El aborto no es un derecho
Hay que recordar, y repetir las veces que haga falta, que para Julián Marías los dos mayores errores morales del siglo XX fueron la generalización del consumo de drogas y la aceptación social del aborto
La actual miseria legislativa aprueba leyes nefastas y empeora las que ya son de suyo malas. Así sucede con el aborto. Una ley de plazos, que destruye la protección jurídica de la vida humana embrionaria, es empeorada por la permisión de su práctica a menores de dieciséis y diecisiete años sin consentimiento de sus padres y elimina la posibilidad de dar información a las mujeres que han decidido abortar. Y es que el conocimiento aumenta la culpabilidad. El aborto ha quedado configurado en nuestro ordenamiento como un derecho de la mujer. Pero el aborto no puede ser un derecho. Para comprobarlo acaso convenga recordar lo que significa tener un derecho y en qué consiste el aborto.
Tener un derecho es poseer una facultad que obliga a todos los demás, incluso mediante el uso de la fuerza coactiva del Estado. Pongamos el derecho a la vida, la propiedad, el voto o el de contraer matrimonio. Los derechos comprometen a toda la sociedad y, por ello, no pueden ser la consecuencia del mero deseo de las personas. No cabe confundirlos con lo meramente permitido o lícito. Algo puede ser permitido sin constituir por ello un derecho. Sentarse en un banco o viajar al extranjero no son derechos. Como tampoco lo son el tener una vivienda o un trabajo. Porque si lo fueran, una persona podría reclamar ante la Administración la entrega de una vivienda o el suministro de un trabajo si carece de ellos. Por eso la Constitución los incluye en el capítulo sobre los principios rectores de la política económica y social. También puede una conducta ser despenalizada sin convertirse en un derecho. El «machista» Felipe González negó el derecho al aborto con toda razón. La legislación que aprobó lo tipificaba como delito y excluía la pena en tres, luego cuatro, supuestos. Hasta que llegó Zapatero y empezó el delirio ideológico.
Hablando con propiedad el aborto consiste en matar al feto en el seno de su madre, más bien de la mujer. Abortar no es interrumpir un proceso natural o, si lo es, consiste en matar al no nacido. No decimos que el asesinato sea la interrupción de un proceso vital ajeno, ni el robo la interrupción de la propiedad ajena ni la violación la interrupción temporal de la libertad sexual de una mujer. El aborto consiste en dar muerte a un ser humano antes de nacer, es decir, en matar.
Por lo tanto, si unimos la idea de lo que es tener un derecho al concepto del aborto, no queda más remedio que concluir que no puede haber un derecho al aborto. No puede existir un derecho a acabar con un ser humano. Nunca. Podrá haber casos en que se despenalice o en los que se apliquen circunstancias eximentes de la responsabilidad penal, pero nunca será un derecho. Naturalmente que un Estado puede configurarlo como un derecho, por ejemplo, el nuestro, pero esa será siempre una decisión ilegítima e injusta. Para llegar a esta situación es necesario que la sociedad haya ido aceptando la normalidad de una conducta tan gravísimamente inmoral. Hay que recordar, y repetir las veces que haga falta, que para Julián Marías los dos mayores errores morales del siglo XX fueron la generalización del consumo de drogas y la aceptación social del aborto. En poco más de una década el aborto en España ha pasado de ser un delito a ser un derecho. Creo que esta nueva regulación es contraria a la Constitución porque entraña la eliminación de la protección legal de la vida humana. Se trata de un síntoma dramático de una sociedad desmoralizada, decadente, desquiciada. No nos engañemos. No asistimos a la génesis de una nueva moral que sustituye a la vieja. Asistimos a la agonía de la moral, de toda moral. España se está quedando sin moral.
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