La violencia, una parte inseparable de la vida en México desde hace más de dos siglos

Unas horas después del ataque a Venezuela y de la captura de Nicolás Maduro y de su mujer Cilia Flores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció acciones también contra otros países con los que —como dijo— «hay que hacer algo». Se refería a Cuba, Colombia y México.

Este último país está gobernado desde hace siete años por el populista Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), fundado por Andrés Manuel López Obrador, presidente entre 2018 y 2024. Obrador, que se erigió a sí mismo en un mesías laico y salvador del pueblo, desde el inicio de su mandato fue construyendo de forma sistemática una autocracia en México, destruyendo las instituciones democráticas y el Estado de derecho.

En 2024 entregó el poder a su fiel colaboradora y discípula Claudia Sheinbaum. Bajo los gobiernos de Obrador y Sheinbaum, México se desliza cada vez más hacia el lodazal de la autocracia y la ilegalidad. Tras la intervención en Venezuela, Trump declaró en la cadena Fox News que, si bien Sheinbaum es «una buena mujer», México «no está gobernado por ella, sino por los cárteles».

Y no es una exageración. Los cárteles —que hoy suman 32 en todo el país— desde los años ochenta trafican drogas hacia Estados Unidos. Están armados hasta los dientes, pueden comprar o intimidar a cualquier policía, fiscal, alcalde o gobernador, y ejercen un poder real en muchos estados, entre ellos Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Sonora. En todo el país han construido un archipiélago de pequeños estados criminales; lo han dividido en zonas de influencia en las que gobiernan mediante el terror.

La violencia está inscrita en la historia de México; durante décadas ha sido parte de la vida de sus ciudadanos. Para entender por qué, hay que conocer la historia de este país antes de que se convirtiera en un narcoestado.

La dictadura perfecta

La democracia en México solo empezó a germinar en el año 2000, cuando tras 72 años de dominio absoluto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) —durante los cuales las elecciones eran simuladas o directamente falsificadas— ganó por primera vez un candidato de la oposición. Ya el propio nombre del PRI expresaba la paradoja cómica del sistema instaurado tras la larga y sangrienta Revolución mexicana de 1910–1920. Porque ¿pueden llamarse revolucionarios los gobiernos de un partido fusionado con el Estado y controlador de una sociedad corporativa y sindicalizada?

El sistema creado por el PRI pasó a la historia como la «dictadura perfecta». Así la definió en 1990 Mario Vargas Llosa durante el congreso de intelectuales «El siglo XX. La experiencia de la libertad», organizado por la revista Vuelta, dirigida por el gran poeta y premio Nobel Octavio Paz.

«No es el comunismo la dictadura perfecta, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, sino México —dijo Llosa—. Es una dictadura camuflada que, aunque se justifica con retórica izquierdista, sigue siendo una dictadura. No está dirigida por un hombre, sino por un partido, y ese partido es inamovible. No creo que en América Latina exista otro régimen dictatorial que reclute y soborne con tanta eficacia y sutileza a la intelectualidad mediante cargos y puestos, animándola a criticarlo solo cuando le conviene y no pone en peligro su existencia» señaló el escritor hispanoperuano.

La intervención de Llosa fue transmitida por la cadena Televisa, y entre los asistentes al congreso se encontraban intelectuales como Hugh Thomas, Jean-François Revel, Jorge Semprún, Michael Ignatieff, Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz, Bronisław Geremek y Adam Michnik, que seguramente recuerda la indignación de los anfitriones.

También Octavio Paz —que ya en 1968 había roto con el régimen y se había convertido en un crítico severo— rechazó equiparar a su país con las dictaduras y respondió a Llosa: «México no es una dictadura, sino la hegemonía de un solo partido. No hemos tenido dictaduras militares. El PRI no abolió la libertad, aunque la manipula, ni eliminó la sociedad civil».

Al día siguiente, uno tras otro, los líderes del partido, el fiscal general, gobernadores, ministros, directores de instituciones culturales y toda una pléyade de intelectuales progubernamentales replicaron al escritor. Llosa abandonó México apresuradamente y los debates posteriores del congreso fueron pospuestos y reprogramados. Sin embargo, sus palabras sobre la «dictadura perfecta» resonaron desde entonces como una campana cada vez que México se convertía en tema de debate.

La «dictadura perfecta» no resultó eterna, pero el término describía con precisión un régimen que, tras una fachada democrática y sin violencia abierta, extendía sus tentáculos sobre los tres poderes del Estado, las instituciones formalmente independientes y los organismos de control, así como sobre sindicatos y asociaciones. Al mismo tiempo toleraba un espacio limitado de libertad de expresión y repartía generosamente dinero entre los creadores de la cultura.

Desde el principio tuvo un barniz popular. Prometía justicia social a un país que, tras la época colonial y las guerras civiles del siglo XIX, heredó enormes desigualdades sociales y materiales. Las masas de campesinos sin tierra exigían tierras, y las crecientes filas de obreros industriales y mineros reclamaban salarios y derechos.

La dictadura combinó la retórica de izquierdas con un nacionalismo dirigido contra el poderoso capital extranjero y las ambiciones imperiales de Estados Unidos, que a mediados del siglo XIX arrebató a México —recién independizado— la mitad de su territorio. El lamento de Porfirio Díaz, dictador que gobernó a finales del siglo XIX y principios del XX —«¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!»— es desde hace siglo y medio el lema del nacionalismo mexicano.

La nacionalización de la industria petrolera a mediados de los años treinta por el presidente Lázaro Cárdenas, que expropió, entre otras, a Royal Dutch Shell, Standard Oil Company y Sinclair Pierce Oil Company, y la creación del monopolio estatal Pemex, se convirtieron en el acto fundacional del Estado del PRI.

Terapia revolucionaria

Este sistema no fue obra de un Napoleón mexicano redactando constituciones para sucesivos Estados, ni de un doctrinario ideológico del absolutismo ilustrado en tiempos de rebelión de masas. Fue el fruto de la brutal construcción de un Estado independiente marcada por guerras civiles y sangre. Esta «revolución estatizada» tenía un sentido terapéutico.

Fundado en 1929, el PRI debía unificar las corrientes enfrentadas del movimiento revolucionario y frenar las ambiciones de caudillos y señores de la guerra que combatían entre sí desde la caída de la dictadura de Porfirio Díaz en 1910. Desde entonces, las elecciones presidenciales y parlamentarias se celebraban cada seis años, pero siempre ganaba el candidato del PRI designado por el presidente saliente. A los rivales de la oposición —tolerada pero controlada— los derrotaba siempre por una mayoría aplastante.

La 'monarquía' del PRI gobernó sin luchas internas ni derramamiento de sangre

A diferencia de las juntas militares latinoamericanas, que «cogían al pueblo por el cuello» y encarcelaban, mataban o expulsaban a los opositores, el PRI creó un sistema con un poderoso poder ejecutivo encabezado por un presidente civil, pero organizó la sociedad como una corporación de clientelas, gremios empresariales, sindicatos y asociaciones. «Por el cuello», pero también «a sueldo», mantenía sobre todo a los veteranos posrevolucionarios con sus desmesuradas ambiciones políticas. Gracias a ello, la 'monarquía' del PRI —en la que cambiaban los reyes, pero el poder permanecía en manos del partido— gobernó sin luchas internas ni derramamiento de sangre.

Este Estado representaba los intereses de las élites posrevolucionarias, que tomaron el poder proclamando que México debía romper con la política y la vida pública de los cien años anteriores; es decir, con la violencia.

Los pelotones de fusilamiento

La rebelión armada y el asesinato del rival o del enemigo son una constante en la historia mexicana desde los primeros momentos de su independencia, lograda tras tres siglos de dominio colonial español. La construcción del Estado durante todo el siglo XIX fue una sucesión interminable de guerras civiles, levantamientos, secesiones y traiciones, abundantes en asesinatos y ejecuciones. Se mataban entre sí los padres fundadores y los caudillos de la patria independiente. Caían héroes que al día siguiente eran declarados traidores y villanos por nuevos aspirantes a héroes.

Caían héroes que al día siguiente eran declarados traidores y villanos por nuevos aspirantes a héroes

En 1811 fue fusilado el sacerdote Miguel Hidalgo, primer luchador por la libertad de México, quien lanzó el llamamiento al levantamiento contra España conocido como el «Grito de Dolores». Primero fue despojado de sus hábitos sacerdotales, luego, tras tres descargas del pelotón, se le cortó la cabeza y se exhibió públicamente como escarmiento. Trece años después sería reconocido como el primero de los padres de la independencia.

En 1815 fue fusilado su sucesor, también sacerdote y líder militar, José María Morelos, coautor de la primera constitución aprobada un año antes.

Ante el pelotón de fusilamiento murió también en 1824 Agustín de Iturbide, otro luchador por la independencia y emperador coronado de México como Agustín I. En 1831, el presidente Anastasio Bustamante ordenó fusilar a su compañero y expresidente Vicente Guerrero, quien durante su breve mandato abolió la esclavitud.

Durante casi todo el siglo XIX se desarrolló el proceso de unificación en un solo Estado de comunidades alejadas entre sí y diversas desde el punto de vista regional y étnico. Surgió un país que se extendía desde Guatemala en el sur hasta los actuales estados estadounidenses de California, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México y Texas en el norte, y que por el este llegaba hasta el río Misisipi. Las dos primeras constituciones, de 1814 y 1824, fueron más bien manifiestos de la voluntad de sucesivos grupos insurgentes —inspirados en la Revolución francesa y estadounidense y en las ideas republicanas— que conjuntos de normas realmente aplicables.

La tercera, de 1857, fue la primera Constitución moderna de un Estado liberal y republicano, inspirada en la estadounidense. Introdujo, entre otras cosas, la separación Iglesia-Estado, abolió los fueros eclesiásticos y militares, estableció la igualdad ante la ley y las libertades civiles, incluida la libertad de expresión y de prensa.

Los años 1857–1868, coincidentes con el gobierno de Benito Juárez, se consideran el período fundacional del México moderno

Los años 1857–1868, coincidentes con el gobierno de Benito Juárez, se consideran el período fundacional del México moderno. Pero también este fue interrumpido por la intervención franco-anglo-española de 1861 y la restauración del imperio bajo el cetro de Fernando Maximiliano de Habsburgo, hermano de Francisco José. Finalmente, los republicanos liberales de Juárez expulsaron a los interventores y restauraron la república. Y al emperador —cómo no— lo fusilaron.

En las décadas de guerras por la independencia murieron más de 200.000 personas, alrededor del 5 % de la población de entonces. Un período de relativa paz de 35 años solo llegó en 1876 con el dictador positivista y modernizador Porfirio Díaz.

Quien a hierro mata…

En 1910 estalló la Revolución —así, con mayúscula— a la que los mexicanos siguen remitiéndose hasta hoy. Se cobró alrededor de un millón de víctimas, y sus héroes cayeron uno tras otro en luchas fratricidas. En 1913 fue asesinado de un disparo en la nuca Francisco Madero, primer líder del país tras la caída de Porfirio Díaz. Ordenó su muerte su propio general, Victoriano Huerta.

En 1919 murió en un atentado ordenado por el presidente Venustiano Carranza el revolucionario campesino Emiliano Zapata, el «Atila del Sur». El propio Carranza fue asesinado en 1920 mientras dormía, durante un golpe organizado por generales rebeldes, entre ellos Álvaro Obregón, quien poco después asumiría la presidencia.

También fue asesinado Pancho Villa, conocido como el «Centauro del Norte», uno de los caudillos más famoso, que expropió grandes haciendas y repartió tierras entre los campesinos. En 1923, su asesinato fue ordenado por el presidente Obregón y su sucesor, el general Plutarco Elías Calles. La cabeza cercenada de Villa desapareció, y su cuerpo fue trasladado al panteón de los héroes de la Revolución junto con los restos de Francisco Madero y Venustiano Carranza.

En tiempos recientes, los descendientes de Zapata se opusieron al traslado de sus restos al panteón de los héroes, porque no querían que descansara junto a su asesino.

Obregón, que en 1928 volvió a ganar las elecciones presidenciales, fue asesinado antes de asumir el cargo por un rebelde católico durante la llamada Guerra Cristera, una revuelta del clero contra las reformas anticlericales y laicas del presidente Calles. La guerra, que duró de 1926 a 1929, causó entre 70.000 y 80.000 muertos.

«Los héroes de la historia de México sin duda sabían morir, pero en vida también sabían matar», escriben Manuel Villapando y Alejandro Rojas en el libro La muerte en la historia. De Hidalgo a Trotski. «Ninguna figura destacada fue a la tumba en paz. Unos mataban invocando la razón de Estado, otros la ausencia de Estado o el 'bien común'; a otros no les temblaba la mano cuando disponían de la vida de sus adversarios. Quien a hierro mata, a hierro muere. El pueblo mexicano se ha forjado, desde tiempos precolombinos, bañado en sangre».

La muerte nos sienta bien

Algunos sostienen que los mexicanos llevan la muerte violenta inscrita en su código cultural. Sus raíces se remontan a la época prehispánica, cuando los pueblos mesoamericanos practicaban sacrificios humanos no por crueldad o venganza, sino como ofrenda a los dioses. Este particular culto a la muerte atraviesa toda la historia moderna de la civilización mexicana.

El régimen del PRI quiso poner fin a esta procesión de muertes políticas. Pero aunque gobernó principalmente mediante la colonización de instituciones, la cooptación, el soborno y el clientelismo, también supo ser implacable y brutal cuando se sintió amenazado. En las décadas de 1960 y 1970 libró la llamada «guerra sucia» contra guerrillas de izquierda y movimientos de protesta en distintas regiones del país (Chihuahua y Guerrero entre otros). Las represiones fueron moderadas, pero en dos ocasiones el ejército y las milicias paramilitares progubernamentales perpetraron auténticas masacres.

Bajo el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el 2 de octubre de 1968, poco antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de verano, el ejército masacró en la Plaza de Tlatelolco, en la capital, una manifestación pacífica de estudiantes de izquierda que exigían «revolución, no olimpiada». Murieron varios centenares de personas. Tres años después, el 10 de junio de 1971, el siguiente presidente, Luis Echeverría, envió a las milicias paramilitares conocidas como «Los Halcones» contra estudiantes que protestaban contra la ley de educación superior. Los escuadrones gubernamentales mataron a 120 personas en las calles de la capital.

Ninguno de estos crímenes fue castigado, pero ambas masacres provocaron que una parte significativa de la opinión pública se apartara del régimen.

Además, el poder ejercía un paternalismo severo y eficaz. La mayoría de la sociedad aceptaba la autocracia «progresista», aunque las enormes desigualdades materiales persistían, porque el dinámico crecimiento económico anual del 6–7 % entre 1950 y 1980 enriquecía principalmente a la élite empresarial clientelar y a las autoridades estatales, no a la mayoría de los mexicanos.

Cómo la globalización forzó la democratización

Este edificio empezó a resquebrajarse a mediados de los años ochenta. Tras el colapso financiero de 1982 y la recompra de la deuda mexicana por el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, los salarios reales cayeron varios puntos porcentuales. Al mismo tiempo, dentro del partido único crecía una corriente democrática y de izquierdas que exigía un retorno a los ideales laicos y populares de la 'revolución traicionada'. También se fortalecía el opositor Partido Acción Nacional (PAN), antaño conservador y católico, cada vez más liberal.

Las elecciones presidenciales de 1988 tuvieron por primera vez tres candidatos de peso. El favorito era el disidente de izquierdas del PRI Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente Lázaro Cárdenas. Y probablemente habría ganado si el partido único no hubiera suspendido el recuento de votos. Tras contarse la mitad, Cárdenas aventajaba claramente al candidato oficial del PRI, Carlos Salinas.

El fraude fue descarado, pero tras protestas tímidas, tanto los demócratas de Cárdenas como los conservadores renunciaron a llamar a la gente a la calle por temor a una guerra civil.

Cárdenas fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ganó las elecciones a jefe de gobierno del Distrito Federal de Ciudad de México. Se presentó varias veces más a las presidenciales y su partido se consolidó en la escena política, junto al PAN.

La dictadura continuó, pero a comienzos de los noventa ya se tambaleaba seriamente. La causa fue otro colapso financiero en 1994 y la integración económica y la globalización, que obligaban a modernizar el sistema autocrático y rígido. El tratado de libre comercio NAFTA entre Estados Unidos, Canadá y México, que entró en vigor en 1994, puso en marcha la mayor zona de libre comercio del mundo, valorada en miles de millones de dólares.

A raíz de ello, el siguiente presidente mexicano, Ernesto Zedillo (1994–2000), que resultó ser el último designado por el PRI, impulsó reformas constitucionales clave que fueron desmontando el edificio del poder absoluto. Los pilares de la futura democracia fueron instituciones independientes como el Tribunal Supremo, el organismo electoral, y reformas de la administración pública, la fiscalía general y la legislación electoral, que abrieron a la oposición el acceso al parlamento y a la financiación.

Zedillo preparó esta discreta transición en cooperación con la oposición, tanto de izquierdas como conservadora, que ya en 1997 obtuvo la mayoría parlamentaria y en 2000 ganó por primera vez en 70 años unas elecciones presidenciales libres. El presidente fue Vicente Fox, del PAN.

Esperanza y decepción

La democratización de México no tuvo tan buena prensa internacional como la de España tras la muerte de Franco, la de Chile tras la dictadura de Pinochet o la de Polonia y Europa del Este tras la caída del Muro de Berlín. Probablemente porque la dictadura blanda mexicana no tenía la fama siniestra de las juntas militares hispanoamericanas. No arrastraba el estigma de crímenes como el régimen de Pinochet o la junta militar argentina, ni resultaba tan visible como el franquismo. La caída del PRI en 2000 no tuvo el peso histórico del colapso del comunismo, pero para México fue un punto de inflexión.

Los siguientes 18 años de democracia introdujeron una norma inédita: los gobiernos podían cambiar por decisión de los votantes. Gobernaron dos presidentes del PAN —Fox y Felipe Calderón—, pero en 2012 regresó el PRI con Enrique Peña Nieto.

La democracia significó elecciones, pluralismo, medios libres, instituciones democráticas y un poder judicial independiente. Sin embargo, no bastó. El edificio de la democracia liberal no estaba vacío, pero la vida pública no lo llenó de contenido suficiente. La mayoría de la sociedad no sintió que viviera mejor. La democracia no trajo beneficios tangibles, ni seguridad, ni justicia social, ni igualdad ante la ley. Durante tres mandatos democráticos, la decepción creció.

El narcoestado

El mayor azote de la democracia fue el narcotráfico. Bajo el PRI ya existía, pero después se expandió de forma inédita. Liberados del control autoritario, los cárteles siguieron enriqueciéndose y empezaron a producir drogas sintéticas.

Durante la presidencia de Felipe Calderón, que intentó combatirlos con el ejército, se desató un pandemonio criminal. Entre 2007 y 2014 murieron al menos 180.000 personas. Hoy siguen muriendo entre 30.000 y 35.000 al año.

La violencia es devastadora, pero igual de destructiva es la impunidad. Más del 90 % de los crímenes no se denuncian o no se resuelven. La masacre de 43 estudiantes en Iguala en 2014 sigue impune. Las investigaciones periodísticas mostraron la implicación de autoridades locales, policía y ejército.

Encargar un asesinato cuesta apenas 20.000 pesos (unos 100 euros). En la capital da miedo tomar un taxi. No extraña que los mexicanos digan: «Aquí la vida no vale nada».

Si a la criminalidad, la corrupción sistémica y la impunidad se suma que la democracia no trajo prosperidad, ¿por qué habrían de valorarla?

Por eso en 2018 ganó Andrés Manuel López Obrador, un predicador popular que prometió regeneración nacional y terminó por desmantelar la joven democracia. La violencia, sin embargo, no la frenó. Al contrario: se alió con el archipiélago criminal.