Uribe inicia sus doce años de arresto domiciliario y se muestra comprometido a acabar con «la naciente mordaza neocomunista»

El expresidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010) se ha presentado ante el juzgado de la localidad de Rionegro —en el departamento de Antioquia— para formalizar su condena a doce años de arresto domiciliario por soborno a testigos en medio de una actuación penal, así como por fraude fiscal.

Él mismo anunciaba en un vídeo publicado en su perfil de X, sosteniendo el acta de detención firmada, su comparecencia. «Me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que estoy cumpliendo desde el pasado viernes», decía, después de que el Tribunal Superior de Justicia hubiera rechazado su puesta en libertad hace días.

A sus 73 años, y aunque pesa sobre él una inhabilitación de más de ocho años —y una multa de 3.444 millones de pesos (cerca de 720.700 euros)— Uribe asegura que continuará y aumentará «la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida, acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total».

Según la defensa, el arresto domiciliario suponía una «grave violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad» de Uribe, por lo que pedían suspender la medida. La jueza Sandra Liliana Heredia Aranda lo rechazó, considerando que envió a varias personas a manipular testigos a las cárceles del país para favorecerse con sus alegatos, algo que el exmandatario negó en todo momento y defendió ser una víctima de una persecución política. Sin embargo, la magistrada absolvió de un tercer delito de soborno y le concedió cumplir su condena en el régimen domiciliario, aunque ordenó su detención inmediata.

La investigación señala que el abogado Diego Cadena habría ofertado varios beneficios a varios exparamilitares para cambiar los supuestos vínculos de Uribe y su hermano Santiago con el paramilitarismo. Este caso arrancó en 2012 con la denuncia del expresidente al senador Iván Cepeda, en la que alegaba que este había recorrido las cárceles del país para conseguir falsos testimonios sobre la aparición del paramilitarismo en la región. Después de varias versiones y las pruebas, se dictaminó que fueron los abogados de Uribe quienes trataban de manipular testigos para incriminar a Cepeda.

Por su parte, los seguidores del exmandatario han convocado varias marchas por todo el país el próximo jueves 7 de agosto para apoyarle. Se espera que para el día 13 de este mes, los abogados de Uribe apelen la decisión al Tribunal Superior de Bogotá. En esta instancia se debe resolver antes del 16 de octubre para evitar la prescripción del caso.