Qué se sabe de los dos atentados en tres horas en Colombia que han dejado 18 muertos y más de 60 heridos

Con el país todavía de luto tras la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, como consecuencia de las heridas que sufrió en un atentado en el mes de junio, Colombia ha vuelto a estremecerse este viernes con dos atentados prácticamente simultáneos que han dejado, por el momento, 18 muertos y más de 60 heridos. Es el regreso a una época que se creía ya pasada.

En primer lugar, un helicóptero de la Policía –en labores de erradicación manual de cultivos de hoja de coca– fue derribado en el muncipio de Amalfi (Antioquia), tras un ataque con drones. Murieron los 12 policías que estaban en el vehículo. Apenas en par de horas después, en Cali, unos desconocidos lanzaron cilindros de gas llenos de explosivos a la base aérea Marco Fidel Suárez. Han muerto seis personas y más de 60 han resultado heridas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó en primer momento el ataque al helicóptero al Clan del Golfo –una organización narcoparamilitar y terrorista que surgió tras la desmovilización entre 2003 y 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia–, aunque poco después rectificó y señaló a la estructura 36 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), vinculadas a alias Calarcá.

Por su parte, el presidente del país, Gustavo Petro, atribuyó el atentado en Cali a las facciones lideradas por Iván Mordisco, el jefe del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. «El terrorismo es la nueva expresión de esas facciones», escribió. Más tarde, el Gobierno confirmó la captura en el lugar de alias Sebastián, presunto integrante de ese grupo. El ministro de Defensa anunció además una recompensa de 200 millones de pesos por información sobre los responsables, cifra que la Alcaldía de Cali duplicó hasta los 400 millones.

Por el momento, las autoridades mantienen la tesis de que los atentados no han sido hechos aislados, sino coordinados y parte de una ofensiva más amplia de las disidencias contra el Estado. Desde octubre del año pasado, el Gobierno de Petro ha intensificado la Operación Perseo en el cañón del Micay, un corredor estratégico del suroccidente colombiano por donde circulan armas y cocaína hacia el Pacífico. Allí operan los frentes Carlos Patiño y Jaime Martínez, reductos de las FARC que se negaron a acogerse al Acuerdo de Paz de 2016 y que hoy conforman la facción conocida como Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) nació en los años sesenta, en el contexto de la violencia bipartidista y con la bandera de la lucha campesina. Con el tiempo, sin embargo, se transformó en una organización armada profundamente vinculada al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, lo que le permitió financiarse y mantener una guerra prolongada contra el Estado. El acuerdo firmado en 2016 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos significó la desmovilización de la mayor parte de sus combatientes, la creación del partido Comunes y el inicio de un proceso de reintegración. Pero una parte de la organización, especialmente mandos medios reacios a dejar las armas y perder sus economías ilegales, se apartó del pacto y conformó nuevas estructuras, entre ellas la de Mordisco.

Ese quiebre explica en buena medida la actual escalada de violencia. El Gobierno de Gustavo Petro intentó, en sus primeros meses de mandato, sumar a estas disidencias a su proyecto de «paz total», pero los diálogos fracasaron y dejaron en evidencia que los grupos no estaban dispuestos a negociar en condiciones de desarme. Desde entonces, la relación ha derivado en una confrontación directa, con ofensivas militares en Cauca y Nariño, por un lado, y atentados cada vez más audaces por el otro.

Hasta ahora, sin embargo, la violencia de las disidencias se concentraba en territorios rurales de difícil acceso, donde históricamente han ejercido control territorial. El hecho de que ahora hayan operado en Cali, una ciudad de más de dos millones de habitantes, refleja una escalada destinada a golpear al Estado y a un país, Colombia, que vuelve a asomarse al abismo de su turbulento pasado.