Violadores
El mismo Gobierno que culpa preventivamente a los hombres auxilia a 1.200 violadores y mira para otro lado con las «culturas»
Según la última memoria del Consejo General del Poder Judicial, 1.200 delincuentes sexuales se han beneficiado de la ley del 'solo sí es sí', y 121 incluso han salido a la calle antes de tiempo gracias al Gobierno de España, empeñado mientras en convertir a Luis Rubiales en la gran amenaza para las mujeres.
Las consecuencias de ese despropósito son conocidas: nadie ha dimitido y, al contrario, la principal promotora del engendro presume de sus logros, mantiene sus insultos contra la judicatura y amenaza con boicotear la investidura de Pedro Sánchez si no la renuevan como ministra de Igualdad.
La tozudez de Irene Montero no nace de sus convicciones delirantes, sino de la capacidad de extorsión que mantiene en el ocaso definitivo de Podemos, una vulgar Sociedad Limitada para cuatro gatos que ya solo aspira a mantener el mejor trabajo con el menor esfuerzo.
Ahí fuera hace frío y saben que no va a haber tortas en las empresas privadas por incorporar a Montero, Belarra, Pam Rodríguez o Isa Serra, las cuatro jinetas del apocalipsis feminoide que han convertido una de las causas más nobles, la igualdad, en un regüeldo ideológico y un negocio espurio con el que criminalizan a los varones occidentales, por si acaso, mientras perdonan a los procedentes de otras culturas y religiones con percepciones trogloditas de la mujer y necesidades urgentes de reeducación.
Si Sánchez, cómplice de la tropelía, no se atreve a destituir a Montero ni estando en funciones, por un bochorno tan inmenso como el auxilio a los peores y quizá más incurables delincuentes, ¿cómo va a tener la energía, la decencia y la capacidad de frenar nada de nadie del que dependa?
La amnistía a violadores es la vara de medir de todo el sanchismo, que es capaz de criminalizar a media España, de atacar a los empresarios, de ignorar a las víctimas del terrorismo o de despreciar a sus rivales constitucionalistas mientras atiende, en modo lacayo, los peajes más nefandos de todos sus aliados, una suerte de secuestradores capaces de mantenerle sumergido en un eterno Síndrome de Estocolmo voluntario.
Una cajera, como la que fue Montero en su efímero paso por el mundo laboral real, sería despedida si al terminar su jornada no le cuadra la caja por cuatro euros. Pero una ministra, o un presidente, pueden mantenerse en el cargo e incluso aspirar a renovarlo gracias a las sorprendentes reglas que rigen en la política nacional: cuanto más nefasta sea la gestión y más contraproducentes los efectos de ella, más probable será tu continuidad o tu ascendencia en la gobernación del país.
Tenemos, en fin, a un presidente dependiente de un exterrorista, un prófugo, un golpista, la ministra abogada de violadores y la cabecilla de 18 partidos antisistema o cantonalista que, además, ha llenado el Congreso de pinganillos y traductores para que diputados con la obligación de conocer y usar el español puedan acochinarse en otras lenguas transformadas en trinchera. La pregunta ya no es qué puede salir mal, sino cómo demonios seguimos en pie con este panorama.
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