempla una revisión de la estructura del IVA, con el objetivo de reducir el gasto tributario improductivo. También se proponen ajustes en impuestos existentes como el tributo al carbono y la ampliación de gravámenes a sectores aún exentos o subgravados, incluyendo juegos de azar, plataformas digitales, iglesias y productos con impactos ambientales como plaguicidas, vapeadores o fuentes de contaminación acústica.

El presidente colombiano, Gustavo PetroAFP

Ávila subrayó que el propósito es presentar una reforma con una doble naturaleza: que inicie el proceso de ajuste fiscal y, al mismo tiempo, que no afecte gravemente la actividad económica. «Buscamos una transformación estructural, equilibrada y con instrumentos que sean lo menos distorsionantes posible», apuntó el ministro, quien hizo un llamado a los sectores políticos y económicos del país a sumarse al esfuerzo de consolidación fiscal, recordando que se trata de un desafío que trasciende al actual gobierno.

En paralelo, el ajuste también contempla el incremento del precio del diésel para los vehículos que no pertenecen al transporte de carga. Esta medida impactará a aproximadamente el 28 % del parque automotor que utiliza dicho combustible, entre los que se encuentran automóviles de alta gama y camionetas privadas. Esta decisión se enmarca en la estrategia iniciada anteriormente por el Gobierno Petro, que ya eliminó de forma progresiva los subsidios a la gasolina con el objetivo de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC).

El Ejecutivo confía en que estas medidas permitirán reducir gradualmente el desajuste fiscal a partir de 2026, gracias a la entrada en vigor de la reforma tributaria y a una reestructuración del gasto público que aborde las causas estructurales del desequilibrio actual. Para 2027, el Gobierno prevé una recuperación significativa de las finanzas públicas y el restablecimiento del principio de sostenibilidad fiscal.

A pesar del escenario de ajustes, Ávila destacó el comportamiento general de la economía nacional, que, según los datos oficiales, muestra señales de recuperación. «Esperamos un crecimiento del PIB del 2,7 % en 2025, tras haber registrado un 0,67 % en 2023 y un 1,6 % en 2024. Esta evolución, aunque gradual, es reflejo de la resiliencia de nuestra economía», concluyó el ministro.