El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro
La defensa de Bolsonaro acusa de motivación política las investigaciones del Supremo y rechaza riesgo de fuga
Los abogados del expresidente brasileño, en prisión domiciliaria, sostienen que cumple las medidas cautelares y niegan que un borrador de asilo en Argentina constituya prueba de evasión, mientras se acerca su juicio por intento de golpe de Estado
La defensa del expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario y a la espera de un proceso crucial ante el Supremo Tribunal Federal, respondió este viernes a las acusaciones de la Policía Federal y negó de forma categórica que exista un riesgo de fuga o un incumplimiento de las medidas cautelares que pesan sobre él. Los letrados calificaron de «informe político» las conclusiones de los investigadores, a quienes acusaron de intentar erosionar la imagen de un dirigente que, según insistieron, aún conserva relevancia en la escena política brasileña.
El juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, había exigido explicaciones en un plazo de 48 horas tras hallar en el teléfono móvil del exmandatario un borrador de solicitud de asilo al Gobierno argentino, fechado en febrero de 2024. A escasas horas de cumplirse el límite, la defensa sostuvo que dicho documento preliminar no puede considerarse una prueba de evasión ni de desobediencia judicial, remarcando que Bolsonaro «ha observado rigurosamente todas las resoluciones desde el inicio de las investigaciones».
En el mismo escrito, los abogados enfatizaron que la Policía ha intentado proyectar, tanto dentro como fuera del país, la imagen de que Bolsonaro planificaba abandonar Brasil para eludir la Justicia, algo que tacharon de «falso» e «impactante», especialmente cuando faltan poco más de diez días para el inicio del juicio penal, previsto para el 2 de septiembre. Dicho proceso lo acusa de haber liderado una trama golpista destinada a impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de 2022, y contempla una eventual pena que podría alcanzar los cuarenta años de prisión.
La investigación que dio origen a la actual controversia se desarrolla en una pieza separada en la que también está imputado Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del expresidente. Según la Policía Federal, ambos habrían coordinado esfuerzos para entorpecer el proceso judicial, incluso a través de contactos con sectores afines a la Administración del entonces presidente estadounidense Donald Trump. En su informe, los agentes atribuyen a los investigados los delitos de coacción y tentativa de abolición del Estado democrático de derecho mediante la restricción del funcionamiento de los poderes constitucionales.
El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro
Pese a la gravedad de esas conclusiones, la defensa subrayó que el informe «no aporta hechos nuevos» y que Bolsonaro «no ha violado ninguna medida cautelar en el último año y medio». El mes pasado, el Supremo endureció las condiciones al imponerle una tobillera electrónica ante el riesgo de fuga y prohibirle el uso de redes sociales. Posteriormente, decretó su prisión domiciliaria tras considerar que había incumplido dichas restricciones.
Uno de sus defensores, el abogado Celso Vilardi, denunció que el informe de la Policía constituye un intento de desmoralización, al exponer aspectos privados de la vida del exjefe de Estado y atribuirle acusaciones que calificó de «tan graves como inverosímiles». Además, argumentó que el uso de WhatsApp en ningún caso supone vulnerar la medida que le prohíbe manejar redes sociales, puesto que «no existe en las resoluciones judiciales una referencia expresa a esa aplicación, que no puede confundirse con una red social abierta al público».
