Caso Pegasus: piden a Israel filtrar los chanchullos de Sánchez

El conocido como «caso Pegasus» que afecta al entorno del presidente Pedro Sánchez se ha transformado, con el paso de los años, en algo más que un episodio de espionaje: es hoy una tema de fricción geopolítica entre España, Israel y Marruecos. Todo atravesado por silencios oficiales, filtraciones de prensa y análisis de inteligencia. El reciente informe de Vozpopuli –que publicó la petición de un exmilitar para que el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, publique el «expediente Sánchez»– reabre un grave tema que nunca terminó de cerrarse, y que hoy se mezcla con la crisis diplomática entre Madrid y Jerusalén.

«José Lev» –escribe Gonzalo Araluce– sugiere que «revelar esos datos permitiría aclarar si el presidente español pudo ser condicionado o si es vulnerable tras el ataque». «Bibi hazlo ya», dice Lev, quien «enumera todos los puntos en que España se ha opuesto a Israel y denuncia una contradicción de Moncloa: vetar cualquier acuerdo armamentístico con el país hebreo pero mantenerlos con Irán».

El núcleo del caso es conocido: entre 2020-21, los teléfonos de Sánchez y varios de sus ministros fueron «infectados» con Pegasus, un software desarrollado por la empresa israelí NSO. La intrusión permitió extraer gigabytes de información sensible –hasta 2,57 GB en el caso del propio presidente– sin que hasta ahora se haya podido identificar oficialmente al responsable. Pegasus, considerado por expertos como uno de los sistemas de intrusión más sofisticados del mundo –hoy existen otros más avanzados–, permite acceder a mensajes, llamadas, contraseñas, ubicación y prácticamente toda la vida digital del objetivo. Su característica más inquietante no es sólo su potencia, sino su invisibilidad: apenas deja rastros verificables, lo que complica tremendamente cualquier investigación.

A partir de dicho punto técnico, el caso se dividió en varias narrativas. La versión oficial española ha apuntado desde el inicio a un actor externo; con frecuencia se menciona a Marruecos, aunque sin confirmación judicial. Algunas medios y analistas han vinculado el espionaje con el giro de Sánchez respecto al Sáhara Occidental, interpretado como un movimiento favorable a Rabat. En esa línea, columnas y filtraciones han sugerido incluso el caso de presión o chantaje político, fruto de la comprometedora información obtenida. Sin embargo, no existen pruebas públicas concluyentes que confirmen esta hipótesis, lo que mantiene el caso como suposición fundamentada, sin evidencia judicial.

Aquí aparece el elemento israelí, más complejo de lo que suele presentarse. Israel no ha sido acusado de ejecutar el espionaje, pero sí de bloquear –o al menos no facilitar– la investigación. La Audiencia Nacional española ha archivado repetidamente la causa al no recibir cooperación para interrogar a responsables de NSO o acceder a datos clave. Desde la perspectiva española, esto constituye una obstrucción; desde la israelí, se trata de proteger un sector estratégico altamente sensible, vinculado a la exportación de tecnología de Inteligencia que requiere autorización oficial.

Particularidad del caso

Paralelamente, el contexto político ha endurecido las posiciones. La reciente escalada verbal entre Netanyahu y Sánchez –con acusaciones de «guerra diplomática» a Madrid y medidas como la exclusión de España de la coordinación en Gaza– refleja un deterioro que excede el caso Pegasus. En ese clima, la petición publicada adquiere un tono casi provocador: un exmiembro de unidades de élite israelíes reclama a Netanyahu que haga públicos los datos que existen sobre el hackeo. La lógica implícita es clara: si Israel dispone de información, su publicación podría afectar –todavía mas– el equilibrio político español, donde el Gobierno ya está muy comprometido por acusaciones de corrupción.

El problema es que esa premisa no está verificada. No hay confirmación oficial de que el Gobierno israelí posea un «expediente Pegasus» detallado sobre Sánchez, ni de que tenga acceso directo a los datos obtenidos por clientes de NSO. De hecho, la propia compañía ha sostenido reiteradamente que no opera el sistema ni conoce los objetivos de sus clientes, aunque esta afirmación ha sido cuestionada en tribunales internacionales. En 2024, por ejemplo, la Justicia estadounidense determinó que NSO era responsable de ataques contra usuarios de WhatsApp, lo que afectó su posición de «neutralidad tecnológica». Cabe recordar, como ejemplo, que el expresidente Barak Obama debió disculparse por espiar comunicaciones de la entonces canciller alemana, Angela Merkel.

Desde el ángulo de Inteligencia –donde se mueven autores como Eric Frattini o Natan David Fuks– el caso presenta varias capas típicas de operaciones encubiertas. Primero, la externalización: herramientas como Pegasus permiten a un Estado espiar sin dejar huella directa, delegando la operación en tecnología adquirida por empresas. Segundo, la negación plausible: incluso si se detecta el software, demostrar quién lo utilizó es extremadamente difícil. Y tercero –según explica un profesional de estos temas a El Debate– «el uso político del silencio: la ausencia de información se convierte en un activo estratégico... por mas que existiera la tentación de 'quemar' a un político hostil, eso afectaría la credibilidad en la plena discreción israelí ante sus clientes».

En ese sentido, unidades oficiales –asociadas al sistema de ciberseguridad– no aparecen directamente vinculadas al caso, pero sí forman parte del contexto estructural que explica cómo Israel se convirtió en líder mundial en capacidades ofensivas cibernéticas. Muchas de las empresas del sector, incluida NSO, se nutren de exmiembros de estas unidades, lo que genera una continuidad informal entre aparato estatal y sector privado.

Las implicancias geopolíticas son profundas. Para España, el caso Pegasus representa una vulnerabilidad en la seguridad del Estado y un posible condicionamiento de su política exterior. Para Marruecos –si se confirmara su implicación– sería una muestra de capacidad de presión estratégica sobre un estado europeo. Para Israel, el problema es de reputación y diplomático: Pegasus ha pasado de ser un producto de exportación clave a un símbolo de controversia. Washington observa el caso con ambivalencia. Por un lado, ha sancionado a NSO y restringido su acceso a tecnología americana; por otro, reconoce el valor de herramientas de este tipo en la lucha contra el terrorismo. Esa dualidad refleja el dilema central del siglo XXI en Inteligencia: las mismas capacidades que permiten prevenir ataques pueden ser utilizadas para espiar aliados.

Según el experto, «el mayor riesgo futuro no es tanto la repetición de casos como el de Sánchez, sino su normalización. Si el espionaje de jefes de Gobierno mediante herramientas privadas se vuelve una práctica asumida, el sistema internacional entra en una zona de ambigüedad permanente, donde la confianza entre aliados se erosiona. Pegasus no sería entonces una anomalía, sino el síntoma visible de un nuevo equilibrio basado en la vulnerabilidad digital». Además «Israel no puede dar –suponiendo que los tenga– datos sobre este tema, pues afectaría la confianza de posibles compradores futuros».

Frente a ese contexto, la pregunta que acompaña a la petición de «publicar el expediente» no es solo qué ocurrió con el teléfono de Sánchez, sino quién controla realmente la información en la era del espionaje total.