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El presidente de Polonia se enfrenta a Donald Tusk y veta el acceso a fondos millonarios europeos para el Ejército

El choque entre Nawrocki y Tusk refleja la profunda división política que atraviesa Polonia y deja en el aire 43.700 millones de euros, del programa europeo SAFE (Security Action for Europe)

X de Donald Tusk de la reunión de ayer para plantear un "plan b" ante el veto

Imagen de la cuenta de X de Donald Tusk de la reunión para plantear un «plan b» ante el veto

El intento del Gobierno polaco de acceder a miles de millones de euros en financiación europea para reforzar su ejército ha quedado bloqueado por el presidente del país, Karol Nawrocki, que se ha negado a firmar la ley que permitiría a Varsovia utilizar los préstamos del programa europeo SAFE. La decisión ha abierto un nuevo enfrentamiento institucional entre la presidencia y el Ejecutivo de Donald Tusk, que defiende el plan europeo como la forma más rápida y barata de reforzar la defensa frente a la amenaza rusa.

Polonia es el principal beneficiario del programa europeo y esperaba recibir cerca de 43.700 millones de euros, la mayor asignación entre los Estados miembros participantes.

SAFE –siglas de Security Action for Europe– es un mecanismo financiero aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 27 de mayo de 2025 para impulsar el rearme del continente mediante préstamos a largo plazo y con intereses reducidos destinados a inversiones militares. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la defensa europea tras la invasión rusa de Ucrania y ante la incertidumbre sobre el compromiso militar estadounidense con la seguridad europea.

El instrumento moviliza hasta 150.000 millones de euros en préstamos, que los Estados miembros pueden solicitar para financiar programas de defensa considerados prioritarios. A diferencia de otros fondos europeos, SAFE no consiste en subvenciones directas: los países reciben préstamos; deben presentar planes nacionales de inversión militar y posteriormente devolver el dinero en condiciones financieras ventajosas.

El diseño del programa también busca impulsar la industria militar europea. Para ello se fomenta la compra conjunta de armamento entre varios países y se establece un requisito de producción mayoritariamente europea en los sistemas adquiridos.

El dinero del programa está destinado a cubrir carencias militares consideradas críticas para la seguridad europea. Entre las inversiones elegibles se incluyen: munición y misiles, sistemas de artillería y ataque de precisión, defensa antiaérea, drones y tecnologías militares emergentes, movilidad militar y protección de infraestructuras estratégicas, capacidades cibernéticas y de guerra electrónica.

El programa también permite compras conjuntas con socios cercanos a la UE, como Noruega, Reino Unido o Ucrania, con el objetivo de aumentar la interoperabilidad entre ejércitos europeos.

Un total de 19 Estados miembros han solicitado financiación dentro de SAFE. Según la asignación preliminar de la Comisión Europea, los mayores beneficiarios son: Polonia con 43.700 millones de euros, Rumanía con 16.680 millones, Francia con 16.200, Hungría con 16.200 e Italia: 14.900 millones.

Otros países con cantidades relevantes son Bélgica, Lituania, Portugal o Letonia, mientras que España tendría acceso a alrededor de 1.000 millones de euros. Polonia destaca claramente porque se encuentra en la primera línea geopolítica frente a Rusia y Bielorrusia y porque ya es uno de los países europeos que más porcentaje de su PIB destina a defensa.

Veto del presidente

El Gobierno polaco tenía previsto destinar su parte del programa a 139 proyectos militares, que incluían modernización de armamento, desarrollo industrial y refuerzo de la frontera oriental. El objetivo del Ejecutivo es acelerar la transformación de las Fuerzas Armadas polacas en uno de los ejércitos más potentes de Europa central, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la percepción de amenaza en el flanco oriental de la OTAN.

El presidente Karol Nawrocki ha rechazado firmar la legislación necesaria para activar el acceso a los préstamos europeos. Con ello bloquea temporalmente la participación plena de Polonia en el programa SAFE. Su decisión responde tanto a motivos económicos como políticos. El presidente y el sector nacionalista que lo respalda sostienen que: el programa podría incrementar la deuda pública del país; el mecanismo europeo podría generar dependencia financiera de Bruselas; y el diseño del fondo favorecería a la industria militar de algunos países europeos, especialmente Alemania.

Además, algunos críticos en Polonia consideran que los requisitos industriales del programa podrían limitar la compra de armamento estadounidense, que el país ha adquirido masivamente en los últimos años.

La alternativa

Nawrocki ha planteado una alternativa: financiar parte del rearme con recursos nacionales, incluyendo beneficios del banco central derivados de reservas de oro o divisas. Sin embargo, esta propuesta ha sido cuestionada por el Gobierno. El Ministerio de Finanzas ha advertido de que el banco central no ha transferido beneficios al presupuesto en los últimos tres años, lo que introduce incertidumbre sobre la viabilidad del plan.

El primer ministro Donald Tusk y su coalición gubernamental –encabezada por Coalición Cívica– defienden que acceder a SAFE es la forma más eficiente de financiar el rearme. El Gobierno sostiene que: los préstamos europeos ofrecen condiciones financieras más favorables que el endeudamiento ordinario, permiten acelerar la modernización militar, y refuerzan la cooperación industrial y militar dentro de la Unión Europea. Además, Tusk ha criticado la alternativa presidencial por considerarla imprecisa y carente de financiación concreta.

La Constitución polaca permite que el Parlamento intente anular el veto presidencial

Si el presidente formaliza su veto, el Gobierno tiene varias opciones institucionales., pero para ello necesita una mayoría cualificada de tres quintos, una cifra difícil de alcanzar sin apoyo de la oposición. Otra posibilidad es que el Ejecutivo modifique el proyecto de ley para intentar negociar un texto aceptable para la presidencia.

Mientras tanto, el Gobierno ha indicado que trabaja en un «plan B» para asegurar la financiación de los proyectos de defensa si el bloqueo continúa.

El choque entre Nawrocki y Tusk refleja la profunda división política que atraviesa Polonia. El Gobierno actual, de orientación liberal y pro europea, considera que la integración en los proyectos de defensa de la UE es esencial para la seguridad del país. La presidencia y los sectores nacionalistas, en cambio, recelan de ceder capacidad de decisión a Bruselas y prefieren reforzar la cooperación bilateral con Estados Unidos.

En juego no está solo la financiación de varios programas militares, sino también la orientación estratégica de Polonia en el nuevo escenario de seguridad europeo.

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