Comisión de la verdad
Ya tiene Sánchez lo que quería: tribunales populares para emitir las sentencias que los jueces fascistas no quieran firmar
La «Comisión de la Verdad Ciudadana» no es comisión ni es de verdad ni es ciudadana, pero le vale a la obsesiva oposición a Ayuso, catalizada siempre por el odio endémico de Pedro Sánchez, para alcanzar la conclusión de que la presidenta madrileña mató a casi 8.000 seres humanos, durante la pandemia, por obligarles a quedarse en las residencias en lugar de trasladarlos a un hospital.
Más allá de las conclusiones del ente, lo sustantivo del asunto es que ya se acepte con normalidad la creación de tribunales paralelos para que, cuando los auténticos no respalden una acusación, puedan emitirse las sentencias de autor reclamadas.
Que la Audiencia Provincial concluyera que la horrible muerte de tantos seres humanos no se puede achacar a ninguna negligencia, desatención e imprudencia; que en todo momento los médicos y empleados de las residencias ofrecieron lo mejor en esas circunstancias, que el traslado a los colapsados hospitales no hubiera mejorado la situación y que, desgraciadamente, el trágico desenlace no hubiera variado probablemente; es irrelevante al lado de lo que pueda decir una «Comisión de la Verdad Ciudadana».
Un órgano oficioso, de terminología venezolana, aromas soviéticos y modos inquisitoriales, cuyo presidente es un magistrado jubilado, el tal Martín Pallín, utilizado habitualmente por Sánchez para adecentar a duras penas todos sus abusos, convertidos por el emérito en cuestión en impecables decisiones constitucionales.
Si algún día Sánchez necesita que alguien sostenga la tesis de que despeñar a votantes de Vox, agredir sexualmente a afiliadas del PP o concederle a Puigdemont la anexión de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares entran dentro del marco constitucional; allá saltará la gallina clueca togada para refrendarlo poniendo cara de haber fundado, él solito, el verdadero derecho vanguardista.
De ahí para abajo, el Auto de Fe incluye, como miembros de estos Juicios de Moscú que tanto gustaban a Stalin, una suerte de abonados y simpatizantes del PSOE muy expertos en algo evidente: reclamar las consecuencias penales de la pandemia en Madrid con la misma intensidad, pero en sentido inverso, que se extiende la amnesia en todo lo relativo a la patética gestión global de la emergencia sanitaria por parte de Sánchez.
A Ayuso, que cometería los mismos errores que Page, Puig o Moreno ante una situación sin precedentes, la han querido culpar de 7.291 muertes, en un caso único en toda España de búsqueda de responsabilidades penales por decisiones políticas, utilizando el inmenso dolor de los familiares de las víctimas para hacerles creer que, de no ser por la malvada presidenta madrileña, sus seres queridos estarían vivos.
Y no estaría del todo mal adoptar esa postura si se extendiera a todo y a todos. Empezando por Sánchez, el Mando Único, Último y Primero de la emergencia según su antojo, cuya negligencia en la adopción de medidas elevó la mortalidad en un 70 % en una semana, la posterior a la celebración del 8M y de todos los actos de masas permitidos para no tener que suspender el carnaval de Irene Montero y Carmen Calvo.
Que los retrasos en la compra de material sanitario, el falseamiento de inexistentes estudios de universidades americanas sobre el liderazgo español en la adquisición de test de antígenos, el bulo sobre un falso Comité de Expertos que tutelaba todas las decisiones del Gobierno, el ocultamiento aún hoy de la cifra real de muertos o el aprovechamiento de la pandemia para montar una trama corrupta de adjudicaciones de contratos por mascarillas no le merezcan a Pallín, el juececillo bocoy de Sánchez, ni un comentario, deja clara la naturaleza de su tribunal chequista.
No se trata de contarles la verdad a los españoles, ni de iniciar un honesto acercamiento general a las lagunas de la gestión institucional de la pandemia. Se trata, en exclusiva, de atizar a Ayuso.
Y de acostumbrar al personal, ya puestos, a que en España han vuelto los tribunales populares, que son mano de Santo cuando los jueces fascistas no entienden que están para lo que ordene y mande el patrón de Moncloa.
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