28 expresidentes, incluidos Aznar y Rajoy, firman un documento denunciando irregularidades en la causa contra Uribe

La condena de Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria ha marcado un hito en la historia judicial y política de Colombia. El pasado viernes, la jueza Sandra Heredia impuso una sentencia inmediata contra el expresidente, quien deberá cumplirla en su finca en Rionegro, Antioquia. El fallo lo declara culpable de fraude procesal en dos instancias y soborno de testigos en tres, en un caso que ha acaparado la atención nacional durante más de un año y que ahora entra en una nueva fase, con la defensa preparando la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Apenas unas horas antes de que se conociera el alcance completo del fallo, un grupo de 28 exmandatarios iberoamericanos —incluidos José María Aznar y Mariano Rajoy— hizo público un documento en el que denuncia graves vulneraciones al debido proceso y alerta sobre una supuesta instrumentalización de la justicia en contra del expresidente colombiano. El pronunciamiento fue promovido por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

El documento sostiene que el juicio representa «una amenaza a la integridad de los procesos judiciales» en Colombia y denuncia lo que los firmantes consideran una «inversión inaceptable del principio de presunción de inocencia». Entre los firmantes figuran, además de los expresidentes españoles, líderes conservadores de peso en Hispanoamérica como Mauricio Macri, Felipe Calderón e Iván Duque.

El fallo de la jueza Heredia parece haber seguido un camino autónomo, pese a la presión política. Su sentencia es mucho más severa de lo que había solicitado la Fiscalía (nueve años), y ordena su cumplimiento inmediato, una medida poco común en la Justicia colombiana. La magistrada justificó esa decisión al considerar que el expresidente podría evadir la sanción gracias a su «gran reconocimiento a nivel internacional» y su «capacidad de movilidad». También mencionó los intentos anteriores de dilatar el juicio como un factor de peso.

Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 y fue el principal impulsor de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos e Iván Duque, ha sido el rostro más influyente de la derecha colombiana en este siglo. Su figura ha generado una lealtad política sin fisuras, especialmente en su partido, el Centro Democrático, que ahora enfrenta un futuro incierto con su líder condenado e inhabilitado políticamente mientras dure la sentencia.

La reacción entre sus simpatizantes no se hizo esperar. Fuera del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, donde se leyó la sentencia, decenas de manifestantes del uribismo reclamaron justicia y denunciaron un supuesto «lawfare» contra su líder. Algunos portaban carteles en los que se acusaba a la Fiscalía de estar «politizada» y a la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo de haber impulsado el proceso con fines partidistas. La narrativa de una persecución judicial ya ha sido adoptada por varios líderes del Centro Democrático, que preparan el terreno para unas elecciones en 2026 donde probablemente el juicio de Uribe se convierta en un tema central de campaña.

Mientras tanto, en las redes sociales, el propio Uribe reaccionó con una mezcla de resignación y desafío. Dijo estar centrado en preparar la defensa para la apelación y pidió a sus seguidores «pensar más en la solución que en el problema». «Las crisis más difíciles son las de afectación personal», escribió.

El caso no ha terminado, ni mucho menos. La defensa ya prepara su apelación y espera que el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie antes de octubre, cuando podría prescribir. Y si esa instancia no revoca el fallo, la batalla judicial llegará de nuevo a la Corte Suprema, el mismo escenario donde hace siete años comenzó todo.