El derecho internacional y la destrucción del pueblo venezolano

Conforme recoge la Carta de las Naciones Unidas, los Estados deben abstenerse, en todo momento, «de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado» (art. 2.4), de ahí que este recurso quede limitado a dos supuestos (art. 51): la legítima defensa previo ataque (aquí se encuadraría la agresión rusa a Ucrania) y el cumplimiento del mandato del Consejo de Seguridad para restaurar la paz (véase la Guerra del Golfo de 1991).

En base a este postulado y tomado de manera aséptica y desligada de cualquier otra consideración, podría afirmarse que la operación militar del 3 de enero habría vulnerado de manera flagrante el Derecho Internacional. Por consiguiente, ¿qué consecuencias cabría esperar? Todas y ninguna. Todas porque esta violación podría dar lugar a la adopción de sanciones, pero ninguna porque Estados Unidos dispone de veto en el Consejo de Seguridad y porque los Estados podrían decidir unilateralmente no secundarlas.

Ahora bien, en los últimos meses, Washington ha adoptado una serie de decisiones que, correctamente ensambladas, podrían llegar a armar la justificación de un ataque en legítima defensa (evidentemente no estaríamos una agresión militar, pero sí ante una contra la seguridad nacional). El argumento de base es bien sencillo: la narcodictadura venezolana, encabezada hasta ahora por Nicolás Maduro bajo la tutela de Diosdado Cabello, el Cartel de los Soles y el tren de Aragua son, según la Secretaría de Estado, «los responsables de la violencia terrorista» que sacude el hemisferio americano en su totalidad. El debate acerca de si la lucha contra ellos con miras a su desmantelamiento constituye, en consecuencia, un acto legitimado está servido.

Dicho todo esto, no hay que olvidar que, junto con estos principios de la Carta de las Naciones Unidas en lo referente a la integridad de los Estados, existen también en el ámbito internacional otras disposiciones que protegen la dignidad de los individuos en todas sus vertientes, como la Carta Universal de Derechos Humanos cuyo articulado ha sido vulnerado sistemáticamente por el régimen bolivariano. Este último, entre otros, no solo ha violado el derecho de los venezolanos a su propia seguridad (art. 3) y dado cabida a la tortura y a los tratos inhumanos y degradantes contra opositores (art. 5), sino que también ha favorecido la arbitrariedad judicial (arts. 8 y 9) y acometido el desmantelamiento deliberado del Habeas Corpus (art.11).

Desde el momento de la detención de Maduro, contra quien pesaba una orden de detención, ciertos sectores del espectro político afín al bolivarianismo se han aferrado, cual pataleta infantil por no haber recibido el regalo deseado en Reyes, a la máxima de la no injerencia. Posiblemente, sea porque durante demasiado tiempo estuvieron recibiendo unas cuantiosas prebendas a costa del sufrimiento del pueblo venezolano que ahora podrían desaparecer, al igual que los bailes de escaso estilo en mítines del propio Maduro.

Ignoran que Maduro y sus secuaces no representan a día de hoy al gobierno legítimo de Venezuela. Son usurpadores del poder y secuestradores de la soberanía nacional, ya de por sí tan maleada, tras haber cometido un fraude masivo sobradamente acreditado el 28 de julio de 2024. Aquel día el pueblo venezolano eligió a Edmundo González como su presidente, pero el chavismo madurista, en lugar de acatar la decisión soberana de la ciudadanía, optó por robar la elección. ¿Por qué no alzaron entonces las voces contra la validez del proceso electoral y las disposiciones de su derecho interno?

Efectivamente, el derecho internacional prescribe la no injerencia en los asuntos internos y la integridad territorial, pero difícilmente puede entenderse su respaldo férreo cuando moralmente un régimen destruye a un pueblo, persigue como traidores a quienes disienten de la opinión del poder, carcome todo un sistema político y judicial hasta convertirlo en un cadáver inerte, condena al exilio a millones de sus compatriotas y se sirve del interés general en provecho propio, atesorando en cuentas privadas millones de dólares provenientes del saqueo de un país. Ante un panorama así, ¿se puede ser cómplice o es necesario actuar?

Luis Rodrigo de Castro es secretario académico y profesor colaborador doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.