Bolsonaro 'presume' de pulsera electrónica y se expone a una pena de prisión por usar sus redes sociales

El magistrado Alexandre de Moraes, integrante de la Corte Suprema de Brasil, ha otorgado un plazo de 24 horas a los abogados del expresidente Jair Bolsonaro para que aclaren públicamente por qué su defendido habría incumplido una de las medidas cautelares que le impide expresarse, directa o indirectamente, a través de redes sociales. En caso de no ofrecer una justificación válida, el exmandatario podría enfrentar prisión preventiva.

La advertencia judicial fue motivada por la difusión de varios videos en plataformas digitales en los que Bolsonaro aparece durante un acto en la Cámara de Diputados de Brasil. En dicho evento, improvisó un discurso ante un grupo de simpatizantes, denunció ser víctima de una «humillación máxima» y mostró la tobillera electrónica que debe portar desde el viernes pasado. La presentación pública generó aglomeraciones y tensión, derivando incluso en incidentes físicos, entre ellos, un diputado herido durante el tumulto.

Las medidas impuestas por la Corte son parte del proceso que investiga a Bolsonaro por su presunto liderazgo en un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota electoral en 2022. El expresidente está obligado a llevar una tobillera electrónica, tiene prohibido utilizar redes sociales o dar entrevistas que luego puedan ser difundidas por estos medios, y no puede salir de su domicilio entre las 19:00 y las 7:00 horas ni durante los fines de semana. Además, le está vetado tener contacto con diplomáticos, embajadores o coacusados del caso.

En una intervención previa este lunes, el juez de Moraes recordó que la restricción comunicativa se extiende a cualquier tipo de contenido –ya sean audios, videos o transcripciones– que sea transmitido, retransmitido o publicado en plataformas digitales, incluso si la difusión es realizada por terceros. Por tanto, la aparición del discurso de Bolsonaro en redes constituye, según el magistrado, una infracción directa a las condiciones impuestas por la justicia.

Durante su intervención ante los seguidores en el Congreso, Bolsonaro insistió en su inocencia y dijo estar siendo objeto de persecución política. «No robé, no maté, no desvié fondos públicos. Esto que llevo en el tobillo representa la mayor humillación que puede sufrir un ciudadano inocente», expresó, aludiendo a la tobillera impuesta por orden judicial.

En paralelo a los hechos en Brasil, el caso ha adquirido una dimensión internacional. Según informes de la Policía Federal brasileña, Bolsonaro, junto con su hijo Eduardo –quien reside en Estados Unidos desde marzo–, habría buscado apoyo en el gobierno de Donald Trump para desacreditar y neutralizar la investigación por intento de golpe de Estado. De acuerdo con la investigación, ambos habrían instigado a miembros de la administración estadounidense a adoptar posturas hostiles contra Brasil con el propósito de frenar el proceso judicial.

Como respuesta a este escenario, el presidente Donald Trump anunció recientemente la imposición de un arancel del 50 % adicional sobre las importaciones brasileñas a partir del 1 de agosto. En declaraciones públicas, Trump aseguró que su aliado brasileño es víctima de una «caza de brujas» y exigió el cierre inmediato del juicio, intensificando aún más las tensiones diplomáticas entre ambos países.

Con un proceso que podría implicar hasta 40 años de prisión, Bolsonaro enfrenta su etapa más crítica desde que dejó la presidencia. La escena de este lunes en la Cámara Baja, en la que el exmandatario desafió abierta y simbólicamente al Supremo Tribunal Federal, añade un nuevo episodio de tensión política e institucional en Brasil, y podría marcar un punto de inflexión en su ya delicada situación judicial.