Arrestan por segunda vez al expresidente surcoreano Yoon por intentar imponer la ley marcial con tácticas ilegales

Yoon Suk-yeol ha sido arrestado nuevamente este jueves, por segunda vez en menos de un año, en el marco de una compleja investigación judicial que lo vincula con un intento ilegal de instaurar la ley marcial en el país a finales de 2024. La medida fue ordenada en la madrugada por el juez Nam Se-jin, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, tras aceptar la solicitud del fiscal especial Cho Eun-suk, quien alegó que existía un riesgo real de destrucción de pruebas relevantes para el proceso penal.

Yoon fue trasladado al Centro de Detención de Seúl, ubicado en la ciudad de Uiwang, al sur de la capital, después de participar en la víspera en una audiencia junto a su equipo legal, en la que negó todas las acusaciones formuladas en su contra. Esta es la segunda ocasión en que el exmandatario es privado de libertad desde su suspensión presidencial en diciembre de 2024 y su posterior destitución formal por el Parlamento en abril de 2025, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional su intento de imponer un estado de excepción.

La orden de arresto incluye cinco cargos penales, entre ellos: obstrucción especial del deber oficial, violación de la Ley del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP), abuso de autoridad para limitar derechos, falsificación de documentos oficiales y manipulación o destrucción de registros públicos. Según las pesquisas lideradas por el fiscal Cho, Yoon habría intentado consolidar su decreto de ley marcial mediante una serie de decisiones arbitrarias y maniobras institucionales que vulneran gravemente el marco legal y democrático del país.

Uno de los elementos más comprometedores de la acusación es la reunión de Gabinete del 3 de diciembre de 2024, previa a la proclamación del estado de emergencia. De acuerdo con los fiscales, Yoon convocó solo a 10 de los 19 ministros, todos afines políticamente, con el fin de garantizar apoyo incondicional y evitar voces críticas.

La reunión, que duró menos de cinco minutos, fue presentada como deliberación formal, pese a que la Constitución exige la participación completa y el debate del Consejo de Ministros para este tipo de decisiones. Posteriormente, uno de los funcionarios presidenciales implicados en el caso habría falsificado las actas para hacer creer que el encuentro se prolongó por 40 minutos y que se llevó a cabo con participación plural.

Adicionalmente, se señala que Yoon ordenó la difusión de declaraciones falsas a medios internacionales, asegurando que el decreto no violaba el orden constitucional y que los legisladores no habían sido obstaculizados para votar en la Asamblea Nacional. Esta narrativa se contradice con los testimonios recogidos por la fiscalía, que apuntan a que varios diputados fueron bloqueados físicamente en el recinto parlamentario.

Otra acusación particularmente grave es que, en enero de 2025, Yoon habría instruido a su equipo de seguridad a usar sus armas si las autoridades intentaban detenerlo, con el objetivo de intimidar a los agentes y evitar su arresto. En paralelo, se le imputa haber dado órdenes al subjefe del SSP para eliminar registros cifrados de comunicación militar, que podrían haber evidenciado una coordinación irregular entre altos mandos en la preparación del decreto marcial.

Finalmente, se sospecha que la oficina presidencial elaboró documentos con fechas falsas para simular legalidad en el proceso y que, tras ser utilizados, fueron destruidos con el fin de borrar cualquier rastro de ilegalidad.