
Los controles de alcoholemia se han multiplicado en ciudades y carreteras
Seguridad vial
La DGT aplica una ley antiterrorista a los conductores que avisan de controles de velocidad o alcoholemia
Sólo en Galicia ya han denunciado a más de 20 conductores por administrar o formar parte de estos grupos de WhatsApp, que deberán hacer frente a multas de hasta 20.000 euros
Hace ya meses que la DGT expresó su seria preocupación por el funcionamiento de los grupos de aplicaciones de mensajería como el WhatsApp en las que los conductores se avisan de la presencia de controles de alcoholemia, drogas o velocidad.
Aunque son anteriores, este tipo de grupos se dispararon con la Covid, pues se usaban también para avisar de la presencia de controles de policía contra los que rompían el confinamiento.
Grupos anticontroles
Hace sólo unos meses que la propia DGT alertó de que a falta de una legislación exclusiva que se pudiera aplicar, pues el Reglamento General de Circulación no contempla ninguna sanción por hacer esto, el propio organismo confirmó que recurriría a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Los grupos en aplicaciones de comunicación alertan de la ubicación de los controles
En este caso se trata del artículo 36.23 de dicha normativa, que recoge como una infracción grave el uso de o distribución de imágenes o información sobre miembros de las fuerzas de seguridad o sobre alguno de los operativos que están llevando a cabo. Esta normativa nació en su día principalmente para perseguir a los 'soplones' que alertaban de acciones antiterroristas de la Policía o de controles antiterroristas.
Grupo cerrado
En este caso los administradores de un grupo gallego de las Rías Bajas explicaban a sus miembros que cerraban el mismo por la presión de la Policía, pues ya hay más de una veintena de administradores camino de los tribunales por el citado delito.
Hablamos de una infracción grave que puede sancionarse con entre 3.000 y 20.000 euros de multa, unos grupos que tal y como confirman estos administradores están trufados de miembros de las fuerzas de seguridad que han logrado infiltrarse en ellos.

Francia ha logrado controlar estos grupos con la ayuda de las compañías telefónicas del país
Pese a que la aplicación de esta Ley de Seguridad Ciudadana debía ser algo puntual hasta que la DGT desarrollara la normativa al efecto para evitar su difusión, apelando al modelo francés donde son las compañías de teléfono las que evitan la difusión de estos mensajes, en España se ha optado por la vía rápida, mucho más contundente para sus administradores y miembros, que también podrían incurrir en un delito.