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15 de mayo de 2024

HorizonteRamón Pérez-Maura

Cuando quisieron saquear a Ana Botella y los suyos

El martes pasado la Audiencia Provincial de Madrid dictaminó el archivo de la causa sentenciando que la venta realizada por la alcaldesa era plenamente legal. Por si desde la cobardía de su anonimato frvesga_97110 no se ha enterado. La mayoría de los medios lo dieron como una noticia menor

Actualizada 04:55

Hace casi tres años, el 17 de julio de 2019, la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas anunció la absolución de Ana Botella y su equipo de siete personas a los que el Tribunal de cuentas había condenado a pagar de su patrimonio personal 2.838.940 euros ¡cada uno!, menos a Fermín Oslé, que había sido consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y al que se condenaba a una multa de idénticas características, pero por un montante de 5.879.525 euros.
La primera instancia del mismo tribunal les condenó el año anterior por haber vendido fraudulentamente 8.844 viviendas a empresas de las llamadas «fondos buitre».
La «juez» del tribunal que dictó la sentencia posteriormente tumbada por instancia superior, doña María Antonia Lozano, no era magistrada. Es una abogada laboralista ya activa en la década de 1970. Ella tomó la precaución –que no era más que un truco autoexculpatorio– de recusarse aduciendo que Marta Higueras, número dos del equipo de la alcaldesa Manuela Carmena, había sido la jefa de su secretaría en el Tribunal. Se le dijo que eso no era causa de recusación. Pero ella sí ocultó la íntima amistad que le une a Carmena desde la misma década de 1970.
En aquel proceso, la Fiscalía se alineó con la defensa casi sin matices y en todo momento. La primera instructora de la causa también pidió que ésta se archivara. Pero nada, esto siguió porque llegó a las manos adecuadas. A las manos de a quien le importaba una higa la Justicia. María Antonia Lozano sentenció entonces a los ocho condenados a pagar de su patrimonio personal un total de 25,8 millones de euros. Es decir, el objetivo era no sólo la destrucción de la vida política de unas personas honorables: buscaba su destrucción personal y familiar, pues eso es lo que le ocurre a cualquiera que tenga que asumir una condena así.
La redacción de la sentencia de la Sala de Enjuiciamiento fue, además, extremadamente contundente en muchos aspectos que bastantes medios prefirieron ocultar. Así, decía que había valoraciones donde debería haber hechos probados; afirmaba que el relato de los hechos era defectuoso; negaba la responsabilidad directa de los miembros de la Junta de Gobierno; no aceptaba la argumentación en la que se basaba la consejera del Tribunal de Cuentas para establecer el valor teórico de las viviendas y afirmaba que no era irrelevante el contexto en que se producen esas operaciones, dado que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo estaba a punto de quebrar. Ni una, oiga. No le aceptaba a la primera sentencia ni una.
Estas ocho personas, víctimas de una persecución estalinista, y que fueron posteriormente absueltas, vieron su buen nombre embardunado y sus familias amenazadas por una sentencia política dictada por una consejera que afortunadamente ha sido desautorizada por órganos superiores. Lo que no impidió que Fermín Oslé llegase a tener hasta el último céntimo de su patrimonio embargado. Todo esto lo argumenté en su momento concluyendo, con perdón por la autocita: «El objetivo de la pacífica abuelita Carmena, tan buena gente ella, ha sido logrado: arrastrar por el fango el nombre de unas personas con una honorabilidad muy superior a la de la exalcaldesa. Sin matices.» (Afrenta desbaratada, ABC 19-07-2019).
Entre esos comentarios descalificativos que se hacen a nuestras columnas amparados en el anonimato hubo ese día uno firmado como frvesga_97110 que he recordado mucho tiempo: «Efectivamente han sido ABSUELTOS, pero creo que la sentencia esta (sic) recurrida y que será el Supremo el que tenga la última palabra. Solo entonces se podrá opinar con tanta CONTUNDENCIA».
El martes pasado la Audiencia Provincial de Madrid dictaminó el archivo de la causa sentenciando que la venta realizada por la alcaldesa era plenamente legal. Por si desde la cobardía de su anonimato frvesga_97110 no se ha enterado. La mayoría de los medios lo dieron como una noticia menor.
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