Oriente Medio: la Cristóbal Colón y el interés nacional

Nadie, excepto quizá el presidente Trump a los ojos de sus partidarios más exaltados, acierta siempre ni se equivoca siempre. Como suele decirse, hasta los relojes parados dan la hora correcta dos veces al día.

Excepción o regla —que sobre eso cada uno tendrá su opinión— acierta el presidente del Gobierno de España cuando ordena el despliegue de la fragata Cristóbal Colón a las aguas de Chipre. Siempre aplaudiré las decisiones políticas que nos unan a Europa porque, por largo que sea el camino por recorrer, por improbable que pueda parecernos hacer algo juntos que tenga sentido, creo que, mientras Donald Trump presida los EE.UU., solo de nuestro continente puede salir un final feliz para el turbulento período histórico que vivimos.

Baste para muestra este doloroso botón: hace solo unos días, Washington se ha unido a Moscú y Pekín para oponerse a una resolución de la Agencia Internacional de la Energía Atómica que condenaba los bombardeos de Putin a la infraestructura energética de Ucrania. Antes que jugar en ese equipo, la verdad, prefiero esforzarme por salir del pozo de la segunda división donde hoy se encuentra Europa.

Se equivoca el Gobierno, sin embargo, al explicar a los españoles su decisión. Es verdad que la Cristóbal Colón tiene asignada una misión defensiva, pero eso no significa que no sea parte del conflicto. Irán tiene el mismo derecho que Rusia —afortunadamente no la misma capacidad, no vayan a inquietarse los españoles—de atacar a quien se interponga directamente entre sus misiles y sus blancos.

Objetivo válido de ataque

Nos lo ha explicado Putin repetidamente y, desde el punto de vista del derecho de la guerra, tiene toda la razón: si desplegamos nuestros Patriot en Ucrania para defender Kiev —y eso es justamente lo que se espera que haga la fragata en Chipre— serán un objetivo válido de sus ataques. Precisamente por eso nos aguantamos las ganas de hacerlo.

También se equivoca el Gobierno al hurtar al Congreso un debate que, además de estar obligado por la ley, sería clarificador. En 2020, el presidente Sánchez firmó la Directiva de Defensa Nacional todavía vigente… y no es que no haya llovido desde entonces.

El mundo ha cambiado enormemente en los últimos años al dictado de Putin y de Trump, los matones del barrio. Hasta la UE, a pesar de su pereza institucional, ha empezado a tomar medidas urgentes para adaptarse al desplome del orden internacional.

Cualquier documento estratégico publicado hace seis años está peligrosamente anclado en el pasado, pero hay un párrafo de la Directiva de Sánchez que tiene hoy todavía más validez que cuando se escribió: «No puede existir una Defensa eficaz sin el interés y la concurrencia de los ciudadanos». ¿Luz y taquígrafos, entonces? No, por desgracia.

Mucho me temo que yo, un militar retirado, hago más que el Gobierno de España para alcanzar ese «objetivo prioritario» del presidente que, según dice la Directiva, es la cultura de Defensa.

Imperativo legal

Con todo, debería saber el lector que el debate sobre el despliegue no es opcional. Lo impone la Ley Orgánica de la Defensa Nacional en su artículo 17. He escuchado dos pretextos del Gobierno para incumplir esa ley. El primero es casi infantil: el barco ya estaba en la mar y su misión, dar escolta al portaviones francés Charles de Gaulle, sigue siendo la misma.

Cualquier lector puede intuir que el argumento es falso… y, si es militar, lo sabrá con certeza. La fragata tiene ahora una misión diferente que obligará al Gobierno a darle órdenes diferentes y reglas de enfrentamiento diferentes. Importa poco si esas órdenes nuevas las recibe en puerto o en la mar, o si acompaña o deja de acompañar al buque al que antes escoltaba.

Todos los marinos españoles recordamos las veces en las que nuestros buques abandonaron la escolta de portaviones norteamericanos cuando las circunstancias obligaban a la US Navy a cambiar la misión que se había acordado previamente para todo el grupo. Aquello podía gustarnos o no, pero estaba plenamente justificado. Ahora no podemos tomar el partido contrario.

Desmontar el otro pretexto exige un poco más de atención. El Gobierno asegura que la ley que le obliga a recabar la autorización del Congreso de los Diputados para ordenar operaciones en el exterior excluye las «relacionadas con la defensa de España o del interés nacional». Se trata, sin embargo, de una interpretación forzada que convertiría la ley en papel mojado porque, si no es el interés nacional, ¿qué puede justificar una operación militar? ¿El capricho de los gobernantes?

Contexto real

El contexto real que permite interpretar el artículo 17 se aprecia mejor en su segundo apartado: «En las misiones en el exterior que, de acuerdo con compromisos internacionales, requieran una respuesta rápida o inmediata a determinadas situaciones, los trámites de consulta previa y autorización se realizarán mediante procedimientos de urgencia que permitan cumplir con dichos compromisos». Ese es precisamente el caso del despliegue de la Cristóbal Colón, y no creo que haya muchos españoles que traguen con la interpretación de que esa autorización sea solo preceptiva cuando el caso requiere una respuesta rápida.

En realidad, si se lee el artículo completo —algo que seguramente no se espera que hagamos— queda perfectamente claro que esa excepción a que alude el Gobierno se circunscribe al ámbito exclusivamente nacional. Un ámbito que la propia Directiva de Defensa de Sánchez llama de «amenaza no compartida», una forma prudente y diplomática de referirse al Reino de Marruecos. Para el resto —en realidad, siempre que el despliegue no sea obligatorio sino opcional— hay que ir al Congreso.

¿Por qué debería importarnos todo esto? Porque los buques de guerra llevan nuestra bandera y, amparados por el principio de extraterritorialidad, son parte de la España de todos. Sus estelas han dejado nuestra huella en la historia del mundo y, nos guste o no, seguirán haciéndolo. A menos que nuestro presidente pueda demostrar que la Patria le habla al oído por las noches, no deberían defender otros «intereses nacionales» que los nuestros.

Y, en este terreno, por desgracia, llueve sobre mojado: lo mismo debió haber ocurrido cuando el patrullero Furor llevó nuestra bandera de manifestación por el Mediterráneo… mientras algún ministro justificaba su renuencia al Congreso asegurando que se trataba de un buque de salvamento. Lo mismo podría decirse ahora que la Cristóbal Colón, que como es lógico dispone de una pequeña enfermería, no es una fragata sino un buque hospital.

Que sean, pues, nuestros representantes los que digan sí o no —y ojalá digan que sí— al despliegue de la Cristóbal Colón, después de que se nos explique la realidad de lo que ocurre hasta donde lo permita la reserva militar. Sea acertado o no —que sobre eso cada uno tendrá su propia opinión— eso no debe hacerse sin nuestro permiso. Y en esto último sí que tendríamos que estar de acuerdo todos, incluido el Gobierno de España.