La creciente criminalidad en la Amazonía y el peligro para el Esequibo
En 2022, uno de cada cinco asesinatos de personas que defienden la tierra y el medioambiente en todo el mundo se produjo en la Amazonia
Municipio de Iranduba, Estado de Amazonas (Brasil)
Hace apenas un mes (noviembre 2023), las organizaciones Amazon Watch y la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) presentaron un informe titulado Amazon Underworld: Economías Criminales en la Mayor Selva Tropical del Mundo, en el que ponen de relieve la creciente criminalización de la región amazónica.
Afirman allí, que la Amazonia, la mayor selva tropical del mundo, con una extensión de unos siete millones de kilómetros cuadrados que une a nueve países, «se ha convertido en uno de los principales centros de actividad y punto de tránsito de las economías criminales de América Latina».
Desde el cultivo y transporte de drogas, hasta los cargamentos de oro, diamantes, madera y especies silvestres animales y vegetales muy cotizadas, que se desplazan por sus cientos de ríos hacia las pistas de aterrizaje clandestinas y puertos de embarque, la Amazonia alberga hoy una compleja economía paralela a la oficial, que alimenta la creciente demanda mundial de bienes, y sufre también la violencia de las organizaciones criminales y los grupos paramilitares, que actúan con total impunidad y controlan la región con un poder creciente.
Esto constituye una amenaza existencial para la región más biodiversa del planeta y para las comunidades humanas, indígenas y criollas, que la habitan, que son sometidas a un régimen que disuelve su estructura social y su cultural.
En Brasil, por ejemplo, las comunidades indígenas y criollas han sido objeto de invasiones violentas por parte de mineros ilegales armados, mientras que, en Colombia se han documentado 43 masacres desde 2020, realizadas por grupos armados del narcotráfico y la guerrilla.
Algo similar ocurre en Venezuela en el denominado Arco Minero del Orinoco y en el Estado Amazonas.
En Perú, los narcotraficantes reclutan cada vez más a niños indígenas de ambos sexos para trabajar en plantaciones de coca, y los grupos guerrilleros envían a familias enteras a trabajar en minas de oro ilegales en Venezuela.
En 2022, uno de cada cinco asesinatos de personas que defienden la tierra y el medioambiente en todo el mundo se produjo en la Amazonia.
La inmensa riqueza natural de la selva tropical junto a la creciente demanda internacional de materias primas amazónicas unida a la escasa presencia de los gobiernos y sus altos niveles de corrupción, a décadas de estrategias de seguridad fallidas y a una falta de coordinación entre los Estados, han creado el entorno perfecto y una fórmula exitosa para que algunos de los grupos delictivos más prolíficos de América (narcotraficantes, guerrilleros y mega bandas) se organicen y tomen el control de la región.
Esta presencia se traduce en diversas formas de gobernanza y control criminal, como ocurre en la actualidad en el denominado Arco Minero del Orinoco, en Venezuela, limitante con la Guayana Esequiba, pero que se está extendiendo, directa o indirectamente, a la vida de gran parte de los casi 50 millones de habitantes de Amazonia, poniendo a prueba los esfuerzos de los Estados, las comunidades y la sociedad civil por proteger la selva y sus poblaciones humanas.
Las comunidades locales, a menudo indígenas, luchan a diario contra la violencia que impone una forma de gobernanza criminal, que dicta el acceso a la región, controlan las actividades económicas locales, obligan a algunas personas a participar en actividades ilícitas y utilizan la fuerza para impartir una justicia arbitraria.
Estás dinámicas criminales también están contribuyendo a acelerar la destrucción ambiental de la Amazonia, que se ha convertido en un bien público mundial de suma importancia, debido a su diversidad cultural y biológica y a su condición como uno de los reguladores climáticos más importantes del mundo.
Existen numerosas pruebas de que las comunidades indígenas y criollas, desempeñan un papel fundamental en la protección de la selva tropical, mientras son objeto de crecientes ataques por parte del crimen organizado.
Así que los esfuerzos para proteger el ecosistema amazónico deben ir de la mano de políticas sociales, medioambientales y de seguridad que sean a la vez sostenibles y sólidas, y de la plena aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades locales.
La ejecución de los proyectos de conservación para los que se dispone de fondos será difícil si los Estados no controlan sus respectivas partes de la Amazonia.
Cualquier esfuerzo estatal que no sea coordinado con sus contrapartes simplemente fracasará y, mientras tanto, el medioambiente, así como las comunidades que protegen la Amazonia pagan el precio.
En este contexto, no es irrelevante recordar que el Esequibo venezolano forma parte, geográfica, geológica y geopolíticamente, de la Amazonía suramericana, y está a punto de convertirse en blanco de la criminalidad que hoy impera.
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