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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Donald Trump, presidente de los Estados UnidosWin Mcnamee / AFP

Trump retira las protecciones laborales a miles de funcionarios federales para facilitar su destitución

La Casa Blanca justifica la medida por las dificultades que encontró el presidente durante su primer mandato, mientras los sindicatos alertan del riesgo de ceses por motivos políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que elimina las protecciones laborales de cerca de 8.000 empleados federales implicados en la elaboración y aplicación de políticas públicas, una decisión que permitirá a la Administración proceder a su despido con mayor facilidad.

La medida, rubricada en el Despacho Oval, afecta a funcionarios de carrera que ocupan puestos de responsabilidad dentro de la estructura federal. Entre ellos figuran directores de programas gubernamentales, abogados de agencias y asesores técnicos que participan en la redacción de regulaciones, intervienen en decisiones sobre subvenciones federales o desempeñan funciones vinculadas al diseño de políticas públicas. Sus contratos suelen alcanzar los 200.000 dólares anuales.

La Casa Blanca justifica esta reforma por las dificultades que, según sostiene, encontró Trump durante su primer mandato debido a la resistencia de determinados funcionarios de carrera a algunas decisiones presidenciales, especialmente en ámbitos legales y regulatorios.

Hasta ahora, la mayoría de estos trabajadores gozaban de protección frente a despidos discrecionales, una garantía reservada tradicionalmente para diferenciar a los funcionarios de carrera de los cargos políticos nombrados directamente por el presidente.

La decisión ha provocado la reacción de los sindicatos que representan a los empleados federales. Sus responsables han advertido de que la nueva normativa podría facilitar ceses por motivos políticos y consideran que debilita la independencia profesional de la función pública, además de erosionar los mecanismos de protección frente a decisiones arbitrarias.

Aunque la orden afecta inicialmente a unos 8.000 empleados, la Administración había llegado a estimar que hasta 50.000 trabajadores federales podrían verse alcanzados por esta política en el futuro.

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