Un magistrado muy político

La politización, siempre en posiciones de centro izquierda, de Enrique Bacigalupo Zapater hunde sus raíces en sus compromisos juveniles en Argentina, su país natal: militante del Movimiento Universitario Reformista, en 1973 fue designado por el fugaz presidente Héctor Cámpora -dimitió para propiciar el regreso de Juan Domingo Perón- Procurador del Tesoro de la Nación, el equivalente argentino de la Abogacía General del Estado en España. Unos compromisos que terminaron por forzar su exilio cuando la situación política empezó a deteriorarse en Argentina.

La primera etapa de su vida en el extranjero le llevó a Alemania, donde impartió clases en la Universidad de Bonn. Poco después se afincó definitivamente en España, donde tuvo que repetir su doctorado ante la ausencia -hoy ampliamente subsanada- de mecanismos para homologar los títulos académicos y así poder ejercer la docencia -centrada en el Derecho Penal y en el Constitucional- en diversas universidades, la Complutense entre ellas. Discípulo en Buenos Aires del penalista español Luis Jiménez de Asúa -antiguo ministro de la II República-, el profesor Bacigalupo ostentaba un notable historial de publicaciones académicas.

Más polémica fue su contribución a la vida judicial española, iniciada en 1987, año en que fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo. Hacia mediados de la década de los 90, incumbió a Bacigalupo el caso Filesa, sobre la financiación irregular del PSOE. Redujo de 39 a 7 el número de imputados, decisión posteriormente rectificada por el propio Tribunal Supremo.

Pero fue en el caso Sogecable, empresa perteneciente al Grupo PRISA, presidido por Jesús Polanco, en el que Bacigalupo exhibió su faceta más partidista, participando de forma decisiva en la condena y posterior expulsión de la carrera judicial del juez instructor del caso, Javier Gómez de Liaño. «Tanto el magistrado Joaquín Delgado como el fiscal [José María] Luzón, a cargo de la investigación, estaban convencidos de que se encontraban ante una conspiración para acabar con Polanco, pero cuando empezaron las declaraciones de los supuestos implicados, de que habían sido manipulados por algunos de los miembros de la Sala», escribe Jesús Cacho en El negocio de la libertad, citando los nombres de Bacigalupo y de José Jiménez Villarejo.

Gómez de Liaño recurrió hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este órgano jurisdiccional estimó en 2008 que «las quejas sobre la imparcialidad del órgano jurisdiccional español que le juzgó y le condenó del demandante Gómez de Liaño pueden ser consideradas objetivamente justificadas».

Una alusión, por ejemplo, a la estrecha amistad que Bacigalupo mantenía con Antonio González-Cuéllar, abogado en la causa de Jesús Polanco, dueño y presidente del Grupo PRISA. Escenario de conflicto de intereses que podría haber llevado al apartamiento de Bacigalupo del caso Sogecable.

El varapalo del Tribunal de Estrasburgo no incidió en la carrera de Bacigalupo, que siguió en el Supremo hasta 2011, cuando le tocó la jubilación y optó por la práctica de la abogacía. Con todo, el apellido Bacigalupo no desapareció de la agenda pública: hubo de esperar a marzo de este año para que la Audiencia Nacional avalase el nombramiento de su hijo Mariano, marido de la exministra y hoy comisaria europea Teresa Ribera, como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Nombramiento firmado por Nadia Calviño, compañera de Ribera en el Gobierno. Cosas de la casta de centro izquierda española, en la que los Bacigalupo siempre se han movido como peces en el agua.