La Justicia tumba el intento de silenciar la 'Batalla por el Alma de Europa' en Bruselas

La censura de los librepensadores belgas ha sufrido un varapalo. La justicia belga ha hablado claro y por partida triple: prohibir la 'Batalla por el Alma de Europa' en 2024 ('The Battle for the Soul of Europe' organizado por el Think Tank MCC Brussels) fue ilegal, inconstitucional y censurador. Así lo establece una contundente sentencia del Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas, que condena sin ambages al municipio de Saint-Josse-ten-Noode por intentar impedir la celebración del evento los días 16 y 17 de abril de 2024.

El fallo no es uno más. Con esta resolución, los tribunales francófonos y neerlandófonos de Bélgica coinciden por primera vez de forma inequívoca en la defensa de la libertad de expresión y del derecho de reunión pacífica. Un consenso judicial tan infrecuente como revelador en el siempre fragmentado sistema institucional belga.

Han hecho falta tres sentencias con una misma conclusión: fue censura. Esta tercera y última sentencia llega tras dos decisiones previas del Conseil d’État en 2024, dictadas una en vía de urgencia extrema y otra sobre el fondo del asunto. El mensaje es definitivo: el Ayuntamiento de la comuna belga que trató de forzar la cancelación del evento actuó fuera de la ley.

En una resolución de 26 páginas, el Tribunal desmonta uno por uno los argumentos procesales de la comuna, muchos de ellos presentados -según se desprende del fallo- con una clara intención dilatoria. El juez se alinea expresamente con la Sala neerlandófona del Conseil d’État y recuerda algo elemental en cualquier democracia liberal: las autoridades no solo deben abstenerse de restringir derechos fundamentales, sino que tienen la obligación positiva de garantizarlos, incluso -y especialmente- cuando las ideas expresadas resultan controvertidas.

Eso fue exactamente lo que el Ayuntamiento donde se celebró el evento se negó a hacer: prohibió en vez de proteger. Sin de evaluar medidas de seguridad concretas, la autoridad municipal optó por una prohibición general, sin pruebas de que fuera imposible garantizar el orden público. El Tribunal ha sido tajante: esa decisión constituye una injerencia ilegal en derechos constitucionales.

La responsabilidad, además, queda claramente señalada. El alcalde de Saint-Josse-ten-Noode, Emir Kir, es declarado responsable directo de una faute civil. El municipio ha sido condenado a pagar un euro simbólico de indemnización, además de las costas. La entidad denunciante, el MCC Brussels, no buscaba compensación económica sino Justicia. El reconocimiento judicial del daño moral causado por la violación de libertades fundamentales tiene su peso político y jurídico: han generado un precedente que vinculará fallos posteriores en este sentido.

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es el rechazo frontal a una lógica cada vez más extendida en Europa: la del «veto del perturbador». El Tribunal deja claro que la amenaza de protestas o disturbios por parte de terceros no justifica silenciar un acto perfectamente legal, legítimo y público. Sin pruebas de violencia asociada al evento, la obligación del Estado es protegerlo, no cancelarlo. Se ha conseguido en Corte judicial una enmienda a la totalidad a la política de cancelación institucional, esa que se disfraza de prudencia administrativa pero que, en la práctica, funciona como censura preventiva.

El intento de prohibir la 'Batalla por el Alma de Europa' provocó una tormenta mediática internacional, de la que se hizo eco El Debate que cubría ese evento aquel día, y fue duramente criticado por juristas, analistas y líderes políticos, incluido el entonces primer ministro belga, Alexander De Croo. La sentencia confirma ahora que aquellas críticas no eran ideológicas, sino jurídicamente fundadas.

Frank Furedi, director ejecutivo del MCC Bruselas, lo resume con claridad: «Esta sentencia confirma que las autoridades públicas deben proteger activamente la libertad de expresión. Y es especialmente significativa porque tanto los tribunales francófonos como los neerlandófonos han llegado a la misma conclusión: la censura no tiene cabida en un Estado de derecho».

En la misma línea, el abogado del caso, Yohann Rimokh, subraya el carácter excepcional del fallo: «Es una decisión valiente, unánime y profundamente razonada. Bélgica llevaba mucho tiempo sin ver una defensa tan clara de la libertad de expresión y de reunión».

Más allá de Bélgica, este mensaje debería animar a los organizadores de actos y a sus participantes a ejercer con decisión su derecho a la libertad de expresión: en democracia, las ideas no se prohíben, se debaten. Cuando el poder político intenta acallar discursos incómodos escudándose en supuestas amenazas abstractas, los tribunales -si aún son independientes- deben actuar. Esta sentencia refuerza el Estado de derecho y deja una advertencia clara a las autoridades: censurar sale caro, aunque la factura sea de un euro. El coste real es político, moral y jurídico. Además, sentado el precedente, los siguientes denunciantes pueden ser menos desprendidos por lo que las eventuales futuras sentencias pueden llevar aparejadas otras cifras menos simbólicas en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

La 'Batalla por el alma de Europa' ha encontrado una sentencia a su medida que muestra el camino a seguir: las ideas no se prohíben, se debaten.