Pago por circular
Una de las leyes estrella de la pasada legislatura era la de la Movilidad Sostenible, un proyecto de ley que murió en primavera del año pasado con el adelanto electoral decidido por el Gobierno de Pedro Sánchez.
De esta ley y su evolución dependen buena parte de las subvenciones que la Unión Europea tiene previsto hacer a los países comunitarios dentro del Pacto Verde y la ley europea del Clima, que liga la puesta en funcionamiento de estas transformaciones a la transferencia de diferentes partidas económicas en función de los logros conseguidos.
Se trataba de un polémico proyecto de ley que trataba aspectos diferentes como la nueva movilidad en las ciudades o las limitaciones y prohibiciones a la circulación de los coches de combustible.
Incluía aspectos tan polémicos como los peajes de carretera que a punto estuvo de costarle un disgusto muy serio al entonces candidato Pedro Sánchez, pues su propio director general de la DGT, Pere Navarro, confirmó en contra de todo el Gobierno que no sólo eran una realidad sino que estarían en funcionamiento en 2024.
Recientemente el Gobierno recuperaba la Ley con ligeras modificaciones y volvía a convertirla en anteproyecto, aunque con dos modificaciones de sumo interés para los automovilistas. Una ley que podría estar aprobada a finales de verano, con lo que ello supone
Por un lado desaparecen los peajes de carretera, aunque no sin asumir el compromiso de potenciar el transporte de mercancías en ferrocarril, y por otro cobra protagonismo el concepto de los peajes urbanos.
Los peajes urbanos son una vieja idea de la administración socialista que pretende permitir así que los ayuntamientos pongan en funcionamiento peajes de entrada a las ciudades para los vehículos a motor.
Se trata de un sistema que ya está en funcionamiento en algunas ciudades como Londres y que ha convertido a la City en una verdadera ciudad para ricos, pues entrar allí con un coche cuesta entre 15 y 30 euros diarios en función del coche y las circunstancias, se trata del sistema ULEZ (Ultra Low Emission Zone).
Tal y como ha explicado el ministro Óscar Puente, el Gobierno no va a obligar a que las ciudades pongan en funcionamiento los peajes, pero sí crea un marco legal para que sean los propios ayuntamientos los que puedan justificar legalmente el cobro de peajes por circular por sus calles.
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