Venezuela  Maduro redobla la represión interna en plena escalada militar con Estados Unidos

La muerte del preso político Alfredo Díaz este sábado en El Helicoide, el mayor centro de torturas del régimen chavista, no se trata de una excepción dentro de la dictadura venezolana, dirigida con puño de hierro por Nicolás Maduro y su núcleo duro. Más allá de esos bailes que algunos pueden encontrar hasta divertidos y detrás de ese característico chándal, se esconde un dictador que, sobre todo durante el último año, ha tratado de aplastar cualquier tipo de oposición o disidencia interna mediante el uso de la fuerza. Sin embargo, ha habido una persona con la que no ha podido, la líder opositora María Corina Machado (MCM) y su tándem Edmundo González Urrutia, los verdaderos ganadores de las elecciones del pasado 28 de julio de 2024.

Como consecuencia del fracaso absoluto de la maquinaria del régimen para esconder su monumental derrota en los comicios de hace más de un año, la estrategia a seguir desde entonces ha sido redoblar la represión no solo contra la oposición, sino contra toda la sociedad civil venezolana. La dictadura de Maduro ha logrado inculcar la idea –y la sensación– de que todo se ve y se escucha y cualquier mínima crítica puede ser considerada motivo suficiente para pasar a engrosar la amplia lista de desaparecidos.

Este fin de semana, el estado de Nueva Esparta despedía a su exgobernador, de 56 años, detenido desde noviembre de 2024 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en El Helicoide, en Caracas. Su familia apenas pudo verlo en todo este tiempo, y la única visita que se le permitió fue la de su hija. De hecho, gran parte de la familia de Díaz, figura destacada de Acción Democrática (AD), no pudo siquiera estar presente en su sepelio. Su hija, Daliannys Díaz, en un vídeo en redes sociales, denunció que a su padre «lo mataron lentamente». La mujer del preso político, Leynnys Malave, acusó directamente al régimen chavista, concretamente al ministro del Interior, Diosdado Cabello, de ser el responsable de la muerte de su marido.

Caracas, y tras la fuerte respuesta de condena tanto interna como internacional por la muerte de Díaz, trató de salir del paso argumentando que el político había fallecido a causa de un «infarto». A modo de respuesta, Corina Machado y González Urrutia emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron de que la muerte de Díaz responde a un «patrón sostenido de represión estatal» y se enmarca en una política de «represión estatal». En este mismo mensaje, recordaron que ya son siete los presos políticos que han muerto en prisión tras las fraudulentas elecciones presidenciales de julio de 2024 y 17 desde 2014.

En su último informe, hecho público el pasado 5 de diciembre, la ONG Foro Penal eleva a 887 los presos políticos en Venezuela, de los cuales en 60 casos no se conoce el destino o paradero de estas personas. Estos registros incluyen a 117 mujeres, 174 militares y cuatro adolescentes entre 14 y 17 años. Además, esta organización de derechos humanos denuncia que 727 personas permanecen privadas de libertad sin haber recibido condena, mientras que 160 cuentan con sentencia firme. Destacan los casos de Carla Da Silva, Karen Hernández y Leonardo Chirinos, en los que se registraron traslados arbitrarios, desapariciones y procesos judiciales aún pendientes, sin dejar de mencionar el caso del estrecho colaborador de Corina Machado, el abogado Perkins Rocha, o el yerno de González Urrutia, Rafael Tudares, entre muchos otros.

«Paso muchos días tomando las pastillas que me manda el psiquiatra. Hay veces que no quiero hacer nada, me siento deprimida, lloro mucho. Me paro y salgo de la casa cuando recuerdo que mis hijas me dicen que me necesitan fuerte porque soy la única que ve por ellas», relata una mujer que tiene a sus dos únicas hijas, de 25 y 23 años, detenidas injustamente en un centro penitenciario al este del país. Este testimonio, recogido por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), es tan solo uno de los muchos que se pueden encontrar en un país donde se han realizado más de18.591 detenciones políticas desde 2014. Además, y en un paso más allá para controlar a su población, Maduro ha ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desarrollar una nueva aplicación que permita a la población reportar a las autoridades «todo lo que ve y todo lo que oye. Las 24 horas del día».

La plataforma, conocida como VenApp, es tan solo una herramienta más al servicio del régimen para reprimir a su propia población civil. «Esta iniciativa representa una grave preocupación para la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad, porque promueve un sistema de vigilancia social y la militarización del orden público», denunció en su momento la organización activista Venezuela Sin Filtro. Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el pasado mes de septiembre la guerra contra el narcotráfico y pusiera a Maduro contra las cuerdas con un despliegue naval sin precedentes en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas, la situación en el país sudamericano no ha hecho más que empeorar.