María Lourdes Afiuni, la jueza acorralada por Chávez, Maduro y ahora Delcy Rodríguez
El chavismo libera a la jueza María Lourdes Afiuni y cierra su caso definitivamente
El caso de la jueza es uno de los primeros tras la captura de Maduro
La jueza y presa política María Lourdes Afiuni, de 63 años, ha sido liberada este viernes tras 16 años encarcela por orden de Hugo Chávez y torturada por el chavismo.
Ahora, a través de un comunicado que ha lanzado su propia familia, a la jueza se le ha concedido la libertad plena y también se ha cerrado definitivamente el expediente de su caso «que nunca debió existir».
Para la familia el desenlace de esta pesadilla representa el «final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso». Según han explicado, durante años, la juez Afiuni y su familia han tenido que soportar las consecuencias de una persecución que llegó a traspasar el ámbito personal y que se convirtió en «un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela».
Ahora, tras conocerse esta noticia la familia ha querido expresar su más sentido agradecimiento a las personas e instituciones que han luchado por su causa en los últimos años.
«A quienes alzaron su voz cuando el silencio parecía imponerse; a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; a los mecanismos internacionales de protección; a los juristas, colegas, periodistas y ciudadanos que nunca dejaron de exigir justicia», han dicho.
recalcan que «su respaldo fue determinante para mantener viva la esperanza y recordar que ningún abuso puede convertirse en normalidad».
Una vida dañada
Sin embargo, su familia no olvida todo el proceso y todo lo que ha tenido que sufrir la jueza bajo las garras del chavismo. «El cierre definitivo de este expediente no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados», han recalcado.
En ese sentido han lanzado un alegato con el que buscan que «ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber, aplicar la ley o dar cumplimiento a decisiones y estándares del derecho internacional de los derechos humanos».
Por lo que exigen una justicia independiente, que solo se puede garantizar «cuando sus jueces pueden decidir libres de intimidación, presiones o represalias».
Concluyen en su comunicado que la historia de la juez María Lourdes Afiuni «no debe ser recordada únicamente por la injusticia que sufrió», sino que se tiene que recordar en adelante «por la convicción de que la defensa de la independencia judicial es una condición esencial para la libertad y los derechos de todos los venezolanos».
