Pesadillas y okupas
Cuando los demás se expresan les acusan de fascistas, últimamente con especial dedicación a los jueces. ¿Pero qué podíamos esperar de quien llegó a la política con sólo su activismo antidesahucio en la mochila?
A veces creo que estoy soñando y necesito un pellizco para despertarme. Pero tantos españoles y yo mismo no vivimos un sueño sino una pesadilla. Joyce hace decir a Stephen, en Ulises: «La historia es una pesadilla de la que intento despertar». Pensé en España al pie de la extravagante estatua de Joyce en Dublín, recorriendo O'Connell Street, frente a Correos, porque el mundo del escritor irlandés tiene sus concesiones a la pesadilla. Y España hoy es una pesadilla que nos complica el sueño. Sánchez consiguió dormir tranquilo haciendo aquello que negaba. Hoy sigue en Moncloa, continúan recibiéndolo con abucheos allá a donde va, con calles convenientemente clausuradas para evitar la voz de la gente: «¡Que te vote Txapote!». Pero él sigue encantado de haberse conocido. Toda pesadilla tiene su continuidad. Otra. Y a la espera de la siguiente.
Dos humoristas sin talento y sin vergüenza, Tony Soler y Jair Domínguez, se mofaron el 4 de abril, Semana Santa, de la Virgen del Rocío en el programa Està Passant de TV3 haciendo hablar a una actriz disfrazada de Virgen con un supuesto acento andaluz. La actriz soltó sus finuras: «No he catado hombre», «llevo 200 años sin echar un polvo» o «voy más cachonda que el palo de un churrero». Hasta ahí llega el talento y el ingenio de estos humoristas.
Todo tiene explicación y antecedente. Tony Soler había recibido una generosa aprobación previa de Sánchez a través de Iceta, el ministro bailarín ¡de Cultura!, acaso el ministro más ignorante de España desde García Oliver con el Frente Popular que en su tiempo superó el déficit neuronal de Montero y Belarra juntas. Iceta había concedido un millón de euros a la productora del humorista, Mestres Film, como contribución al rodaje de una película sobre la guerra civil desde la visión catalana. Y Elena Sánchez, la presidente interina de RTVE, que no resuelve nada en su Casa, otorgó dos millones trescientos mil euros en contratos a la productora Minoría Absoluta, también propiedad de Tony Soler. Se mueve por la pasta, la pela es la pela. Y luego lo agradece en TV3.
Ada Colau, que según Yoli la Sumadora, ha hecho de Barcelona «una referencia internacional» –en delincuencia y okupación desde luego– entendió la mofa a la Virgen del Rocío como «libertad de expresión». Cuando los demás se expresan les acusan de fascistas, últimamente con especial dedicación a los jueces. ¿Pero qué podíamos esperar de quien llegó a la política con sólo su activismo antidesahucio en la mochila? No le pidamos más de lo que puede dar. Lo dañino y triste es que Colau sea alcaldesa de una ciudad como Barcelona que merecería mejor batuta.
La alcaldesa ha tenido éxito –el que le importa– porque ha inoculado su doctrina de la okupación a todo el Gobierno. Sánchez acosa a los empresarios y amenaza con okupar sus empresas por las vías más esperpénticas. Ha okupado el Tribunal Constitucional, y por ello coacciona a Ferrovial con llevar a su alta instancia el legítimo traslado de su sede principal a Ámsterdam. «¿De quién es el TC? Pues eso». Ha okupado instituciones no ajenas a los procesos electorales. Y más. El CNI, el INE, Correos, el CIS, Indra, RTVE, EFE… Y todo lo ha hecho mintiendo. Denuncia a Ferrovial –que no moverá un trabajador de su sede de España– pero olvida a los amigos del Grupo de Roures o a Mediaset que en su día se trasladaron allí. Esta izquierda caviar, y no menos en su versión periodística, a menudo padece amnesia.
Ha olvidado, por ejemplo, que por una decisión del Consejo de Ministros presidido por Rajoy, se enmendó, flexibilizándolo, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y ello hizo posible la fusión entre las empresas de Antena 3 y La Sexta. Sin aquella decisión de Rajoy La Sexta hubiese desaparecido; estaba quebrada. El argumento esgrimido en aquel Consejo de Ministros para salvar una televisión que era entonces la más crítica con el Gobierno del PP: «En el otorgamiento de las licencias audiovisuales, las Administraciones Públicas deben velar por la consecución de intereses públicos, como son el pluralismo político e informativo». No lo han agradecido.
¿Alguien supondría una decisión así en un Consejo de Ministros presidido por Sánchez? A que no.
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