Protestas a favor de Bolsonaro en Brasilia
Las claves del juicio histórico contra Bolsonaro, que entra en su recta final
«Se buscó imponer una verdadera dictadura». Con esa frase, pronunciada en la apertura del juicio oral contra Jair Bolsonaro, el juez Alexandre de Moraes dejó clara la magnitud del proceso que se desarrolla en Brasilia. El expresidente, de 70 años, afronta la recta final de un juicio histórico en el Supremo Tribunal Federal, acusado de liderar una conspiración para anular el resultado electoral de 2022 y mantenerse en el poder por la fuerza. Nunca antes en Brasil un exmandatario había tenido que responder ante la justicia por un intento de golpe de Estado.
La fase decisiva arranca este martes, cuando los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo empiecen a pronunciar sus dictámenes y a votar. El primero será el propio Moraes, instructor del caso y figura central en la resistencia institucional frente al bolsonarismo, que ya ha dejado entrever que propondrá una condena ejemplar. A su lado, deberán pronunciarse Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, este último exabogado de Lula y encargado de proclamar el resultado final. Se necesitan al menos tres votos para que prospere una condena.
La Fiscalía General acusa a Bolsonaro de cinco delitos —desde golpe de Estado hasta pertenencia a organización criminal armada— que podrían suponerle hasta 40 años de cárcel. El fiscal Paulo Gonet lo definió como el «líder» de la trama y recordó que llegó a respaldar borradores de decretos para dar apariencia legal a la anulación de los comicios, así como un plan de magnicidio contra Lula y otras autoridades. El propio Bolsonaro, que desde agosto cumple prisión domiciliaria en su casa de Brasilia tras violar medidas cautelares, escuchará la sentencia desde allí. Al expresidente se le retiró el pasaporte tras descubrirse una carta pidiendo asilo en Argentina y lleva meses con tobillera electrónica.
Del otro lado, sus abogados insisten en la falta de pruebas y reclaman la absolución. El expresidente niega haber intentado un golpe y se presenta como víctima de una persecución judicial. «Toda esta farsa caerá por tierra», proclamó su esposa, Michelle Bolsonaro, el domingo, en una manifestación en São Paulo que reunió a más de 40.000 personas, la más numerosa hasta la fecha en defensa del líder. Desde Estados Unidos, donde reside desde hace meses, su hijo Eduardo arremetió contra el Supremo y prometió redoblar las sanciones personales contra Moraes y su familia, en sintonía con Donald Trump, que ha tachado el juicio de «caza de brujas» y castigado a Brasil con nuevos aranceles.
El clima en Brasilia es de enorme expectación. El voto de Luiz Fux, que en ocasiones anteriores ha cuestionado la dureza de Moraes, será clave para determinar la orientación final del fallo. Y aunque en teoría el resultado debería conocerse esta misma semana, siempre queda abierta la posibilidad de que algún magistrado pida más tiempo para estudiar el caso, lo que retrasaría la sentencia hasta diciembre. Una condena no supondría el ingreso inmediato en prisión, pues caben recursos, pero marcaría un antes y un después en la política brasileña. Bolsonaro ya está inhabilitado hasta 2030, pero sigue siendo el líder indiscutible de la oposición y su figura condiciona las pugnas internas en la derecha. Tres gobernadores que suenan como candidatos para 2026 ya han prometido públicamente que le concederían el indulto si llegaran al poder, mientras en el Congreso se baraja la idea de una amnistía para los condenados por el intento de golpe.
Bolsonaro en prisión domiciliaria
Mientras tanto, el bolsonarismo se moviliza en la calle y busca mantener vivo el relato de la persecución. La recta final del juicio coincide además con la celebración del Día de la Independencia, fecha fetiche para la derecha brasileña, lo que augura nuevas tensiones entre manifestantes y Gobierno. El propio Lula encabezará el desfile oficial en Brasilia mientras se esperan concentraciones en defensa de la «libertad de expresión». Dos narrativas enfrentadas, dos visiones irreconciliables del país.