¿Qué hace todavía ahí la ministra de Justicia?
Pilar Llop, juez de profesión, ha quedado incapacitada tras arremeter en sede parlamentaria contra una sentencia del Tribunal Supremo
Una de las novedades de los últimos cuatro años en España es que han pasado a aceptarse casi como normales hechos que suponen una patada en la espinilla al sentido común. Por ejemplo, este periódico acaba de dar cuenta de la surrealista y real historia de un hombre en Cataluña que se libró de una denuncia por violencia machista porque había acudido al Registro Civil para declararse mujer.
Esas tragaderas ante lo que es pura anomalía se extreman en política. Hemos digerido casi impertérritos un estado de alarma anticonstitucional. Hemos tragado mentiras flagrantes en las promesas electorales, una apropiación partidista de las instituciones de todos, mítines sectarios en las ruedas de prensa del consejo de ministros… Nos preparamos también para tragarnos sin rechistar un reality show sobre Sánchez, grabado en la Moncloa y que será emitido en año electoral, o una ley que reinstaurará la censura previa en España.
La democracia es un sistema imperfecto, aunque todavía no se ha inventado nada mejor. Su bondad estriba en que protege los derechos y libertades de los individuos, acorde a unas leyes que emanan de la sede de la soberanía popular. Pero exige mucho más que poder votar cada X años. Para que el invento funcione se requiere seguridad jurídica, separación de poderes, libertad de prensa, una pluralidad ideológica equilibrada en los medios, respeto institucional y transparencia. Por eso minar todos esos pilares, como está haciendo el actual Gobierno, pudre el sistema y daña gravemente los intereses de todos nosotros.
A pesar de que buena parte de los españoles han desarrollado unas tragaderas pantagruélicas en estos años del sanchismo, se dan situaciones que no se deberían dejar correr. Por ejemplo: a estas horas, la ministra María Pilar Llop Cuenca, de 49 años, ya debería estar en su casa y fuera de la política, porque ha hecho algo que en una democracia normal no se consiente.
Su inadmisible error es fácil de resumir: Llop, que es jueza de profesión y desempeña hoy la cartera de Justicia, ha desacreditado en sede parlamentaria, en un debate en el Senado, una sentencia del Tribunal Supremo, el más alto de nuestro país, TC al margen. Lo hizo en una irritada respuesta a Elías Bendodo, senador del PP, cuando este le preguntó por el posible indulto a Griñán. En lugar de aclarar la cuestión que se le planteaba, Llop se despachó poniendo a parir la sentencia del Supremo, en su opinión «contestada por la doctrina penal».
Sé que denunciar este tipo de tropelías a veces parece como clamar en el desierto. Pero, ¿cuál es la alternativa?, ¿asistir en silencio a la voladura de las más elementales normas de higiene pública?
Salvaguardar a la justicia es clave para el buen funcionamiento de España. Y ahora mismo Sánchez trabaja para asaltarla. Y puede ganar. Bruselas, que vigila a Orbán con ojo de águila, muestra una miopía galopante ante lo nuestro.
(PD: Ya entrando en el capítulo del puro descerebre, también debería retirarse a la dacha de Galapagar para nunca más volver la ministra Irene Montero, que ayer tuvo a bien defender en sede parlamentaria la relación sexual de «niños, niñas y niñes» con adultos; es decir: la pederastia. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que soportar esto?).
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