Y ahora el teléfono también se lo pago a Sánchez
El Gobierno será el mayor accionista de Telefónica, lo que viene siendo un viaje al pasado como si Sánchez fuera Michael J. Fox y el Falcon, el DeLorean de los 80
Ya se había anunciado, pero esta semana se consumó una pésima noticia para la liberalización de nuestra economía. El Gobierno compró el 3 % de Telefónica y no parará hasta controlar la décima parte de la compañía y convertirse en su mayor accionista. Lo que viene siendo un viaje al pasado como si Sánchez fuera Michael J. Fox y el Falcon, el DeLorean de los 80.
Ahora el Gobierno tiene intereses en que una compañía en concreto logre beneficios por encima de sus rivales y, teniendo en cuenta que este Ejecutivo no se caracteriza precisamente por su independencia, quién garantiza a los ciudadanos que se respetará el mercado libre. Si controlan RTVE e influyen en la Justicia, ¿por qué no van a mover hilos para que Movistar mantenga los derechos del fútbol cuando caduque el contrato? ¿O cómo van a fomentar que ver el fútbol en este país no sea tan caro cuando son los primeros beneficiarios de que lo sea?
Sánchez justifica esta operación en la importancia estratégica que tiene una empresa como Teléfonica y en el riesgo de que caiga en manos árabes, pero el Gobierno disponía de otros mecanismos para impedirlo en lugar de comprarla. La realidad es que necesita dinero y no sabe de dónde sacarlo. Cómo pagar los 2.000 millones de la operación no le quita el sueño, porque ya vendrán otros a abonarlo. Lo que le interesa es ingresar no solo el 21 % de IVA de cada factura, sino los cerca de 200 millones de euros anuales que recibirá por el 10 % de los beneficios.
Y no se queda ahí. Su afán recaudatorio nos ha traído por Semana Santa el último impuesto que llega a nuestras vidas para vaciarnos los bolsillos: se llama «cuota de solidaridad» y su único objetivo es el de arrasar con la clase media. Si cobras por encima de 56.600 euros al año no eres precisamente rico pero vas a ver cómo Hacienda te quita todavía más dinero que antes a fin de mes. Dicen que hay que pagar las pensiones, pero también los casi 600 millones que cuesta el Ministerio de Igualdad.
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