El Supremo respalda a Trump y limita el poder de los jueces a la hora de bloquear decisiones del Gobierno

Donald Trump tendrá plenos poderes. Eso, con muchos matices, es lo que le ha concedido el Tribunal Supremo de Estados Unidos en una histórica sentencia, donde, aunque no ha resuelto directamente si es legal eliminar la ciudadanía automática por nacimiento, sí ha modificado las reglas del juego judicial que frenaban las iniciativas del presidente en esta materia.

El fallo, con seis votos conservadores frente a tres progresistas, establece que los jueces federales ya no podrán suspender decisiones del poder ejecutivo con efecto nacional de forma automática. A partir de ahora, deberán aplicar sus decisiones de manera más restringida, según lo argumentado en la opinión escrita por la jueza Amy Coney Barrett.

Este cambio aparentemente técnico es, en realidad, un respaldo implícito a la estrategia de Trump. Es decir, debilitar los controles judiciales a su poder presidencial, especialmente en asuntos migratorios. Y lo logra justo cuando busca acabar con una norma histórica del país, la que otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

El decreto presidencial que originó esta disputa fue una de las primeras acciones de Trump al asumir nuevamente la presidencia. En él se proponía excluir del derecho a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales, reinterpretando la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 para garantizar la nacionalidad a los antiguos esclavos y sus descendientes.

Desde finales del siglo XIX, la interpretación jurídica dominante ha sido clara: nacer en Estados Unidos es suficiente para obtener la ciudadanía, salvo en casos contados como hijos de diplomáticos extranjeros. Pero Trump intenta cambiar ese consenso legal, argumentando que los inmigrantes sin papeles no están «sujetos a la jurisdicción» del país.

El decreto fue rápidamente bloqueado por varios jueces federales, quienes suspendieron su aplicación a nivel nacional. Lo que el Supremo ha decidido ahora no es si el decreto es constitucional, sino si esos jueces tenían la autoridad para paralizarlo con alcance nacional. El tribunal considera que no deberían hacerlo, salvo en circunstancias muy justificadas.

Las juezas progresistas del tribunal, en disidencia, advirtieron que esta limitación debilita la capacidad de los tribunales para frenar abusos del Ejecutivo. Y el caso cobra aún más importancia considerando que Trump ha gobernado principalmente por decreto, sorteando al Congreso —como en su decisión de bombardear Irán— y enfrentando múltiples frenos judiciales.

Aunque la cuestión de fondo aún no ha sido resuelta, esta decisión marca una victoria política y legal para el actual presidente, que ha hecho del endurecimiento migratorio una pieza central de su agenda. Ahora, miles de personas quedan a la espera de que la Corte retome en los próximos meses el debate sobre la constitucionalidad del decreto. Y, mientras, el presidente del país se asegura poder gobernar sin represalias.

Respuesta de Trump

El presidente Donald Trump no ha tardado en responder y ha afirmado en un comunicado en su red Truth Social que es una «gran victoria». «¡Gran victoria en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido, indirectamente, duramente afectado. Tuvo que ver con los bebés de esclavos (¡el mismo año!), no con la estafa de nuestro proceso de inmigración. Felicitaciones a la Fiscal General Pam Bondi, al Procurador General John Sauer y a todo el Departamento de Justicia». En breves instantes ofrecerá una rueda de prensa.