26 de septiembre de 2022

EDUCACIÓN EN LIBERTADFrancisco La Moneda Díaz

De nuevo sobre La Libertad de Educación y la asignatura de Religión

Sobre la nueva Ley Orgánica de Educación, conocida como LOMLOE, pueden verterse muchos comentarios de diversa índole. Pero centrémonos hoy en el tratamiento que da a la asignatura de Religión.
El mes pasado, la Conferencia Episcopal Española destacó muy acertadamente que, en los proyectos que han de desarrollar la LOMLOE –las normas que la concretan –, la evaluación de esta asignatura no se ha tenido en cuenta en las etapas superiores a efectos de la computabilidad. Igualmente se resalta el error de no ofrecer al alumnado una asignatura alternativa que evitaría, sin duda, cualquier riesgo de discriminación.
Los obispos muestran además su sorpresa de que se limite al mínimo posible la carga lectiva en un ámbito tan decisivo para la educación de la persona. Refieren que la propuesta de la asignatura de Cultura religiosa no confesional –prevista en la disposición adicional segunda de la LOMLOE– podría haber sido la alternativa a la de Religión para aquellos que libremente y voluntariamente opten porque sus hijos no reciban formación religiosa. Compartimos sin duda tales inquietudes.
Cultura religiosa no confesional era una extraordinaria alternativa pues, se sea o no creyente –somos libres, y España es un Estado aconfesional–, el conocimiento de la mera existencia del hecho religioso de cualquier clase, en miles de millones de personas y en todas las civilizaciones y épocas, es parte esencial para que nuestros hijos y alumnos puedan saber entender desde los dólmenes a las romerías, pasando por las catedrales o las fiestas de Navidad.
No hay que ser creyente para tener un mínimo de cultura religiosa, como no hay que ser literato para hablar con cierta corrección, sin ser un analfabeto. Porque el analfabetismo reviste muchas formas y procede de muchos campos, de lagunas intelectuales vacías durante el periodo de formación cultural de una persona que nadie ha sido capaz de cubrirle. Y ello afecta a la cultura literaria, matemática, religiosa… al menos la mínima para que, cuando salgan al mundo, puedan conocer y reconocer las estructuras humanas y, en suma, la historia que inevitablemente le rodea y en la que desenvuelve su vida –pues en todas las partes del mundo hay presencia, rastros y vestigios de hechos religiosos actuales y pasados de toda índole–.
No se puede amputar a un niño el conocimiento de un hecho tan extendido y manifiesto, con independencia de cómo se valore –positiva o negativamente, para lo cual es libre–, que le convierta en un inculto andante ante gran parte del patrimonio cultural universal. Naturalmente que tiene que ser libre para creer o no creer en lo que sea. Como para ser del Real Madrid, del Barcelona o de ninguno; pero lo que no puede ignorar es que existe el fútbol, ya sea aficionado o lo deteste. Este es uno de los grandes vacíos de la LOMLOE.
Pero los borradores del Ministerio siguen sin respetar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la asignatura alternativa. Ni los Acuerdos con la Santa Sede respecto a que la asignatura debe impartirse en «condiciones equiparables» a las disciplinas fundamentales. Ni la doctrina reciente del Tribunal Supremo que interpreta tales acuerdos. Ni el propio artículo 27.3 de la Constitución, por no extendernos más en el aspecto jurídico.
Para colmo, esta ley, que afectaba a un derecho fundamental básico y no respondía a ninguna demanda social existente, fue tramitada durante un Estado de Alarma cuya legalidad ha quedado más que cuestionada tras las recientes sentencias del Tribunal Constitucional, en la que se declara que incluso han quedado vulnerados los derechos de los propios diputados. La tramitación de la norma, recordemos, se llevó a cabo aprovechando la situación de crisis epidemiológica extrema en la que quedaba restringida la actividad de los grupos parlamentarios y suprimido cualquier posible diálogo o debate con los sectores sociales y educativos.
Dos días antes de aprobarse el proyecto de ley, se había decretado el cierre de todos los centros educativos y, un día después, el Gobierno –por Real Decreto de 14 de marzo– declaró el Estado de Alarma, confinando a todos los ciudadanos en sus domicilios. Se suspendían derechos fundamentales y libertades públicas, como la libre circulación o los derechos de reunión y manifestación. Durante este periodo, la ciudadanía estuvo centrada en lo urgente. Salía con miedo a comprar alimentos, encontrar mascarillas, y salvar vidas o sufrir muertes de seres queridos que ya morían solos y por decenas de miles. Sí, ese fue el momento en que se aprobó esta norma. Fue una situación extrema de todo un pueblo. No existía urgencia alguna que justificara reformar la ley de educación, salvo la de aprovechar precisamente ese grave momento para sacarla adelante.
Tras las resoluciones del Tribunal Constitucional –que dejan muy comprometida la forma en la que se tramitó esta norma fundamental–, sería un buen momento para hacer reflexionar al legislador y tratar de enmendar los errores que destaca la Conferencia Episcopal. Que aún hay tiempo para el «diálogo», no cabe duda; pero, como siempre se ha sostenido desde la más elemental decencia democrática, sólo cabe ese diálogo desde y dentro de la Constitución y los Tratados Internacionales. Dentro de ese marco, sea bienvenido todo acercamiento, proximidad y acuerdo. Se podrá pactar el número de horas o cuál será la asignatura alternativa, pero nunca se puede pactar si aceptamos suprimir poco o mucho la Libertad de Educación, porque nuestra libertad –constitucionalmente consagrada–, simplemente, no se negocia. 
  • Francisco La Moneda Díaz es director de la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación
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