La represión de las protestas en Irán deja cerca de 9.000 desaparecidos y casi 4.000 muertos

Irán permanece en la oscuridad. El paso 8 de enero, el régimen iraní impuso un apagón total de internet y telecomunicaciones coincidiendo con el día álgido de las manifestaciones que ya volvían a pedir la caída de la República Islámica. Desde entonces, el aparato represivo de los ayatolás se ha empleado a fondo para acabar con las protestas, llegando a abrir fuego de manera indiscriminada contras civiles indefensos que se echaban a las calles. El último balance de las organizaciones de derechos humanos como HRNA, con sede en Estados Unidos, elevan ya el número de muertos a 3.919 personas, mientras que otras 8.949 están desparecidas, se desconoce si también perdieron la vida durante el levantamiento o están detenidas.

La pasada semana, el ministro de Justicia de Irán, Amin Hossein Rahimi, amenazó con considerar «terroristas» a cualquiera que haya estado presente en las calles desde el 8 de enero en adelante. De hecho, los manifestantes se enfrentaban a ser acusados de ser «enemigos de Dios», un delito que conlleva la pena de muerte. La represión y la violencia ejercida por las autoridades del régimen, especialmente por la Guardia Revolucionaria y su milicia basij, han sofocado, por ahora, las protestas. Aún así, la República Islámica mantiene el apagón digital y se resiste a que los testimonios, imágenes y grabaciones de las masacres cometidas para acabar con el levantamiento de su propio pueblo salgan a la luz.

A pesar de todo, los iraníes han logrado, a cuentagotas, contar y denunciar lo que ha sucedido en Irán. HRNA asegura que desde el pasado 28 de diciembre, cuando empezaron las protestas, se han registrado 24.669 detenciones. En este sentido, la organización de derechos humanos ha advertido de que, aunque ya no se registran manifestaciones, el régimen está protagonizando una nueva oleada de arrestos en varias ciudades y denuncia el uso de la violencia por parte de las autoridades para forzar a los arrestados a realizar confesiones falsas. Todas estas tácticas sirven al mismo fin: infundir miedo entre la población para evitar cualquier conato de rebelión. En el país predomina un toque de queda tácito, a partir de las cuatro de la tarde, las calles se vacían.

Asimismo, la Fiscalía de Teherán ha abierto nuevos casos judiciales contra más de 20 figuras relevantes del mundo de la cultura, de los negocios o el deporte por, supuestamente, apoyar las protestas que desde el régimen deslegitiman tachándolas de «disturbios» o «actos terroristas», espoleados por agentes extranjeros. «La Fiscalía de Teherán ha abierto casos judiciales contra 15 figuras del ámbito deportivo y artístico, y también contra diez firmantes de un comunicado de la Casa del Cine», ha informado este martes la agencia de noticias Mizan, vinculada al Poder Judicial del régimen, sin ofrecer los nombres de los acusados.

El pasado 10 de enero, el reconocido cineasta iraní Javad Ganji, de 39 años, fue asesinado en Teherán durante las protestas por disparos directos de las fuerzas de seguridad de la República. Ahora, y con el foco internacional virando a otros conflictos como Groenlandia, los iraníes se sienten abandonados a su suerte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que arengó al pueblo iraní a salir a las calles y «tomar el control de las instituciones» y aseguró que la «ayuda está en camino», decidió, en el último momento –según publicó The Wall Street Journal– no atacar el país persa porque una ofensiva militar no provocaría el colapso del régimen de los ayatolás.

El republicano, aconsejado por sus asesores, pero también por sus aliados en la región como Qatar, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e, incluso, Israel, dio marcha atrás en sus planes, consciente de que si intervenía podría desestabilizar aún más Oriente Medio. Sin embargo, dejó desprotegidos a los iraníes frente a un régimen que, lejos de frenar la represión –como prometieron a Trump– la han redoblado, protegidos por el apagón total en el que mantienen sumidos al país. Así, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene previsto celebrar este viernes una sesión especial sobre Irán, a petición de varios países europeos, para condenar la actuación de las autoridades del país durante este último levantamiento.