Miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y de la pandilla salvadoreña MS-13 a su llegada al CECOT en la ciudad de Tecoluca, El Salvador
El Gobierno de Trump se enfrenta a una investigación por posible desacato al expulsar inmigrantes a El Salvador
En una audiencia este miércoles en Washington, el juez dijo que el tribunal de apelaciones le había dado luz verde para continuar con la indagación
El asunto vuelve a escena. El juez federal, James Boasberg, anunció este miércoles en Washington que retomará la investigación para determinar si funcionarios del Gobierno de Donald Trump violaron una orden judicial que prohibía los vuelos de deportación a El Salvador. La autorización le llega después de que el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia desbloqueara el procedimiento, según publicó The Washington Post.
El origen del conflicto está fechado en abril. Entonces, Boasberg ordenó abrir una indagación en el marco de un proceso para valorar un posible desacato: la Administración habría ignorado un fallo judicial y enviado a más de 200 inmigrantes, mayoritariamente venezolanos, a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
La orden quedó en suspenso semanas después, a la espera de la revisión del tribunal superior. Ahora, con el freno levantado, el magistrado avanza. Y lo deja claro: «Mi investigación no consiste en determinar si se debe declarar al gobierno en desacato, sino en determinar si existe suficiente información para remitir el caso por desacato», afirmó.
Boasberg anticipó además que llamará a declarar al menos a dos personas: Erez Reuveni, informante del Departamento de Justicia y despedido tras este episodio, y Drew Ensign, abogado del mismo departamento, a quien Reuveni acusó de engañar al tribunal sobre los vuelos.
El juez ya había reprochado en una opinión de más de 40 páginas el «completo menosprecio» con el que, según él, se desobedeció la orden judicial. «La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», escribió entonces.
El detonante inmediato fue la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de Trump el 14 de marzo, medida con la que expulsó a cientos de venezolanos a los que vinculó con la organización criminal Tren de Aragua. Un día después, Boasberg bloqueó el uso de esa ley justo cuando dos aviones ya volaban rumbo a Centroamérica. Ordenó su retorno, pero estos no regresaron.
Los aparatos aterrizaron en El Salvador, abriendo una batalla legal sin precedentes. Trump llegó incluso a sugerir un juicio político contra el magistrado.
Este no es el único frente abierto. La Casa Blanca mantiene otro litigio por la expulsión del salvadoreño Kilmar Ábrego García, enviado a El Salvador junto al grupo y retornado posteriormente a EE.UU. por orden judicial.
