Polonia desafía a Bruselas y convoca un referéndum contra la política climática de la UE

Polonia vuelve a situarse en el centro del debate europeo. El presidente polaco, Karol Nawrocki, anunció este miércoles el envío formal al Senado de una propuesta para celebrar un referéndum nacional sobre la política climática de la Unión Europea, en una iniciativa que amenaza con reabrir la fractura entre Varsovia y Bruselas en torno al Pacto Verde Europeo.

La propuesta fue comunicada públicamente mediante una declaración grabada en vídeo difundida por la Presidencia polaca y por las redes oficiales del jefe del Estado. En ella, Nawrocki aseguró que está cumpliendo uno de los compromisos adquiridos durante su campaña electoral y justificó la consulta alegando que las decisiones climáticas europeas tendrán consecuencias «duraderas» sobre la economía y el nivel de vida de los ciudadanos polacos.

El presidente plantea que la votación se celebre el próximo 27 de septiembre de 2026. Sin embargo, el referéndum todavía no está convocado oficialmente: para que pueda celebrarse necesita la aprobación del Senado polaco, cámara donde la coalición del primer ministro Donald Tusk conserva mayoría parlamentaria. El asunto podría debatirse en la sesión prevista para los días 20 y 21 de mayo.

La pregunta

Aún a falta de debatir si finalmente se aprueba la propuesta de referéndum, la pregunta que propone el presidente polaco ya ha generado una enorme controversia política por su formulación. El texto remitido al Senado plantea a los ciudadanos lo siguiente:

«¿Está usted a favor de aplicar la política climática de la Unión Europea que ha provocado el aumento del coste de vida, de los precios de la energía y de los costes de la actividad económica y agrícola?»

La redacción incorpora ya una valoración explícita sobre las consecuencias negativas de las políticas climáticas europeas, algo que juristas, periodistas y sectores de la oposición consideran impropio de una consulta neutral. Diversos comentaristas polacos han acusado al Gobierno presidencial de utilizar una «pregunta con tesis» destinada a orientar el voto.

La iniciativa llega en un contexto especialmente delicado para Polonia. El país continúa siendo una de las economías europeas más dependientes del carbón, tanto para la producción eléctrica como para parte de su estructura industrial. Las medidas derivadas del Pacto Verde Europeo –especialmente el sistema europeo de comercio de emisiones ETS, la descarbonización industrial y las restricciones energéticas– han alimentado desde hace años un fuerte rechazo entre sindicatos mineros, agricultores y sectores conservadores.

Nawrocki ha vinculado directamente su propuesta al acuerdo político que firmó durante la campaña con el sindicato Solidaridad, una de las organizaciones históricas más influyentes del país. Según explica el presidente, aquel compromiso incluía la promesa de «frenar los efectos negativos» de la política climática europea y de impulsar un referéndum nacional sobre su aplicación en Polonia.

La maniobra también tiene una evidente dimensión interna. Desde hace meses, el enfrentamiento entre la Presidencia y el Ejecutivo de Donald Tusk se ha intensificado en cuestiones vinculadas a la soberanía nacional, la relación con Bruselas y el coste económico de la transición energética. El referéndum permite a Nawrocki presentarse como defensor de los hogares, los agricultores y la industria frente a las políticas comunitarias impulsadas desde la Comisión Europea.

El referéndum no preguntará sobre una eventual salida de Polonia de la Unión Europea ni sobre abandonar formalmente el bloque comunitario. La consulta se centraría exclusivamente en la aplicación de la política climática europea en territorio polaco.

Sin embargo, jurídicamente el escenario es complejo. Incluso si la mayoría de votantes rechazara esas políticas, Polonia seguiría obligada por los tratados europeos y por la legislación comunitaria vigente mientras continúe siendo Estado miembro de la UE. Por ello, numerosos expertos consideran que la consulta tendría sobre todo un fuerte valor político y simbólico, más que efectos automáticos sobre la normativa europea.

Hasta ahora, Bruselas no ha anunciado medidas concretas en respuesta a la propuesta polaca. La Comisión Europea no ha emitido todavía una valoración formal detallada sobre el contenido del referéndum ni sobre su compatibilidad con el marco jurídico europeo. Tampoco consta que Varsovia haya remitido una «declaración» oficial a las instituciones comunitarias más allá del procedimiento interno abierto ante el Senado polaco.

La propuesta presidencial se tramita como un referéndum nacional ordinario, por lo que, si finalmente fuera autorizado, previsiblemente se aplicarían las normas generales del sistema electoral polaco.

Eso implicaría: sufragio universal para ciudadanos polacos mayores de edad; posibilidad de voto presencial en colegios electorales; voto desde el extranjero a través de consulados y embajadas y participación de ciudadanos polacos residentes fuera del país inscritos en el censo correspondiente.

No hay indicios de que el Gobierno pretenda limitar el voto únicamente a ciudadanos «nacionalizados» o excluir a la diáspora polaca. Tampoco se han anunciado mecanismos extraordinarios distintos a los utilizados habitualmente en elecciones y referendos nacionales.

La oposición

El Gobierno de Donald Tusk y la oposición cargan contra la iniciativa. Aunque el Ejecutivo aún no ha fijado una posición institucional definitiva, dirigentes próximos a la coalición gubernamental han reaccionado con evidente frialdad. Las críticas se han centrado especialmente en el tono de la pregunta planteada por Nawrocki, considerada tendenciosa y diseñada para inducir una respuesta negativa.

En los medios y redes sociales polacas se ha multiplicado este miércoles las acusaciones de «circo político» y de manipulación semántica. Algunos comentaristas compararon irónicamente la formulación con preguntas cuya respuesta ya estaría implícita en el propio enunciado. Por el contrario, aliados del presidente y dirigentes conservadores defendieron el derecho de los ciudadanos a pronunciarse directamente sobre unas políticas que, sostienen, han encarecido la energía y reducido la competitividad económica del país.

El precedente europeo

Sí, aunque no exactamente idénticos. Varios países europeos han vivido en los últimos años fuertes choques políticos sobre el Pacto Verde, las emisiones y la transición energética.

En Países Bajos, las protestas masivas de agricultores contra las restricciones medioambientales alteraron profundamente el panorama político. En Francia, el impuesto a los combustibles desencadenó la crisis de los «chalecos amarillos». Y en Hungría o Eslovaquia, gobiernos euroescépticos han cuestionado públicamente parte de la agenda climática comunitaria.

Sin embargo, hasta ahora ningún Estado miembro había impulsado un referéndum nacional específicamente centrado en rechazar la aplicación interna de la política climática de la Unión Europea con una pregunta formulada en esos términos.

La iniciativa polaca abre así un nuevo frente político dentro de la UE en un momento en el que Bruselas ya afronta crecientes presiones para ralentizar algunos objetivos climáticos ante el deterioro económico y el malestar social en varios países europeos.