EE.UU. se acerca a las dos semanas de cierre de Gobierno con consecuencias devastadoras para la Administración

Desde 1976, tan solo en cuatro ocasiones Estados Unidos se ha enfrentado a un cierre de Gobierno que se prolongue por encima de las dos semanas. La última, en 2018, también con Donald Trump como presidente, se alargó hasta los 35 días, la más extensa registrada, y dejó pérdidas por valor de 3.000 millones de dólares. Republicanos y demócratas saben que sería una catástrofe dilatarse hasta tales extremos, pero el cierre entra en su segunda semana con pocas esperanzas en el corto plazo mientras ningún partido dé el brazo a torcer. Y es que mientras el presidente se ha hecho fuerte con la política exterior, está viviendo sus días más tumultuosos dentro de sus propias fronteras.

La parálisis administrativa, que comenzó la medianoche del 1 de octubre ante la falta de un acuerdo presupuestario, ha derivado en una crisis política y laboral que ya afecta a cientos de miles de empleados públicos. El Senado volverá a reunirse este martes 14, cuando está prevista una octava votación sobre la propuesta republicana para reabrir la Administración, un intento que –a tenor de los precedentes– difícilmente prosperará. La distancia entre las partes sigue siendo la misma, pues los demócratas exigen renovar los subsidios del programa sanitario Obamacare y revertir los recortes en Medicaid incluidos en la gran reforma fiscal impulsada por Donald Trump, mientras los republicanos insisten en condicionar cualquier financiación a la reducción del gasto social.

Mientras, la prolongación del shutdown comienza a tener efectos devastadores. Más de 750.000 funcionarios federales siguen suspendidos de empleo y sueldo, y cerca de medio millón de trabajadores «esenciales» –desde controladores aéreos hasta agentes fronterizos– continúan acudiendo a sus puestos sin cobrar. Los aeropuertos de todo el país han sufrido retrasos y cancelaciones, y algunos, como el de Nashville, ya han tenido que cerrar temporalmente torres de control por falta de personal.

En paralelo, los principales museos y monumentos nacionales de Washington, entre ellos la National Gallery, han cerrado sus puertas al público, y varias agencias federales comienzan a advertir de interrupciones en sus servicios. El caso más alarmante es el de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), donde más de mil empleados recibieron el viernes avisos de despido en plena emergencia sanitaria por el aumento de los casos de sarampión.

Desde la Casa Blanca, Trump ha endurecido el tono, ha anunciado «despidos masivos» dentro del Gobierno federal y ha asegurado que estos estarán «orientados a los demócratas». «Ellos iniciaron esto, así que deberían asumir las consecuencias», afirmó el mandatario. En una rueda de prensa, fue más allá al sugerir que no todos los funcionarios suspendidos tendrán garantizado el pago retroactivo de sus salarios, pese a la ley que lo establece desde 2019.

El propio Trump ha reconocido que busca aprovechar el cierre para «reducir el tamaño del aparato federal» y ha prometido una reestructuración profunda de las agencias más críticas con su Administración. La medida ha sido interpretada por los demócratas como una forma de presión política. «Está utilizando a los trabajadores públicos como rehenes», denunció Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

Mientras tanto, la incertidumbre alcanza también al Ejército. Más de 1,3 millones de militares deberían recibir su paga esta semana, pero el cierre amenaza con retrasar los pagos por primera vez en la historia del país. Trump aseguró en su red social Truth Social que ha identificado fondos federales para cubrir esos salarios y que ha pedido al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que proceda a distribuirlos. No obstante, el mandatario no explicó ni el origen del dinero ni el mecanismo que se empleará para liberarlo.

A medida que el país entra en su segunda semana de parálisis, la sensación generalizada en Washington es que el coste político crecerá con cada día que pase. Y ambos partidos saben que el ganador será quién logre convencer a los estadounidenses de que el otro fue el culpable de paralizar el Gobierno.