El Gobierno de Trump demanda a Boston por sus políticas de refugio a inmigrantes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra la ciudad de Boston y su alcaldesa, Michelle Wu, en un nuevo episodio del enfrentamiento entre la administración de Donald Trump y las llamadas «jurisdicciones santuario». El Ejecutivo republicano sostiene que las políticas locales de refugio interfieren directamente con la aplicación de las leyes migratorias federales, restringiendo la cooperación entre la policía municipal y los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Boston, capital de Massachusetts y una de las urbes más activas en la defensa de comunidades inmigrantes, figura desde hace meses en la lista de jurisdicciones señaladas por la Casa Blanca. Para el Gobierno de Trump, la negativa a colaborar en detenciones y deportaciones representa una «obstrucción» a la justicia y, en la práctica, supone liberar a personas que, en su criterio, deberían ser expulsadas del país. «La administración local ha ejecutado políticas diseñadas para proteger a extranjeros ilegales y socavar el cumplimiento de la ley», afirmó la fiscal general Pam Bondi al anunciar la acción judicial.

La alcaldesa Wu ha defendido reiteradamente la postura de la ciudad. En declaraciones a la emisora WBUR, recordó que la Boston Trust Act, aprobada en 2014, prohíbe a la policía compartir datos con ICE salvo en circunstancias muy concretas, y advirtió que los agentes que incumplan esa normativa se enfrentarán a sanciones. «Nuestro deber es garantizar la confianza entre la comunidad y las fuerzas de seguridad, no sembrar miedo ni dividir a las familias», enfatizó.

El Departamento de Justicia, sin embargo, sostiene que esta negativa deja en libertad a individuos potencialmente peligrosos bajo custodia policial y con órdenes de deportación pendientes. El pasado 5 de agosto, la administración Trump ya había publicado un listado de jurisdicciones «santuario» con el objetivo de presionar a ciudades y estados a modificar su postura, amenazando con sanciones y recortes de fondos federales.

No es la primera vez que el presidente republicano emprende acciones de este tipo. Durante su primer mandato, intentó condicionar la entrega de recursos federales a la cooperación con ICE, aunque la mayoría de esos intentos fueron frenados en los tribunales. Aun así, la estrategia de confrontación con los «santuarios» se ha convertido en una bandera política de Trump, que la considera un elemento clave de su discurso de mano dura en materia migratoria.

Boston se suma ahora a una lista de ciudades y estados que ya han sido llevados a los tribunales, entre ellos Nueva York, Los Ángeles, California, Colorado e Illinois. Para estas comunidades, el trasfondo del debate no es solo legal, sino también social: defienden que la colaboración ciega con las autoridades migratorias erosiona la confianza de los residentes, dificulta la denuncia de delitos y compromete la seguridad pública.

En este escenario, la batalla legal recién abierta podría tener un impacto decisivo en la relación entre el Gobierno federal y los gobiernos locales, y reabrirá un debate de fondo sobre el equilibrio entre la soberanía de las ciudades y el poder del Ejecutivo en materia migratoria.