Julian Assange pide 20 años de cárcel para un empresario español por espiarle en Londres

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, pide veinte años y medio de cárcel para el dueño de la empresa española encargada de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres (2015-2018), por espiarle durante su asilo y entregar a terceros información «ilícitamente obtenida» sobre él y otras personalidades, entre ellos varios presidentes latinoamericanos.

En su escrito de acusación presentado en la Audiencia Nacional, Assange hace esta petición de pena para David Morales, gerente de la empresa Undercover Global (UC Global), por revelación de secretos, organización criminal, cohecho, tenencia ilícita de armas y blanqueo. Solicita además otra pena de cinco años de cárcel para el responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, en su caso solo por delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Otros perjudicados por estos hechos, como el expresidente de Ecuador Rafael Correa, han presentado también escritos de acusación contra los responsables de esta empresa con peticiones de pena similares.

En su escrito, Assange recuerda que como periodista al frente de WikiLeaks, se situó en el centro de «graves represalias y persecuciones políticas» en 2010 tras divulgar archivos que revelaron «gravísimas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por militares norteamericanos» en Irak y Afganistán y en la prisión de Guantánamo (Cuba).

Tras la filtración, y para esquivar las órdenes de arresto contra él –entre ellas una de Suecia por cargos de abuso sexual, que luego se retiraron–, se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció hasta 2019. Entre 2015 y mediados de 2018 la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC GLOBAL.

Fue en 2016, sostiene el escrito, cuando Morales suscribió acuerdos ilegales con autoridades norteamericanas «para nutrirles de información sensible» sobre Assange y sus abogados. Con ese fin, en 2017, se instalaron nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con numerosas personalidades.

Entre ellos, su abogado, el exjuez español Baltasar Garzón; el exvicepresidente del gobierno español Pablo Iglesias o los exmandatarios de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; Brasil, Dilma Rousseff, y Uruguay, José Mújica.

Durante el proceso de instalación de las cámaras, Morales exigió además a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo ('streaming'), lo que le permitió abrir dos canales para el acceso 'online', uno oficial para Ecuador y otro para «los amigos de Estados Unidos».

En 2022, un grupo de periodistas y abogados demandaron en Nueva York a la CIA y a su exdirector Mike Pompeo por espiar supuestamente sus conversaciones con Assange en la embajada de Ecuador en Londres. La investigación acreditó que Morales efectuó pagos de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa pide por estos hechos 13 años de cárcel para Morales y otro seis para el responsable de operaciones de UC Global, además de una condena de multa y disolución de esta empresa.

Además del expresidente ecuatoriano y del propio Assange, entre los perjudicados en esta causa figuran una abogada del activista australiano, una asesora jurídica; varios periodistas, el excónsul de Ecuador en Londres, Fidel Narváez; y el exembajador de Reino Unido en Uzbekistán y amigo de Assange, Craig Murray.