Venezuela: una historia de robos y expolio en nombre de la «revolución» chavista

Venezuela, tierra de gracia y de dolor, hoy, en nombre de una supuesta «revolución» que prometía justicia social y equidad, nuestro país padece una vorágine de saqueos sistemáticos contra la propiedad privada y un vendaval de violaciones de los más elementales derechos humanos, dejando a su paso un rastro de ruina, lágrimas y exilio. Lo que comenzó como un discurso populista bajo el mando de Hugo Chávez derivó en un régimen depredador bajo Nicolás Maduro, donde el Estado –amparado en leyes arbitrarias y fuerzas represivas– despoja a ciudadanos honestos de sus tierras, empresas, hogares, de su libertad y hasta de sus vidas.

No se trata de redistribución: es robo puro y simple. Un asalto a la dignidad humana disfrazado de «ideología revolucionaria». Y lo peor: los despojados no solo pierden su patrimonio, sino que terminan en prisión o errantes en el destierro, huyendo de una persecución implacable. Veamos, con el corazón apretado, algunos casos que ilustran esta tragedia.

Ganaderos y agricultores, guardianes de la tierra fértil que alimentaba a la nación, fueron los primeros en sufrir la embestida. Familias que durante generaciones cultivaron vastas extensiones vieron sus tierras arrancadas en nombre del «pueblo». En 2005, el Gobierno chavista invocó la figura de tierras «improductivas», iniciando una ola de expropiaciones que devastó la producción agrícola.

Uno de los casos más lacerantes fue el de la empresa británica Vestey Group, propietaria de grandes haciendas ganaderas: en 2011, Chávez ordenó la confiscación de varias haciendas en el estado Barinas, dejando a los dueños –extranjeros y venezolanos– en la ruina y forzando a muchos a exiliarse para evitar represalias.

Otro ejemplo emblemático es el del Hato El Frío, ubicado en el estado Apure, una reserva ecológica y productiva convertida, tras su ocupación, en un páramo abandonado. Sus propietarios, acosados por milicias oficialistas, terminaron huyendo mientras la ineficiencia estatal destruía lo que antes era un modelo de producción y conservación.

Otro despojo, de más de 180.000 hectáreas, lo sufrieron los propietarios legítimos del Hato La Vergareña, en el estado Bolívar. Tampoco se salvaron la hacienda El Charcote, localizada en el estado Cojedes, ni la hacienda Bolívar en Santa Barbara del Zulia, empresas saqueadas y abandonadas a su peor suerte. Al día de hoy, atenidos a los relatos que está ofreciendo en tribunales de Estados Unidos, el general Hugo 'El Pollo' Carvajal, en esos predios lo que funcionan son las pistas desde donde despegan los aviones cargados de drogas traficadas hacia Honduras.

La paradoja es dolorosa: la «revolución» que prometió combatir el hambre destruyó la base de la agricultura. Muchos valientes que resistieron terminaron en prisiones como Ramo Verde o dispersos por el mundo, convertidos en exiliados de su propio país. Pero el saqueo no se limitó al campo. Los tentáculos del poder se extendieron hacia los empresarios que construyeron industrias con trabajo, ingenio y visión. Bajo el pretexto de nacionalizaciones, Chávez y Maduro expropiaron (asaltaron) cientos de compañías –desde siderúrgicas hasta cementeras–, dejando a sus dueños arruinados y perseguidos.

Ahí está el caso de Sidetur, acería líder del país, expropiada en 2010. Sus ejecutivos enfrentaron acusaciones fabricadas; algunos fueron encarcelados y otros escaparon al exilio. La cementera mexicana Cemex fue nacionalizada en 2008, y su directiva fue hostigada hasta empujar a varios de sus miembros fuera del país. Y Agroisleña, columna vertebral del sector agrícola privado, fue rebautizada por el régimen como Agropatria, sumergida en corrupción y destrucción. Sus fundadores fueron acusados de «especulación» y terminaron presos o forzados a huir.

Las expropiaciones se extendieron también a edificios, hoteles y residencias. El caso del Hotel Alba, tomado en 2010, se convirtió en un símbolo de decadencia socialista. Miles de familias perdieron no solo sus negocios, sino su futuro.

El silenciamiento de los medios

El asalto revolucionario no solo arrebató bienes materiales sino también atacó la libertad de expresión. El cierre de RCTV en 2007 fue un puñal directo al corazón de la democracia. Al negar la renovación de su licencia, Chávez despojó a una de las televisoras más emblemáticas del país y obligó a muchos de sus trabajadores a emigrar bajo amenazas.

Estos «robos revolucionarios» buscaban silenciar voces, pero no lograron apagar el espíritu de libertad

En el plano impreso, El Nacional sufrió un asedio prolongado: ofertas de comprar el medio que su editor rechazo, una y otra vez; escasez de papel impuesta por el Estado; persecuciones y, finalmente, el embargo judicial de su sede en 2021 tras una demanda impulsada por Diosdado Cabello. Su director, Miguel Henrique Otero, terminó también en el exilio. Estos «robos revolucionarios» buscaban silenciar voces, pero no lograron apagar el espíritu de libertad.

Entre los episodios más recientes y dolorosos está el de Ricardo Albacete, respetado empresario del estado Táchira. Su «delito» no fue corrupción ni sabotaje, como falsamente le atribuyó el régimen. Su único pecado fue ejercer la hospitalidad: alojar en su residencia de San Cristóbal a la líder opositora María Corina Machado (MCM) durante una gira política por el estado Táchira. En su testimonio a la periodista Sebastiana Barraez, Albacete relató el viacrucis que jamás imaginó vivir: le saquearon fábricas, vehículos, montacargas, plantas eléctricas –hoy utilizadas en La Guaira–, herramientas, repuestos, ordenadores y hasta los alambres de acero destinados a exportación. Más de 8.000 repuestos industriales fueron confiscados. Su residencia fue literalmente vaciada: ropa, lencería, muebles, retratos, electrodomésticos… no dejaron nada.

El comisario político de la «revolución», Freddy Bernal, montó en enero de este año, un espectáculo en la Feria de San Sebastián mostrando como trofeo los bienes robados. La alcaldía del Guásimo, según denunció Albacete, recibió equipos de su empresa en connivencia con la alcaldesa Soraida Parra. Decenas de trabajadores quedaron desempleados tras el saqueo. En julio de 2024, el régimen lo detuvo arbitrariamente y tomó control judicial de su empresa, que fue allanada y desmantelada. Aunque fue liberado meses después, el daño patrimonial –y humano– ya estaba hecho.

¡Basta ya de esta farsa! Los «robos revolucionarios» no representan justicia ni igualdad; son un retroceso hacia la barbarie, un proyecto de devastación que ha fracturado la vida de millones. Venezuela clama por justicia, por la restitución de la propiedad privada, por el respeto al ciudadano y a la libertad. Sólo entonces, libres de saqueadores disfrazados de redentores, podremos resurgir de las cenizas. Ese es parte de las acciones previstas para los primeros meses de actuación del Gobierno de transición que encabezarán María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.