Venezuela evalúa «medidas de gracia» en medio de críticas por exclusiones de la amnistía
Venezuela estudia indultos presidenciales para presos fuera de la amnistía mientras ONG exigen libertad plena
ONG y familiares exigen que las liberaciones se extiendan a todos los detenidos por motivos políticos, mientras el Parlamento anuncia indultos para quienes quedaron fuera de la Ley de Amnistía
Las autoridades venezolanas evalúan la posibilidad de otorgar «medidas de gracia» o indultos presidenciales a personas que quedaron fuera de la reciente Ley de Amnistía, un instrumento que solo cubre ciertos detenidos, mientras familiares y ONG piden que los beneficios se extiendan a todos los presos políticos.
El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó este sábado que «muchas» de las personas que no califican para recibir la amnistía están siendo consideradas para recibir medidas de gracia o indulto presidencial. Explicó que tras la promulgación de la ley se abrió «un espacio» para que instancias como el Programa para la Convivencia y Paz, creado en enero, o la comisión para la revolución judicial puedan revisar casos no contemplados y recomendar medidas adecuadas.
La Ley de Amnistía cubre el período entre 1999 y 2026, pero solo contempla 13 coyunturas políticas desde 2002, dejando fuera arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como casos relacionados con operaciones militares.
Rodríguez afirmó que ya se estaban produciendo «cientos de liberaciones», sin precisar cifras ni identidades de los beneficiados. Los primeros casos atendidos corresponden a los calabozos policiales de Zona 7 y El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos en Caracas. La comisión parlamentaria declaró sesión permanente y había recibido hasta este sábado 1.557 solicitudes, que se están atendiendo de inmediato. El Parlamento estima que más de 11.000 personas con medidas sustitutivas de libertad podrían disfrutar de libertad plena.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) exigió que los beneficios se extiendan a todos los detenidos sin discriminación. La organización reconoció que la ley permite «avances parciales», pero señaló que solo será válida si garantiza el desmantelamiento del sistema represivo y condiciones seguras para los exiliados.
El Foro Penal, que defiende a presos políticos, calcula que al menos 400 detenidos podrían quedar fuera de la amnistía y entregará a la comisión parlamentaria una lista inicial de 232 casos. Actualmente, en Venezuela hay más de 600 presos políticos, tras la excarcelación de 448 personas desde el 8 de enero.
El Gobierno insiste en que en el país no existen presos políticos, sino personas que cometieron delitos.
