Sánchez o Feijóo, ¿quién debe ser propuesto?
¿Es mejor que pruebe primero quien ha ganado las elecciones o un derrotado que esgrime una mayoría con enemigos de la unidad de España y la Constitución?
Las democracias cuentan con unas reglas fijadas por las leyes, su armazón. Pero también con normas no escritas, que las oxigenan y contribuyen a su buena salud. En la británica, la más antigua en vigor, ni siquiera existe un texto constitucional como tal.
En las democracias más venerables, un acuerdo consuetudinario establece que todo presidente o ministro pillado mintiendo se va a casa (si aquí se aplicase ese honorable principio, Sánchez y Marlaska llevarían tiempo en pantuflas en sus mecedoras). En todo Occidente son abundantes los ejemplos de reglas que se respetan aun sin haber sido impuestas con una ley.
En España, una de ellas, observada por todos, establecía que el presidente del Gobierno es el candidato que ha ganado las elecciones generales. Atendiendo a esa máxima, González dejó gobernar a Aznar en 1996, a pesar de que podría haber intentado una sopa de letras a lo Sánchez. Curiosamente las cifras eran clavadas a las de ahora: Aznar aventajó al PSOE en 15 diputados y un 1,1 % de votos; Feijóo ha superado a Sánchez en 14 diputados y un 1,3 % de votos.
Si en 1996 gobernó Aznar y no González, ¿qué ha cambiado ahora? Pues no ha cambiado la Constitución, ni la manera de operar de la Corona. Lo que ha mutado es el PSOE, que con el aventurerismo de Sánchez y su alianza felona con los separatistas ha hecho añicos los consensos del juego limpio para pitorrearse de la voluntad expresada por los españoles en la urnas. No se olvide: el bloque de la derecha, PP y Vox, ha superado en votos al de la izquierda, PSOE y Sumar.
El periódico afín a Sánchez ha publicado una crónica titulada «El dilema del Rey ante la investidura más incierta», donde lo que hacen es meterle el agua en la cocina al jefe del Estado, presionarlo para que no se le ocurra proponer en primer lugar a Feijóo. «No existe un derecho del partido más votado a formar Gobierno», advierten.
Y en efecto, no existe tal derecho en nuestras leyes. Pero dándole la vuelta a su argumento cabe señalar que tampoco existe «un derecho» a que se presente como aspirante preferente aquel que ha perdido las elecciones. Y más cuando para lograr su mayoría necesita el plácet de un prófugo que le está pidiendo una amnistía y un referéndum; amén de la luz verde de un partido, ERC, que en 2017 protagonizó un golpe sedicioso para proclamar la República catalana y que ahora exige también una consulta, financiación a la carta para Cataluña y que se les perdonen por su jeta bonita los 71.000 millones que adeuda a esa región al Estado por préstamos del FLA.
La Constitución se limita a establecer en su artículo 99 que «el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno». Si fracasa el primero, podrá proponer a otro. Y si a los dos meses nadie lo logra, nuevas elecciones.
Todas esas normas de los padres constitucionales no contaban con una excentricidad más bien suicida de nuestro modelo actual: por obra de Sánchez, hemos admitido en el juego parlamentario decisivo a partidos que están en contra del orden Constitucional y que tienen la meta declarada de romper España con nuevos estados. La propia ronda de consultas con el Rey queda desvirtuada, porque debido a la anomalía que acabamos de referir, Bildu y ERC, dos partidos imprescindibles para que pueda gobernar el candidato socialista derrotado, se niegan a despachar con el jefe del Estado (así ocurrió en 2019).
La Constitución dice algo más en su Título II, referido a la Corona. El Rey es el «símbolo de la unidad y permanencia» del Estado y entre sus funciones figura que «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones». Y aquí llegan algunas preguntas: ¿no va contra la «unidad y permanencia» del Estado que un candidato, derrotado en las urnas, selle una alianza con partidos que tienen la meta declarada de romper la unión de España? ¿No va contra el «funcionamiento regular de las instituciones» que partidos que son clave en las consultas para ver a quién se designa candidato se nieguen a acudir a las mismas por su odio manifiesto hacia el jefe del Estado y lo que encarna?
Y una duda más: ¿no va contra «el funcionamiento regular de las instituciones» españolas que la segunda mayor magistratura, la Presidencia del Gobierno, la decida desde el extranjero un prófugo que codirigió el golpe sedicioso de 2017 para convertir a Cataluña en una República independiente y que se niega a responder ante la Justicia española?
En resumen: me temo que los argumentos del periódico pro Sánchez para apretar al Rey son harto discutibles.
Lo que planea el PSOE le va a sentar muy mal a España, porque es lo siguiente: vendernos en el mostrador de los separatistas con indultos para Puigdemont y toda su corte, primas económicas asombrosas para los catalanes en detrimento del resto de los españoles y la admisión entre tinieblas de una consulta.
Como se hizo en la pasada legislatura con los indultos y la reforma del Código Penal dictada por Junqueras, lo del referéndum no se explicitará ahora. Se firmará en un cuarto oscuro, sin luz ni taquígrafos, para ponerlo en marcha cuando toque, ya con Mi Persona felizmente asentado en Su Moncloa de nuevo. Por supuesto, con el pastueño pueblo español perfectamente anestesiado por el régimen «progresista» y sus televisiones para que acepte sin pestañear que se active la espoleta que puede destruir su país.
Si los delirios de Puigdemont no nos salvan otorgándonos la segunda oportunidad de otras nuevas elecciones, España lo tiene más bien chungo.
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