El presidente colombiano, Gustavo Petro
El Consejo de Estado suspende el decreto de Petro sobre la consulta laboral por falta de aval del Senado
La alta corte colombiana detuvo temporalmente el decreto presidencial que convocaba a una consulta popular sobre la reforma laboral, señalando la ausencia de aprobación previa del Senado como requisito indispensable
El Consejo de Estado de Colombia ordenó este miércoles la suspensión provisional del decreto emitido por el presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular sobre su proyecto de reforma laboral, alegando que la medida no contó con el concepto previo favorable del Senado, como exige la ley para decisiones de trascendencia nacional.
La decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo responde a una solicitud de medida cautelar interpuesta por un grupo de 12 senadores, entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Estos congresistas consideraron que el Decreto 639 fue expedido sin cumplir los requisitos constitucionales y jurídicos necesarios.
La Sala Quinta del Consejo de Estado aceptó la demanda de nulidad contra el decreto, conocido popularmente como el ‘decretazo’, y fundamentó su decisión en la falta del aval parlamentario requerido. Según el fallo, «cuando se trata de consultar al pueblo sobre temas de relevancia nacional, la Constitución demanda una aprobación previa del Senado, lo cual no se verificó en este caso».
Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical y uno de los promotores de la acción legal, celebró la resolución judicial. Motoa criticó duramente al Gobierno y manifestó que esta decisión representa «un freno necesario a las tendencias autoritarias del presidente», al tiempo que sugirió que el Ejecutivo revise su equipo jurídico por haber incurrido en este error.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, en un acto en Bogotá
Ante las críticas, el mandatario respondió a través de su cuenta en la red social X, rechazando las acusaciones de ilegalidad. «Ni el Consejo de Estado puede declarar inconstitucionalidades, ni es necesario cambiar asesores jurídicos. Una sala ha suspendido de forma temporal un decreto que ya está en revisión por la Corte Constitucional», afirmó Petro.
La medida suspendida fue firmada por el presidente la semana pasada, luego de que su propuesta de reforma laboral sufriera varios reveses en el Congreso. Aunque en marzo una comisión del Senado la había archivado, el proyecto fue sorpresivamente aprobado por el pleno de la cámara alta el martes anterior.
Petro había intentado previamente, en mayo, obtener el visto bueno del Senado para convocar una consulta popular, pero la votación terminó con un estrecho rechazo: 49 votos en contra frente a 47 a favor. Posteriormente, el mandatario argumentó que en esa votación se habrían cometido irregularidades, lo que justificaba su decisión de convocar directamente al pueblo a las urnas el 7 de agosto, fecha en que se cumplen tres años de su mandato.
El futuro del controvertido decreto se encuentra ahora en manos de las altas cortes. Aunque la Registraduría Nacional —organismo encargado de organizar los comicios— se pronunció señalando que no puede avanzar en la preparación de la consulta sin un pronunciamiento definitivo de las autoridades judiciales, el escenario se torna incierto. De hecho, el registrador nacional, Hernán Penagos, recordó que existen actualmente once demandas de inconstitucionalidad en curso ante la Corte Constitucional relacionadas con el mismo asunto.
Este episodio intensifica aún más el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, en un contexto político cada vez más polarizado por el inicio de la carrera electoral para las legislativas y presidenciales del próximo año. La reforma laboral, que ha sido una de las banderas del presidente Petro, se ha convertido en un punto de tensión entre las ramas del poder y en el centro del debate sobre los límites del Ejecutivo en el proceso legislativo.
