¿Está el Gobierno francés condenado tras la maniobra desesperada para sacar adelante los Presupuestos?

Francia va a entrar en 2026 sin Presupuestos y con una sensación cada vez más extendida de agotamiento institucional. La aprobación por unanimidad de una ley de prórroga presupuestaria –una herramienta excepcional prevista para situaciones límite– ha evitado el colapso inmediato del Estado, pero no ha resuelto el problema de fondo. A saber, un país gobernado sin mayorías, atrapado en una Asamblea Nacional fragmentada y con un Ejecutivo que sobrevive a base de parches.

El propio primer ministro galo, Sébastien Lecornu, lo reconoció implícitamente esta semana al advertir de que Francia «necesita un presupuesto en enero» y de que solo será posible si los partidos «dejan de lado los intereses políticos». La ley de emergencia aprobada tanto por la Asamblea como por el Senado permite recaudar impuestos, pagar salarios públicos y seguir financiándose en los mercados, pero no autoriza ni nuevas inversiones ni ajustes estructurales. Es, en palabras del Gobierno, una solución de mínimos que entraña riesgos máximos.

Por si fuese poco, el contexto económico que ahoga al país no admite demasiadas dilaciones. Francia arrastra una deuda pública del 117 % del PIB y un déficit que ronda el 5,4 %, muy lejos del 3 % exigido por Bruselas a medio plazo. Los principales organismos económicos del país coinciden en que sin un presupuesto completo será prácticamente imposible reducir el desequilibrio fiscal al 5 % en 2026, objetivo mínimo marcado por el Ejecutivo. Según cálculos oficiales, prolongar la prórroga durante todo el año supondría pérdidas de miles de millones de euros y un deterioro adicional de la credibilidad financiera del país.

Pese a este alarmismo económico, el problema de fondo no deja de ser político. La Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2024 es la más fragmentada de la V República, con tres grandes bloques –macronistas, izquierda y lepenistas– que se vetan mutuamente. Ninguno está dispuesto a asumir el coste de un acuerdo que implique cesiones sustanciales. La izquierda exige más gasto social y subidas de impuestos a los grandes patrimonios; la derecha y el centro insisten en que el reequilibrio solo puede lograrse mediante recortes. El resultado es un empate permanente que convierte cada negociación presupuestaria en una prueba de supervivencia.

Mientras tanto, Lecornu intenta presentarse como el primer ministro del compromiso, recordando que ya logró sacar adelante los Presupuestos de la Seguridad Social con el apoyo socialista y que es posible gobernar sin mayoría absoluta. Sin embargo, su margen de maniobra es estrecho por sus propias decisiones, ya que se ha comprometido a no recurrir al artículo 49.3 de la Constitución –el mecanismo que permite aprobar leyes sin votación parlamentaria– para evitar una moción de censura. De momento ha cumplido esa promesa, pero la presión para que utilice ese recurso y desbloquee la situación aumenta incluso dentro de su propio campo político.

Francia, que en los últimos 12 meses ha visto a tres primeros ministros caer –Michel Barnier, François Bayrou y el propio Lecornu– sabe que cada batalla para sacar adelante los Presupuestos se convierte en plebiscitos sobre la legitimidad del Ejecutivo. Por si fuese poco, a este panorama se suma el calendario electoral, con las elecciones municipales previstas para marzo. Pocos partidos – por no decir ninguno– están dispuestos a asumir decisiones impopulares —recortes, ajustes fiscales— a las puertas de una cita con las urnas. Cada semana que pasa reduce las posibilidades de un acuerdo rápido y aumenta el riesgo de que la prórroga presupuestaria se convierta en norma y no en excepción.

Mientras tanto, la incapacidad para aprobar las cuentas paraliza otras prioridades estratégicas del Ejecutivo, desde el aumento del gasto en Defensa hasta los planes de «rearme» industrial o la lucha contra el narcotráfico. También debilita la posición de Francia en Bruselas, justo cuando debe fijar postura sobre asuntos sensibles como el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que ha provocado una fuerte contestación del sector agrícola.

Si Lecornu logra aprobar los Presupuestos, será presentado como una victoria política, pero no resolverá la fragilidad estructural del sistema. Si fracasa, el escenario es aún más incierto, desde el recurso forzado al 49.3 hasta una nueva crisis de Gobierno que profundice la sensación de parálisis. Y de fondo, acechando, la probabilidad de que caiga un nuevo Gobierno y el presidente de la República, Emmanuel Macron, se enfrente al dilema de llamar a unas urnas que presumiblemente le darán la espalda o prolongar la agonía de su país. Aunque, pensarán los franceses, en agonía llevan viviendo ya un buen tiempo.