La obligatoriedad de la enseñanza hasta los 18 años, ¿problema o solución? (II)
El Consejo Escolar del Estado, en su Pleno del 24 de septiembre de 2015, aprobó una recomendación al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el sentido de extender la enseñanza básica –obligatoria y gratuita, según el mandato constitucional– hasta los dieciocho años. Este hecho, por lo que supone de acuerdo franco en el seno de un órgano de participación constitutivamente plural, tenía alguna importancia política. En su justificación abreviada, se afirmaba: «(Esta medida) podría tratarse de una inversión rentable pues disminuiría considerablemente el abandono educativo temprano, mejoraría el nivel formativo de nuestros jóvenes y su nivel de ingresos futuros, reduciría la brecha de formación, atemperaría notables diferencias existentes al respecto entre comunidades autónomas, mejoraría la atención a las demandas de nuestro sistema productivo y contraería el gasto futuro asociado a las políticas activas de empleo dirigidas a los jóvenes». Con anterioridad, el ministro Gabilondo había puesto sobre el tapete esa misma propuesta, aunque, quizás a causa de un insuficiente apoyo del partido entonces en el gobierno, fuera de un modo extremadamente efímero.
En diciembre de 2011, el Parlamento Europeo dictó una Resolución en ese mismo sentido, a modo de sugerencia a los Estados miembros para reducir el abandono educativo temprano. Y lo cierto es que, en el curso 2014-2015, un grupo significativo de países y regiones de la Unión ya había adoptado esa medida. Después de que la recomendación del Consejo fuera aprobada, elaboramos un estudio, junto con los profesores Isabel García e Ismael Sanz, en el que se fundamentaba empíricamente la propuesta, se analizaban sus beneficios y se estimaban sus costes económicos. Ese trabajo sería publicado, posteriormente, por la Fundación para los Análisis y los Estudios Sociales (FAES).
Los cálculos econométricos de Oreopoulos, sobre los efectos de la enseñanza obligatoria producidos en Canadá, advertían del potencial de la medida; y los informes internacionales relativos al impacto social y económico de un incremento en el nivel formativo de los jóvenes no hacían más que validarla. Años más tarde, en una suerte de experimento natural o no planificado, tuvimos la oportunidad de analizar cómo se había comportado Portugal frente a España en cuanto a la evolución, a lo largo de la pasada década, de algunos de esos indicadores de resultados que nos afligen. Como hemos descrito en una colaboración anterior para El Debate, lo cierto es que, con la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años, Portugal resolvió, en una década, algunos de sus problemas de formación, mientras que España, sin esa reforma, ha sido incapaz de hacerlo.
Uno de sus inconvenientes, planteado con crudeza por profesores de educación secundaria, puede formularse en los siguientes términos: «Si ya tenemos bastantes problemas para mantener a los alumnos en las aulas hasta los dieciséis años ¿cómo vamos a retenerlos hasta los dieciocho?». Pero el modelo asociado a esa reforma estructural no consiste en prolongar el esquema de la ESO hasta la mayoría de edad, sino en introducir un sistema flexible basado, principalmente, en: una integración entre formación y empleo mediante un buen sistema dual; la posibilidad para los que trabajan de una escolarización a tiempo parcial; una modificación de la estructura de la educación secundaria en dos ciclos –inferior y superior– de tres años de duración cada uno; y en una adecuada diversificación de las vías de éxito y de las formas de excelencia.
Otro de los problemas invocados para la implementación de este modelo radica en su dimensión económica. El estudio más arriba citado contenía una estimación de costes –calculada siguiendo una metodología de planificación por cohortes de edad– que arrojaba, entonces, una cifra del orden de los mil millones de euros en el estadio final de su progresiva implantación; costo fácilmente cofinanciable, entonces, con los fondos de Garantía Juvenil de la Unión y, ahora, con los Next Generation.
Un tercer problema que cabría suscitar tiene una dimensión política de fondo: ¿Resulta legítimo, en una sociedad democrática y liberal, violentar la voluntad de nuestros jóvenes convirtiendo un derecho en una obligación? He de confesar que mi posición personal se alinea, en este punto, con el llamado paternalismo libertario y la filosofía del «empujoncito» (Nudge). Se trata, según sus autores –Thaler y Sunstein–, de «un enfoque que preserva la libertad de elección pero que autoriza a las instituciones a orientar a las personas en direcciones que promoverán su bienestar». La flexibilidad creciente que se plantea para la organización de la nueva enseñanza obligatoria, además de por razones pragmáticas, estaría, pues, avalada por argumentos doctrinales.
A la vista de sus beneficios en el orden individual, social y económico, la extensión de la enseñanza básica hasta los 18 años debería haber sido objeto en España, al menos, de un amplio debate. Aunque con cierto retraso, todavía estamos a tiempo de retomarlo.
- Francisco López Rupérez es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y expresidente del Consejo Escolar del Estado
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